Ciento noventa mil doscientas diecinueve licencias médicas vinculadas a 114.099 personas trabajadoras concentran el uso indebido que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dice haber detectado en sus fiscalizaciones de 2025 y 2026, con un gasto estimado en subsidios por incapacidad laboral superior a $85 mil millones. El balance lo presentó la superintendenta (s) del organismo, Patricia Soto, este lunes 19 de octubre ante la Comisión de Salud del Senado, en una sesión que también contó con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada.
EL CRUCE MASIVO DE DATOS
Según expuso la autoridad, esas cifras provienen del cruce masivo de datos que la Suseso aplica de manera conjunta para pesquisar anomalías en el instrumento. En la instancia parlamentaria, Soto presentó las principales cifras del sistema, los resultados de las investigaciones del período y el trabajo de coordinación con otros organismos públicos orientado a detectar posibles irregularidades.
Las fiscalizaciones desplegadas desde mayo de 2025 a la fecha permitieron identificar a personas del sector público y del sector privado en distintas situaciones: haber viajado al extranjero manteniendo una licencia médica vigente, haber realizado trabajos remunerados durante el período de reposo o haber recibido doble pago de subsidios por licencias de origen común y laboral. A ello se suman casos de profesionales de la salud que emitieron licencias médicas estando ellos mismos con una, o que se autoemitieron el documento.
VIAJES AL EXTRANJERO Y REDICTAMEN
El seguimiento a los informes de la Contraloría General de la República sobre funcionarios y funcionarias que viajaron fuera del país durante su reposo médico fue otro de los puntos abordados. La superintendenta informó que, mediante una fiscalización propia de enero de este año, se identificó a 5.646 personas trabajadoras del sector público que incumplieron el reposo por viajes fuera del país durante el primer semestre de 2025.
Esos hallazgos ya fueron notificados a la Compin y a las Isapres para revisar dichas licencias y redictaminar cuando corresponda. Además, las nóminas se remitieron a los servicios públicos y al Ministerio de Hacienda, y los casos que podrían constituir delitos fueron enviados al Ministerio Público.
VIGÍA Y PROFESIONALES EMISORES
Otro de los avances expuestos fue la implementación de VigIA, una herramienta de análisis de datos que permite identificar patrones de comportamiento y priorizar las investigaciones dirigidas a los profesionales emisores de licencias médicas. Desde su incorporación al proceso de fiscalización, en marzo de 2026, y hasta septiembre, sus alertas han permitido iniciar 312 investigaciones.
La participación de la Suseso en la sesión permitió dar cuenta de las acciones de fiscalización y de coordinación interinstitucional que se encuentran en desarrollo para fortalecer el control del sistema de licencias médicas, detectar posibles usos indebidos y resguardar el buen uso de este instrumento de seguridad social, sin afectar el derecho de las personas trabajadoras a acceder al reposo médico cuando su condición de salud lo requiere.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes asesoran a empleadores, a trabajadores o a prestadores de salud, la presentación deja un mapa de los circuitos que hoy operan sobre una licencia médica: la detección por cruce de datos, la notificación a la Compin y a las Isapres para revisar y redictaminar, la remisión de nóminas a los servicios públicos y al Ministerio de Hacienda, y el envío al Ministerio Público de los casos que podrían constituir delitos. El detalle de esas etapas, junto con las tres conductas descritas por la autoridad —viaje al extranjero, trabajo remunerado durante el reposo y doble pago de subsidios—, es el material que la propia Superintendencia puso a disposición en sede parlamentaria. Las alertas de VigIA sobre profesionales emisores aparecen, en ese relato, como un frente específico de priorización de investigaciones.
En nuestra lectura, el interés de la sesión está en que las cifras y la secuencia de notificaciones quedaron expuestas en sede parlamentaria, lo que permitiría seguir su trazabilidad institucional. A juicio de este medio, sería prudente leer esos números como resultados de una fiscalización administrativa en curso y no como calificación jurídica definitiva de cada situación individual.
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
Documento original: https://www.suseso.gob.cl/605/w3-article-792305.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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