La decisión del Gobierno de guardar silencio legislativo tras el revés en el Tribunal Constitucional dejó a las empresas sanitarias en una posición de expectación. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) anunció que esperará la sentencia completa del TC para determinar los siguientes pasos, después de que el Ejecutivo descartara impulsar una ley corta que modificara el artículo 31 de la megarreforma.
El Tribunal Constitucional había rechazado previamente el requerimiento presentado por el Ejecutivo para dejar sin efecto la norma. Con ello, el Gobierno optó por no abrir una nueva discusión legislativa, según lo confirmó el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
Alvarado fue tajante al descartar una nueva iniciativa legal: «Es un fallo que no se comenta; el Ejecutivo respeta y acata». Añadió que el tribunal «zanjó una discusión» y que «no son los tiempos para iniciar un nuevo debate».
Con esas declaraciones, la administración cerró la puerta a una modificación por la vía legislativa, a pesar de las críticas que el sector sanitario había formulado contra la disposición. El gremio, en tanto, adoptó un tono más cauto al señalar que necesita conocer el detalle del fallo.
Andess indicó que está a la espera «de conocer en detalle la sentencia del TC respecto del requerimiento presentado por el Ejecutivo, para definir los pasos a seguir». La afirmación refleja que las empresas no descartan nuevas acciones, aunque por ahora prefieren estudiar los argumentos del tribunal.
LOS REPAROS DEL SECTOR
El conflicto tiene como eje el artículo 31 de la megarreforma, que establece un plazo máximo de 48 horas para reponer los servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes. A juicio de Andess, esa exigencia resulta difícil de cumplir en la práctica.
«Tal como está redactado, establece plazos rígidos que son imposibles de cumplir en todos los escenarios de catástrofe», afirmó la asociación. El gremio advirtió además que «forzar una reconexión cuando no existen condiciones seguras de acceso pone directamente en riesgo a los trabajadores».
La preocupación del sector no se limita a los tiempos. Andess sostiene que la recuperación de los servicios ante emergencias que afectan a miles de clientes debe definirse según las condiciones de cada situación. «Cuando se producen eventos que impactan a miles de clientes, las acciones deben definirse con criterios técnicos, de seguridad y de factibilidad operacional», planteó.
CUESTIONAMIENTO A LA PRIORIDAD DE RECONEXIÓN
Otro de los puntos objetados por el gremio es la prioridad que la norma otorga a los clientes cuyo suministro fue suspendido por no pago, incluso cuando existen convenios de regularización. Según Andess, esa regla podría desviar recursos necesarios para atender emergencias.
La asociación advirtió que el cumplimiento de esa prioridad podría obligar a destinar cuadrillas y equipos que se requieren para recuperar los servicios de miles de hogares, hospitales y escuelas afectados por una catástrofe. De este modo, la norma generaría una competencia entre la reposición del suministro para la población general y la reconexión de deudores.
El gremio también cuestionó la rigidez del esquema impuesto por la ley. Para Andess, establecer obligaciones inflexibles no asegura una respuesta más rápida. «Imponer obligaciones inflexibles no garantiza una atención más oportuna: debilita la capacidad de respuesta y termina perjudicando a los propios clientes», concluyó.
Lo ocurrido deja abierto un escenario de incertidumbre para el sector sanitario, que ahora espera el texto completo de la sentencia para evaluar sus próximos movimientos. Mientras tanto, la norma sigue vigente y las empresas deberán prepararse para su aplicación en futuras emergencias.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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