El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reconoció que modificó el criterio que aplicaba el Gobierno anterior para resolver solicitudes de rebaja de condena de personas condenadas por violación y abuso sexual de menores, y anticipó que volvería a fallar del mismo modo ante nuevos requerimientos mientras la legislación no cambie. La revelación la hizo en una entrevista con Meganoticias Prime, donde además admitió que el presidente José Antonio Kast no estaba informado de los casos específicos y que las víctimas no fueron notificadas de los beneficios otorgados a sus agresores.
EL CAMBIO DE CRITERIO
Según relató el secretario de Estado, en un comienzo también rechazó este tipo de solicitudes, pero varió su postura después de resoluciones judiciales dictadas durante marzo y abril. «Yo lo rechacé también, pero atendidas las resoluciones que se dictaron en los meses de marzo y abril, modifiqué el criterio», sostuvo.
El reconocimiento marca una diferencia con el procedimiento que aplicó el Ministerio durante el Gobierno de Gabriel Boric, cuando la cartera rechazaba estos requerimientos y dejaba en manos de los tribunales la posibilidad de revertir las decisiones administrativas mediante recursos de amparo.
Rabat cuestionó esa estrategia y acusó a la administración anterior de no enfrentar el problema, aludiendo a 276 resoluciones judiciales que habían revertido decisiones administrativas.
LA DEFENSA DEL MINISTRO
Consultado sobre qué haría si recibiera una nueva solicitud de rebaja de condena por violación de menores, el ministro aseguró que aplicaría la misma interpretación jurídica. «El 11 de marzo juré respetar la Constitución y la ley, y seguiría por lo tanto resolviendo estas cuestiones de la misma materia, porque es la forma como la Constitución y la ley hoy regulan esa materia», respondió.
Ante la insistencia de los periodistas sobre por qué no mantenía el criterio anterior, consistente en rechazar las solicitudes para que fueran resueltas por los tribunales, defendió su decisión: «Normalmente lo que hago es resolver los problemas y no trasladárselos a otros».
Su argumento apunta a que la modificación legal de febrero de 2022, que excluyó de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los hechos antes de su entrada en vigencia.
En contraste, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, ha precisado que cada caso debe analizarse individualmente y que las decisiones administrativas del ministerio no necesariamente pasan por una revisión judicial.
Rabat aseguró que actualmente no tiene solicitudes pendientes de esa naturaleza y anunció que el Ejecutivo impulsará modificaciones legales para impedir que se repitan situaciones similares, respaldando iniciativas parlamentarias y presentando un proyecto propio.
LO QUE SABÍA EL PRESIDENTE
Otro de los puntos abordados en la entrevista fue el grado de conocimiento que tenía el mandatario sobre las rebajas de condena. Consultado directamente sobre si Kast estaba informado de los casos específicos, el ministro respondió que no, porque se trataba de decisiones administrativas adoptadas por su cartera.
«No estaban en conocimiento de esta situación, porque esas son decisiones que adopta el ministro de Justicia», afirmó.
La explicación surgió después de que los periodistas advirtieran que los decretos fueron emitidos bajo la fórmula «por orden del Presidente de la República». Sobre ese punto, el secretario de Estado sostuvo que la expresión corresponde a un mecanismo de delegación de facultades establecido en la legislación.
De ese modo, Rabat sostuvo que Kast no estaba informado de las resoluciones particulares, aunque no precisó si el mandatario conocía el cambio de criterio jurídico aplicado por Justicia.
VÍCTIMAS SIN NOTIFICACIÓN
La situación de las víctimas de los delitos sexuales también fue materia de preguntas, dado que no fueron notificadas de las rebajas concedidas a sus agresores. El ministro explicó que el procedimiento vigente no contempla esa obligación. «No está previsto en el sistema, no está previsto en el sistema», señaló.
Consultado sobre la falta de empatía hacia las víctimas, más allá de las exigencias legales y considerando la gravedad de los delitos, Rabat respondió: «Tiene toda la razón». Aun así, insistió en que corresponde a las comisiones especiales evaluar los antecedentes de los condenados, mientras que el Ministerio de Justicia se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para los operadores jurídicos, el caso pone el foco en dos nudos concretos que describe la fuente: la aplicación en el tiempo de la modificación legal de febrero de 2022, que el ministro estima no puede operar retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los hechos antes de su vigencia, y la relación entre las decisiones administrativas de la cartera y la revisión judicial, respecto de la cual la presidenta de la Corte Suprema ha señalado que cada caso debe analizarse individualmente y que esas decisiones no necesariamente pasan por un control jurisdiccional. A ello se suma el régimen de notificación a las víctimas, que según la autoridad no está contemplado en el sistema vigente. El Ejecutivo anunció modificaciones legales y el respaldo a iniciativas parlamentarias en la materia.
En nuestra lectura, la controversia deja a la vista una tensión que parece difícil de zanjar solo con decisiones administrativas: la autoridad invoca el principio de legalidad y la irretroactividad, mientras la ciudadanía demanda respuestas frente a delitos de especial gravedad. Sería prudente que la discusión legislativa anunciada aborde tanto el criterio de fondo como el trato hacia las víctimas.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/22/rabat-reconoce-giro-pero-mantendra-criterio-por-rebajas-a-violadores-que-kast-y-victimas-ignoraban.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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