La Comisión de Educación del Senado vivió el 17 de agosto de 2026 una jornada marcada por el contraste de visiones en torno al proyecto que modifica la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública. La iniciativa, contenida en el Boletín N° 18.551-04, busca ajustar la segunda etapa de instalación y el traspaso de los Servicios Locales de Educación (SLEP), y fue analizada en audiencia pública transmitida por TV Senado Chile.
En la sesión, que se extendió entre las 17:30 y las 19:00 horas, se informó la excusa del presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, quien fue reprogramado para la jornada del día siguiente. También se anunció la existencia de seis solicitudes de audiencia adicionales y se fijó la votación de la iniciativa para el 31 de agosto.
SISTEMA MIXTO
La exposición más detallada correspondió a la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien defendió la creación de un sistema mixto que permita a los municipios con buenos resultados conservar la administración educativa. Según sus cifras, la comuna cuenta con ocho colegios municipales y cinco jardines infantiles, con una demanda que dejó a más de 4.800 estudiantes en lista de espera en la postulación 2026.
La alcaldesa sostuvo que el 40% de los alumnos proviene de otras comunas y que los resultados en la prueba PA 2026 superan en 160 puntos a los SLEP a nivel nacional y se acercan a los colegios particulares. Además, citó una encuesta a la comunidad educativa en la que el 89,5% de los consultados se declara en desacuerdo con el traspaso al servicio local respectivo.
En su intervención, recordó que en 2016 el entonces investigador del Centro de Estudios Públicos Harald Beyer propuso celebrar convenios con municipios de buen desempeño para que mantuvieran la educación, y advirtió que de aquel listado solo tres comunas han sido efectivamente traspasadas. Sobre esa base, planteó modificar la idea matriz del proyecto para que los municipios que cumplan los estándares legales puedan continuar como sostenedores.
La propuesta fue respaldada por los senadores Edwards y Vial. El primero argumentó que el proyecto ya admite la coexistencia de sostenedores y que no se requiere cambiar su idea matriz, pues el objetivo central es asegurar la calidad de la educación con independencia de la naturaleza jurídica de quien administre.
EVIDENCIA Y COSTOS
El director académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica expuso un diagnóstico basado en el informe de UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de enero de 2026, que advierte sobre el predominio del cumplimiento administrativo por sobre el foco pedagógico en los SLEP. El académico señaló que los gastos de funcionamiento de los servicios locales superan en casi un 18% lo planificado originalmente y que la Dirección de Educación Pública está por sobre un 9% de su estimación inicial.
También se refirió a los estudios de impacto: si bien la Agencia de Calidad de la Educación no detecta efectos negativos en los aprendizajes tras el traspaso, tampoco es posible afirmar mejoras concluyentes. Mencionó que persisten once reglamentos pendientes derivados de la ley N° 21.819 y 84 tareas normativas que aún no se implementan.
En materia de financiamiento, dio cuenta de que los municipios que mantienen la educación han incrementado sus aportes de forma relevante, mientras que los que ya traspasaron redujeron de manera importante su contribución. Ese punto fue recogido por la senadora Proboste, quien preguntó si el centro había simulado cuántas de las 177 comunas pendientes cumplirían los nuevos umbrales que propone el proyecto.
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
La Confederación Nacional de Funcionarios de Asistentes de la Educación (Confemuch), representada por su presidente Arturo Escares y la vicepresidenta Alejandra Aguilar, rechazó que el proyecto sea solo un ajuste de calendario. Advirtieron que la ley N° 21.109, que fija el estatuto de los asistentes de la educación, solo se aplica plenamente cuando los trabajadores son traspasados a los SLEP.
Por eso, pidieron que si un municipio conserva la administración educativa, el estatuto rija también en el régimen municipal, para estandarizar funciones y remuneraciones. Alertaron que la incertidumbre prolongada afecta la salud laboral y posterga derechos adquiridos tras más de 25 años de lucha.
Desde La Araucanía, las dirigentas Dina Garcés y Carolina Bruna relataron la realidad territorial: deudas previsionales, problemas con el pago de seguros y trabajadores que utilizan recursos propios para funciones institucionales. Carolina Bruna ejemplificó con un funcionario de 35 años de servicio cuya comuna, considerada de buen desempeño, sería traspasada recién en 2040 si se aprueba el proyecto. En ese escenario, dijo, el trabajador jamás vería los aumentos que establece la ley N° 21.109. Y concluyeron: si el Estado necesita más tiempo, que asuma el costo de ese tiempo, no los trabajadores.
CRÍTICAS DE EDUCACIÓN 2020
La directora de Fundación Educación 2020, Ingrid Olea, cuestionó los fundamentos del mensaje del Ejecutivo. Sostuvo que el sistema de educación pública ha sido ampliamente evaluado y que ninguno de esos informes recomienda detener o extender el proceso. Añadió que, con las reglas vigentes, 43 comunas cumplirían los requisitos para postergar el traspaso, pero con la propuesta esa cifra subiría a 166, es decir, el 94% de las comunas pendientes, porque se elimina la exigencia de cumplir simultáneamente los criterios educativos.
También criticó que el proyecto baje los estándares sin pedir nada a cambio y que se funde en la ley N° 21.819 sin haber verificado su grado de avance, pues esa norma se publicó el 25 de mayo y el proyecto ingresó el 5 de agosto. En materia de costos, planteó que postergar no ahorra: el gasto municipal en educación sigue al alza y se produce una duplicación administrativa mientras municipios y SLEP operan en paralelo.
La senadora Proboste, por su parte, solicitó al Ejecutivo información sobre el cumplimiento de plazos legales, como el bono extraordinario para asistentes de la educación y la sesión del Comité de Ministros. El subsecretario de Educación manifestó disposición a conversar modificaciones al proyecto, mientras la comisión acordó continuar las audiencias y votar la iniciativa el 31 de agosto.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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