La reforma al sistema político quedó a un paso de convertirse en ley, pero ese paso tendrá que esperar. La votación que estaba prevista para este martes en la Sala del Senado y la revisión que la Cámara de Diputadas y Diputados debía realizar el miércoles quedaron sin efecto, luego de que las discrepancias en torno al informe de la Comisión Mixta y la ausencia de senadores que viajaron a Estados Unidos acompañando al Presidente de la República obligaran a aplazar la discusión.
El proyecto fue impulsado originalmente en 2025 por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde y modifica el funcionamiento de los partidos políticos, el régimen de candidaturas independientes y la organización del Congreso. Su tramitación parecía encaminada: la Comisión Mixta había alcanzado un acuerdo unánime sobre el último punto pendiente, la declaración de principios que deberán cumplir las colectividades.
UN ACUERDO QUE SE REABRIRÁ
Ese texto exige que los partidos condenen los sistemas totalitarios, rechacen el uso, la promoción o la incitación a la violencia como método de acción política y manifiesten un compromiso con la probidad y la transparencia.
Sin embargo, fuentes al interior del Senado atribuyen la postergación precisamente a las diferencias surgidas en torno a la resolución de la Comisión Mixta. Mientras el proyecto no sea puesto en tabla de la Sala, basta con un acuerdo de los comités para reabrir la instancia y revisar nuevamente el informe antes de someterlo a votación.
La intención de la mesa del Senado apunta a modificar la redacción de la disposición sobre la condena de los sistemas totalitarios, de modo que quede formulada en los mismos términos que hoy contiene la Constitución, con el fin de evitar eventuales errores de interpretación. La idea es que la Comisión Mixta vote un nuevo informe este miércoles y que, una vez despachado, la iniciativa sea puesta en tabla de la Cámara durante la próxima semana.
El artículo pendiente requiere 26 votos favorables en el Senado y 78 en la Cámara. Si no logra esos respaldos, esa disposición sería eliminada y el resto de la reforma continuaría su tramitación, ya que las demás materias cuentan con la aprobación de ambas cámaras. Despachada por el Congreso, la iniciativa podría pasar al Tribunal Constitucional y luego quedar a la espera de su promulgación por parte del Presidente José Antonio Kast.
El Ejecutivo ha dado prioridad a la reforma y el pasado 8 de septiembre renovó la suma urgencia del proyecto.
LAS CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN
Dentro de algunos sectores persisten reparos respecto de sus alcances, en particular sobre las nuevas exigencias para conformar y mantener partidos políticos.
La senadora Claudia Pascual manifestó sus diferencias en conversación con TV Senado. Aclaró que no se opone a modificar el sistema, pero cuestionó que la propuesta produzca los cambios que se buscan, y apuntó a los problemas de fragmentación y a la influencia del personalismo en la política. Sobre la fórmula acordada en la Comisión Mixta, sostuvo que «lamentablemente, el informe de la comisión mixta no resuelve el problema de la divergencia», y observó que la Constitución plantea no procurar el establecimiento de un régimen totalitario, no su condena, por lo que esta última constituiría una acción subjetiva.
El histórico dirigente comunista Juan Andrés Lagos, cercano al presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, calificó en una columna publicada en Radio Nuevo Mundo la incorporación de la condena a la violencia como método de acción política como un «mecanismo de chantaje ideológico», y afirmó que, a su juicio, «el bloque en el poder criminaliza preventivamente la protesta social».
La diputada Nathalie Castillo señaló a El Mercurio que el Partido Comunista está disponible para modificaciones que impliquen una mayor democracia, pero rechazó cualquier cambio que signifique un retroceso hacia un sistema similar al binominal. «Chile necesita más representación y pluralismo, no menos», afirmó.
El diputado Jaime Mulet (FRVS) sostuvo que la propuesta favorece a los partidos tradicionales y eleva las barreras para crear nuevas colectividades, mencionando al Partido Socialista y a la UDI y RN. Cuestionó que los partidos regionales deban acreditar presencia en ocho regiones y advirtió que «esta ley carteliza la política». También criticó que no se incorporen mecanismos para sancionar a los parlamentarios que se cambian de partido.
LOS CAMBIOS QUE CONTEMPLA
Entre las modificaciones figura la eliminación de la posibilidad de constituir partidos a partir de tres regiones contiguas. Ahora se exigirá presencia en al menos ocho regiones y afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo en cada una de ellas. Las colectividades ya constituidas tendrán 18 meses para actualizar sus afiliaciones.
Solo los partidos con representación parlamentaria podrán acceder a financiamiento público. Las candidaturas independientes no podrán superar el 50% de las candidaturas que presente un partido para la Cámara de Diputados o el Senado, y las firmas requeridas se calcularán sobre la totalidad del padrón electoral.
En materia de funcionamiento del Congreso, se reconoce legalmente a los comités parlamentarios, cuyas jefaturas podrán organizar pareos, reemplazos y sanciones internas, sin que esas atribuciones puedan impedir que un legislador vote, presente proyectos o ejerza sus demás facultades constitucionales.
Para permanecer vigentes, las colectividades deberán cumplir un piso de afiliación equivalente al 0,15% de los electores que participaron en la última elección de diputados en cada región, con un plazo de 18 meses. Según los antecedentes expuestos durante la discusión, algunas quedarían bajo el umbral de riesgo, mientras otras deberían sumar más militantes para alcanzar los requisitos.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/09/22/1212037/reforma-sistema-politico-pc-dudas.html
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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