LA JUSTICIA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS FRENA EL INTENTO DE LA EPA DE ARCHIVAR DEMANDAS POR CONTAMINACIÓN
La jueza federal Debra Brown rechazó la pretensión del gobierno de Donald Trump de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pudiera desestimar a voluntad las demandas ciudadanas presentadas al amparo de la Clean Air Act. Con esa resolución, dictada el martes, queda en pie la acción que la NAACP presentó contra la empresa de Elon Musk por las turbinas de gas que operan sin permiso en el centro de datos Colossus, en Memphis, Tennessee.
EL ORIGEN DEL CASO
La NAACP demandó después de que se descubrieran turbinas de gas sin permiso alimentando Colossus, la instalación de Musk. La acción pedía una orden que obligara a xAI, hoy SpaceXAI tras una fusión, a emplear la mejor tecnología disponible de control de contaminación en la operación de esas turbinas, además de sanciones de hasta 124.426 dólares por día por infracción. La organización sostuvo que, sin esas medidas, las turbinas amenazaban con elevar la contaminación en barrios vulnerables habitados mayoritariamente por comunidades negras.
LA TESIS DEL GOBIERNO
Para bloquear el litigio, el gobierno intervino argumentando que la EPA podía desestimar unilateralmente las demandas cuando el presidente decide no aplicar la ley. Sostuvo que no servía al interés público permitir que ciudadanos persiguieran sanciones civiles contra empresas de inteligencia artificial que buscan poner en marcha centros de datos con rapidez. Añadió que castigar conductas ilícitas mediante multas pagaderas al Tesoro constituía un poder típicamente ejecutivo y que, ante la ambigüedad de la ley, correspondía aplicar el canon de evitación constitucional.
El gobierno intentó apoyarse en una excepción acotada de la ley, que permite a la EPA cerrar una demanda cuando es ella la que litiga para exigir cumplimiento o cuando está actuando para obtenerlo. Para la jueza, ninguna de esas hipótesis se configuraba, porque la administración había dejado claro que no demandaría a SpaceXAI.
EL RAZONAMIENTO DE BROWN
La magistrada calificó esa lectura como una «extraordinary position» sin sustento en el derecho federal. Nada en la Clean Air Act, concluyó, habilita al administrador de la EPA a poner término por sí solo a una demanda ciudadana. Recordó que la propia ley reconoce el derecho a demandar al administrador por no aplicarla, de modo que el Congreso previó que las acciones ciudadanas no siempre coincidan con el criterio de la agencia.
La jueza sugirió además que un poder semejante permitiría al presidente bloquear cualquier demanda por contaminación de centros de datos, y no solo las dirigidas a la industria de inteligencia artificial. En una nota al pie, observó que en 1990 el Congreso examinó una enmienda para que la EPA pudiera sustituirse y tomar el control de estas acciones. No la aprobó, y para Brown esa sola consideración respalda la lectura de la NAACP.
Sobre el argumento constitucional, señaló que el gobierno no identificó ambigüedad alguna en el texto legal: «constitutional avoidance does not allow the Court to invent a right that does not exist in the statute», escribió. También descartó que las multas civiles sean un ejercicio impermisible del poder presidencial, pues pueden reparar a quien sufre o teme sufrir un daño por conducta ilícita en curso.
EL TRASPIÉ PROCESAL
La intervención del gobierno tampoco estuvo exenta de tropiezos. Su primera presentación no invocó la autoridad de la EPA, sino la del propio presidente, y luego fue enmendada. Después apeló antes de tiempo: acudió a la corte de apelaciones cuando el tribunal solo había anunciado en audiencia su intención de rechazar la moción, sin esperar la orden escrita. La corte de apelaciones coincidió en que el recurso era prematuro y negó la suspensión del litigio. Brown, en todo caso, permite al gobierno intervenir por otras razones en apoyo de SpaceXAI, aunque le dio plazo hasta el 23 de octubre para explicar su posición o mantenerse fuera.
QUIÉNES CELEBRAN
Laura Thoms, directora de enforcement de Earthjustice, organización que acompaña a la NAACP, acusó al gobierno de perseguir un «unilateral and unreviewable veto power over citizen suits» y celebró que el tribunal rechazara ese argumento. Thoms anunció que su grupo continuará «the fight to hold xAI accountable for the illegal air pollution it has been pumping out around the clock». Earthjustice sigue de cerca los conflictos por centros de datos en todo el país, y el de Musk fue el primero en exponer la práctica cada vez más común de usar turbinas sin permiso para cumplir los plazos de la industria.
En nuestra lectura, el interés de esta resolución está en el lugar donde sitúa la discusión: no en la política ambiental, sino en quién puede poner fin a un litigio ya iniciado por ciudadanos. Parece razonable que ese debate se resuelva con el texto de la ley a la vista y no con la urgencia por poner en marcha centros de datos.
Fuente: arstechnica.com
Documento original: https://arstechnica.com/tech-policy/2026/10/judge-rejects-trumps-wild-claim-epa-can-dismiss-data-center-pollution-lawsuits/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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