La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó una reforma constitucional destinada a impedir que se reduzcan las condenas de las personas privadas de libertad por violación y abuso sexual. La iniciativa, encabezada por la diputada Ximena Ossandón, se instaló en la discusión pública tras la polémica generada por las 56 rebajas de condena que dictó el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026.
De acuerdo con la información de Interferencia citada en el origen de la controversia, esos 56 casos corresponden a 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación. Ese antecedente es el que acompaña la presentación del proyecto y el que explica el tono de la discusión que la bancada busca trasladar al texto constitucional.
EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
Las 56 rebajas de condena otorgadas entre marzo y septiembre de 2026 por el Ministerio de Justicia están en el centro del debate que dio paso a la reforma. El desglose de esos casos, con 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación, es el dato que la bancada utiliza para justificar la urgencia de fijar por vía constitucional un marco para la evaluación de libertades anticipadas y rebajas de pena en delitos sexuales.
EL RESPALDO DE LA BANCADA
La reforma es impulsada por Ossandón y cuenta con el respaldo de los diputados RN Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, Diego Schalper y Mauro González. A ellos se suman la diputada Claudia Mora y el diputado Jorge Guzmán (EVO).
QUÉ BUSCA LA REFORMA
El proyecto plantea modificar el numeral 3.º del artículo 19 de la Constitución y establecer un marco para la evaluación de libertades anticipadas y rebajas de pena en delitos sexuales. En concreto, propone que la concesión de esos beneficios a condenados por delitos sexuales se evalúe bajo la normativa vigente al momento de la resolución y no bajo la legislación que regía cuando se dictó la sentencia.
Se trata, así, de un cambio en la regla sobre el derecho aplicable a la ejecución de la condena, y no de una intervención sobre el quantum de la pena impuesta por los tribunales.
NO SE MODIFICAN LAS PENAS
Desde la bancada RN sostienen que la iniciativa no altera las penas fijadas por la justicia, sino que define la normativa aplicable a los beneficios penitenciarios tras la condena. Esa distinción es central en la presentación del texto: la reforma no apunta a la sanción decidida en el proceso, sino a las reglas con las que se resuelven las solicitudes de egreso anticipado y de reducción posteriores.
EL ARTÍCULO TRANSITORIO
El texto incorpora un artículo transitorio para la aplicación de esta norma a todas las solicitudes y trámites en curso, independientemente de la fecha en que se haya cometido el delito. Con esa regla, el proyecto busca alcanzar también los procedimientos que ya están en tramitación al momento de una eventual entrada en vigor.
LA ANULACIÓN DE BENEFICIOS
La propuesta contempla además la anulación automática de pleno derecho de todos los beneficios otorgados por vía administrativa a condenados por delitos sexuales durante los seis meses previos a la publicación de la ley.
LA POSTURA DE RN
Desde la bancada RN afirman que “las garantías del Estado de Derecho deben resguardarse, pero que estas no pueden confundirse con la existencia de un derecho automático a obtener reducciones de condena o mecanismos de egreso anticipado”.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan en materia penal, el punto técnico que instala la propuesta es cuál normativa gobierna la ejecución de la condena. De prosperar, la evaluación de rebajas y libertades anticipadas en delitos sexuales se resolvería con la ley vigente al momento de la resolución y no con la que existía cuando se dictó la sentencia. El artículo transitorio extiende esa regla a las solicitudes y trámites ya en curso, con independencia de la fecha del delito, mientras que la anulación de pleno derecho alcanzaría a los beneficios administrativos concedidos en los seis meses anteriores a la publicación de la ley. Cabe precisar que se trata de una reforma presentada y no de una norma vigente, de modo que su contenido describe una propuesta en discusión.
En nuestra lectura, el mérito de la discusión que abre esta iniciativa está en desplazar el foco desde la pena hacia la normativa que rige su ejecución, un detalle técnico que suele quedar fuera del debate público. Sería prudente que esa discusión se siga con la misma precisión con que el proyecto distingue ambos planos.
Fuente: CNN Chile
Documento original: https://www.cnnchile.com/pais/tras-polemica-por-rebajas-de-pena-en-delitos-sexuales-presentan-reforma-constitucional-para-frenar-beneficios-penitenciarios/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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