Cinco proyectos anunciados en menos de una semana, un mismo objetivo y un obstáculo compartido: la retroactividad. Parlamentarios de oficialismo y oposición compiten por presentar la fórmula que impida que condenados por delitos sexuales contra menores de edad accedan a rebajas de condena, luego de que se conociera que el Ministerio de Justicia concedió 56 de esos beneficios entre marzo y septiembre de este año. Hasta ahora tampoco está confirmado que las cinco iniciativas hayan sido formalmente ingresadas a tramitación, pese a los anuncios de sus impulsores.
El punto de partida es la Ley 19.856, que permite reducir penas por comportamiento sobresaliente, y la interpretación que la Corte Suprema ha fijado sobre ella. En febrero de 2022 la legislación se modificó para excluir de ese beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, pero el máximo tribunal ha sostenido en distintos fallos que esa prohibición no puede aplicarse retroactivamente a hechos anteriores a su entrada en vigencia. Sobre ese criterio jurisprudencial se ha apoyado la cartera que encabeza Fernando Rabat, sin lograr contener la arremetida política.
LOS CINCO FRENTES
Entre las primeras en anunciarse estuvo la de la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón. Se trata de una reforma constitucional que altera las reglas de aplicación temporal de los beneficios penitenciarios: las reducciones se regirían por la legislación vigente al momento de resolver su otorgamiento y, además, quedarían sin efecto determinados beneficios concedidos administrativamente durante los seis meses previos a la entrada en vigor de la reforma.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider anunció un proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a estas rebajas mediante interpretaciones de la normativa anterior a 2022.
En el Senado, Arturo Squella comunicó una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, orientada a asegurar la aplicación efectiva de la exclusión de estos beneficios. Los parlamentarios solicitaron al Gobierno otorgarle la máxima urgencia legislativa y esperan sumar respaldos de otros sectores.
A la lista se sumó la diputada Marlene Pérez, con un proyecto destinado a extender la prohibición a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022. La parlamentaria tiene previsto reunirse este jueves con el ministro de Justicia para analizar la viabilidad jurídica de su propuesta.
La quinta iniciativa proviene de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y busca eliminar una excepción contemplada en la Ley 19.856, vinculada a la aplicación del artículo 73 del Código Penal. A diferencia de las demás, la modificación sustantiva que impulsa regiría únicamente para delitos cometidos después de la publicación de la futura ley, y añade mayores exigencias de fundamentación y control para conceder reducciones.
EL NUDO DE LA RETROACTIVIDAD
El origen de la controversia son las 56 rebajas otorgadas entre marzo y septiembre a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Uno de los antecedentes que alimenta el debate es que esas solicitudes fueron acogidas administrativamente, sin que los condenados tuvieran que recurrir previamente a los tribunales.
Ese detalle explica por qué las propuestas que extienden la prohibición a hechos anteriores a 2022 podrían enfrentar reparos constitucionales, especialmente por las reglas que limitan la aplicación retroactiva de disposiciones penales más desfavorables. La dificultad no es menor: una eventual modificación legal no garantiza que puedan revertirse los beneficios ya concedidos ni que se impida automáticamente la aprobación de nuevas solicitudes por hechos anteriores a la reforma. La propuesta de Núñez evita ese conflicto al proyectar sus efectos hacia el futuro, pero tampoco resolvería los casos que detonaron la polémica.
LA PRESIÓN SOBRE EL EJECUTIVO
El vendaval legislativo ha venido acompañado de una ofensiva fiscalizadora. Desde el Partido Comunista anunciaron inicialmente una interpelación al ministro Rabat, aunque luego optaron por priorizar una sesión especial de la Cámara para abordar las rebajas, dejando abierta la posibilidad de retomar esa herramienta. La presidenta del Senado, en paralelo, ofició al secretario de Estado para pedir antecedentes sobre los criterios utilizados, las normas aplicadas y los mecanismos de verificación de los requisitos.
En el Congreso asoma otro desafío: que proyectos con objetivos similares terminen dispersando la discusión o dificultando un acuerdo transversal. Mientras se acumulan propuestas para impedir nuevas rebajas, sigue pendiente esclarecer si los 56 beneficios fueron consecuencia inevitable de la legislación vigente o si existía margen para resolverlos de otra manera.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan en materia penal, el nudo está en la aplicación temporal de la Ley 19.856 y en el alcance del artículo 73 del Código Penal. Cualquier reforma que pretenda alcanzar hechos anteriores a 2022 podría enfrentar reparos constitucionales por las reglas que limitan la aplicación retroactiva de las disposiciones penales más desfavorables, y su efecto sobre beneficios ya concedidos por vía administrativa no aparece resuelto en las iniciativas anunciadas.
En nuestra lectura, sería prudente que la discusión se ordene en torno a la viabilidad jurídica antes que a la velocidad de las presentaciones.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/22/cinco-proyectos-y-una-polemica-el-vendaval-legislativo-por-rebajas-de-penas-a-agresores-sexuales.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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