Cinco senadores presentaron una reforma constitucional que busca incorporar el crimen organizado a la Carta Fundamental, habilitar regímenes especiales para internos de alta peligrosidad y ampliar las facultades del presidente de la República para decretar estados de excepción ante amenazas inminentes.
El proyecto fue ingresado a tramitación el jueves 8 de octubre de 2026 por Arturo Squella, Pedro Araya, Andrés Longton, Karim Bianchi e Iván Flores, y fue derivado a la Comisión de Constitución para su estudio.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
La iniciativa surge tras las diferencias que generó una reforma presentada anteriormente por el Ejecutivo. Por eso, el llamado de los senadores apunta a construir un acuerdo político amplio que permita avanzar en medidas concretas contra la delincuencia.
«Nosotros, que representamos a buena parte de los chilenos que están sufriendo la angustia del crimen, de la delincuencia desatada, no podemos quedarnos de brazos cruzados», afirmó Squella.
Araya, que preside la Comisión de Constitución, señaló que espera un respaldo trascendental para la iniciativa y adelantó que más senadores se irán sumando, porque entienden la importancia de alcanzar acuerdos en seguridad más allá de las legítimas diferencias políticas.
TRES EJES DE LA REFORMA
Según explicó Longton, la propuesta contiene tres modificaciones principales a la institucionalidad constitucional vigente.
La primera incorpora el crimen organizado al artículo 9 de la Constitución, disposición que actualmente se ocupa del terrorismo, y establece que estas actividades son contrarias a los derechos humanos.
El segundo eje apunta al sistema penitenciario. La reforma otorga respaldo constitucional para establecer regímenes especiales de segregación, aislamiento e incomunicación de internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado, al terrorismo u otros delitos que determine la ley. El objetivo declarado es impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los recintos penitenciarios.
El tercer punto modifica el actual estado de excepción constitucional de emergencia, sin crear una figura jurídica nueva. La propuesta faculta al presidente de la República para decretarlo no solo frente a situaciones de grave alteración del orden público o grave amenaza a la seguridad de la nación que ya se estén produciendo, sino también ante amenazas actuales o inminentes vinculadas especialmente al crimen organizado y al narcotráfico.
Además, el texto propone que el Mandatario pueda decretar inicialmente el estado de emergencia por un período de 30 días. Transcurrido ese plazo, correspondería al Congreso Nacional autorizar su continuidad. Durante ese período inicial, el Parlamento también tendría la facultad de dejar sin efecto la medida en cualquier momento.
LLAMADOS AL ACUERDO
«Esos son los ejes que establece el proyecto, y eso va a desencadenar una bajada en proyectos de ley que van a repercutir a propósito de esta reforma», dijo Longton.
Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, hizo un llamado «al diálogo, a la unidad, y a la no mezquindad, que hoy día tienen algunos, de criticar un proyecto sin siquiera revisarlo». «Nosotros no nos juntamos acá porque tengamos afinidades políticas, nos juntamos porque entendemos que Chile tiene un problema y que no podemos quedar mirándonos y discutiendo. Esto hay que abordarlo», sostuvo.
Flores, en tanto, afirmó que esto es lo que Chile espera: transversalidad y actuación en conjunto, más allá de las posturas políticas. «Aquí tenemos un solo propósito, y ese propósito es proteger a Chile», declaró.
PERSPECTIVA
La iniciativa queda ahora en manos de la Comisión de Constitución, que deberá analizarla antes de que continúe su tramitación.
Fuente: Senado de la República de Chile
Documento original: https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/presentan-reforma-constitucional-para-combatir-crimen-organizado-y
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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