La seguridad de los trabajadores que reparan tuberías y matrices en medio de una catástrofe quedó en el centro del debate público después de que la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias cuestionara la norma de reconexión de servicios básicos contenida en la Ley de Reconstrucción.
El gremio, encabezado por su presidente John Ferrada Torres, dirigió una carta a El Mercurio para pedir que se revise la disposición que fija plazos obligatorios para la reposición de electricidad, gas, agua potable y alcantarillado en zonas declaradas bajo estado de catástrofe. La crítica se suma a la ofensiva judicial que las asociaciones de empresas eléctricas y de gas natural ya habían iniciado ante el Tribunal Constitucional, a la que la Asociación de Empresas Sanitarias decidió incorporarse.
CONTEXTO DE LA NORMA CUESTIONADA
La controversia se concentra en el artículo 31 de la iniciativa legal, que establece tiempos máximos para que las empresas repongan los servicios a clientes morosos que se encuentren en territorios afectados por una emergencia. Según la norma, las compañías tendrían 48 horas para reconectar electricidad y gas, y 24 horas para restablecer agua potable y alcantarillado.
La federación no discute el objetivo declarado de la regla, que busca proteger a los usuarios afectados por desastres naturales. Sin embargo, advierte que su aplicación mecánica puede generar un efecto inverso al deseado y exponer a los equipos de terreno a situaciones de alto peligro.
«Puede poner en riesgo lo que dice proteger», sostiene el gremio en su presentación, al referirse a la tensión entre la urgencia de restablecer el suministro y las condiciones reales en que deben trabajar quienes ejecutan las reparaciones.
RIESGOS PARA QUIENES REPARAN EN TERRENO
Ferrada describió en la carta la experiencia habitual de los cuadrillas sanitarias durante emergencias: son los primeros en llegar después de un incendio, una inundación o un terremoto. Relató que han debido reparar tuberías con el suelo aún en movimiento, con quebradas activas y con familias enteras esperando agua en la vía pública.
El dirigente planteó una pregunta directa a la opinión pública para graficar el dilema: si un lector le pediría a su hijo que entre a una zanja inestable para reponer una matriz de alta presión porque la ley lo exige en 24 horas, arriesgando su vida. Y respondió: «Nosotros tampoco».
Con esa comparación, el gremio intenta instalar la idea de que los plazos legales, por sí solos, no modifican las condiciones de seguridad de una faena. Para los trabajadores, la decisión de ingresar a una zona de riesgo no puede depender de una obligación horaria impuesta desde la ley.
ALERTA POR LAS MULTAS AUTOMÁTICAS
La federación también puso el acento en las consecuencias económicas de la norma, en particular respecto de las multas automáticas que se aplicarían a las empresas que no cumplan los plazos durante una emergencia. El dirigente señaló que si una sanitaria recibe esas sanciones por no completar en tiempos imposibles una reposición en medio de una catástrofe, se debilita su capacidad para invertir, mantener empleos de calidad y responder mejor en el futuro.
«Al final, el castigo no lo paga una empresa abstracta, lo pagan sus trabajadores y sus familias», agregó Ferrada. Con esa frase, el gremio busca instalar la tesis de que el impacto de las multas no queda en la estructura societaria, sino que termina afectando los puestos de trabajo y el bienestar de los hogares que dependen de esos ingresos.
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En paralelo a la presión gremial, la Asociación de Empresas Sanitarias decidió recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la disposición. Con esa acción, el sector sanitario se sumó a las impugnaciones ya presentadas por la Asociación de Empresas Eléctricas y la Asociación de Empresas de Gas Natural. De esta manera, los tres sectores de servicios básicos quedaron alineados en contra de la norma.
El presidente de la federación de trabajadores sostuvo que Chile tiene hoy servicios sanitarios de nivel mundial porque se han construido con planificación técnica, colaboración y trabajo seguro, y no con plazos fijados desde la desconfianza y sin sentido de realidad. En su opinión, las emergencias no se resuelven por decreto ni con plazos arbitrarios, sino con planificación y una mirada realista de lo que ocurre en terreno.
La declaración del dirigente refuerza la postura del mundo laboral sanitario, que se diferencia del argumento estrictamente económico de las empresas al poner el centro en la integridad física de los trabajadores. La federación emplaza a los legisladores a revisar la disposición antes de que su aplicación genere consecuencias irreparables en una próxima emergencia.
El conflicto queda así instalado en dos frentes: el constitucional, donde las asociaciones empresariales impugnarán la validez de la norma, y el político, donde el gremio de trabajadores solicita una revisión legislativa bajo el argumento de que la seguridad de las personas que reparan los servicios es parte esencial del mismo derecho que la ley pretende resguardar.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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