
Comisión de Minería investiga alteración de datos ambientales en refinería de Enap en Concón
Enap enfrenta un escrutinio legislativo de alto voltaje por supuestas irregularidades en la entrega de información ambiental. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados recibió con preocupación los antecedentes aportados por Enap sobre las falencias detectadas en la Refinería Aconcagua de Concón, hechos que ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la Superintendencia del Medio Ambiente.
En la sesión participaron la ministra de Energía, Ximena Rincón; el presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga; y los gerentes General, Julio Friedmann; Corporativo Legal, Eduardo Jara; y Corporativo de Refinerías, Álvaro Hillerns. Las y los diputados analizaron tanto el alcance de las infracciones como las consecuencias laborales y sanitarias del caso.
ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA
Las irregularidades comenzaron a evidenciarse en el segundo semestre de 2025 y fueron informadas al directorio de Enap en enero de 2026. En esa oportunidad se encargó una auditoría externa, cuyos resultados se entregaron en abril, época en que asumió el nuevo directorio.
Fue entonces cuando se resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Como medida interna, la empresa confirmó el despido de 16 ejecutivos de la refinería: ocho en enero y ocho en junio.
Entre los desvinculados figuran el jefe del Departamento de Ingeniería, el director de Integridad Operacional y encargados de áreas vinculadas a materia medioambiental. La reestructuración apuntó a contar con personal confiable en el área ambiental, especialmente porque en enero deberá entregarse un nuevo informe a la autoridad.
ALCANCE DE LA DOBLE INFRACCIÓN
El informe de la auditoría habría revelado la existencia de una suerte de acuerdo o sistema para que los problemas asociados al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica no llegaran con claridad a la administración de la compañía, al directorio ni a la autoridad ambiental.
Ese ocultamiento habría derivado en una doble infracción. Por una parte, no se incluyeron todas las fuentes de emisión de azufre en el informe de emisión. Por otra, se definió una metodología no autorizada para el cálculo de recuperación de azufre en el proceso de refinación, que comprometía un 98% pero que en la práctica alcanzaba solo un 90%.
Los diputados y diputadas manifestaron su intención de profundizar la investigación y de esclarecer cuántas toneladas de dióxido de azufre se emitieron de más, así como las razones del ocultamiento de información al directorio.
SALUD DE LA COMUNIDAD Y PETICIONES DE INFORMES
Una de las consultas recurrentes durante la sesión fue si la alteración de los datos vinculados al PPDA afectó la salud de los trabajadores de la refinería o de la comunidad colindante. Frente a ello, se aseguró que las mediciones finales no habrían alterado el compromiso final de emisión atmosférica, por lo que no existiría afectación a la salud de las personas.
Pese a esa respuesta, el diputado José Antonio Rivas solicitó la entrega de los informes de balance de recuperación de azufre y de emisión, con el fin de cotejar el alcance real del problema y el modo en que operaron los ejecutivos desvinculados. “Nos vamos a meter de cuerpo entero en este proceso de investigación”, remarcó el legislador.
A su vez, el diputado Bernardo Salinas pidió que se consulte al Ministerio de Salud si existe un estudio sobre la salud de las personas de esta comuna, a raíz de esta fuente de contaminación.
DESPIDOS Y DEBATE SOBRE INDEMNIZACIONES
El escenario laboral también generó discusión. Los diputados Daniel Valenzuela, Cristián Tapia y Valentina Cáceres consultaron por la fórmula utilizada para desvincular a los ejecutivos, la oportunidad de la medida y los montos pagados por concepto de indemnización.
Desde Enap se explicó que las causales invocadas fueron necesidad de la empresa y desahucio. No obstante, se reconoció que, con el conocimiento que hoy se tiene de los hechos, las causales habrían sido otras.
La sola posibilidad de que los despedidos hayan recibido millonarias compensaciones generó críticas en la comisión. “Es un descaro que pidan indemnizaciones y presenten demandas estos trabajadores que solo tenían que hacer su trabajo”, exclamó la diputada Cáceres.
En la misma línea, el diputado Valenzuela cuestionó el monto involucrado: “¿Era justo que se llevaran una millonaria indemnización, casi de mil millones de pesos? La verdad es que no. Esta es una tremenda irresponsabilidad”, enfatizó.
PRÓXIMOS PASOS
Los integrantes de la Comisión de Minería concordaron en la necesidad de seguir recabando información sobre el caso. Entre los puntos abiertos figuran la determinación exacta de las emisiones excedentes de dióxido de azufre y las razones por las que se ocultó la información al directorio.
También se destacó la urgencia de reestructurar el área medioambiental de Enap y de asegurar que el próximo informe que debe presentarse a la autoridad ambiental en enero cumpla con todos los estándares técnicos y regulatorios.
Fuente: Cámara de Diputados de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








