La reaparición con vida de una mujer incluida como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig ha reabierto un capítulo judicial y administrativo en Chile. Un examen de ADN practicado por el Servicio Médico Legal confirmó que Bernarda Vera Contardo, quien figuraba como una de las 16 personas ejecutadas en la llamada masacre de Liquiñe de 1973, se encuentra actualmente con residencia en Argentina. El resultado fue notificado a sus familiares por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, y ha motivado solicitudes parlamentarias para recuperar los montos indemnizatorios pagados durante décadas.
CONTEXTO DE LA MASACRE
A solo un mes del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, la noche del 10 de octubre de 1973, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, se produjo el asesinato de 15 obreros y campesinos. El grupo estaba compuesto por insurgentes del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que desde el 12 de septiembre se había alzado contra la policía en la localidad de Neltume, exigiendo enfrentar a los golpistas. Esa operación militar fue el origen de la masacre que luego conocería el Informe Rettig.
EL INFORME RETTIG Y LA FIGURA DE BERNARDA VERA
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación incluyó a Bernarda Rosalba Vera Contardo en su informe como víctima de desaparición forzada. En el documento se señalaba que, junto a los 15 obreros, era posible presumir su detención. Se indicaba que tenía 27 años, era profesora de la escuela de Puerto Fuy, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y fue detenida en Trafún. Testigos relataron que ella se ocultaba en el complejo maderero porque era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía por el asalto al Retén Neltume.
El informe agregó que las detenciones fueron practicadas por personal uniformado que portaba listas con nombres confeccionadas por civiles, y que agentes fueron guiados por carabineros del Retén de Liquiñe. La comisión se formó convicción de que las 16 personas fueron ejecutadas al margen de todo proceso, violando su derecho a la vida, y que luego se ocultaron los cuerpos. También se acreditó que ninguna de ellas había tomado contacto con sus familias ni realizado gestiones administrativas, perdiéndose todo rastro.
CONFIRMACIÓN GENÉTICA Y DEBATE JURÍDICO
A fines de septiembre de 2025, un reportaje de Chilevisión dio con el paradero de una mujer en Argentina que presuntamente correspondía a Vera. La justicia chilena, a través del Servicio Médico Legal, confirmó mediante prueba de ADN que se trataba de la misma persona. Los resultados fueron informados a los familiares por el ministro Mesa Latorre.
Ante esta confirmación, parlamentarios oficialistas solicitaron al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicien las acciones pertinentes para recuperar los recursos pagados a los familiares de Vera. Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) se manifestó que, si durante años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es su restitución total. El caso abre ahora un debate sobre la procedencia de las indemnizaciones otorgadas bajo el sistema de reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuando la condición de víctima resulta desvirtuada por la propia sobrevivencia de la persona.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
