Comisión de Vivienda del Senado escucha reparos a la ampliación de la ley N° 20.898
La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sesionó el 8 de septiembre de 2026 en Valparaíso para continuar la discusión en particular del Boletín N° 18.189-14, que modifica la ley N° 20.898, conocida como la ley del mono, con el fin de ampliar el régimen excepcional de regularización de viviendas. La sesión, transmitida por TVSenado Chile y realizada en la Sala N° 9 de Comisiones, incluyó una audiencia a arquitectos de Osorno, quienes formularon reparos al texto en segundo trámite constitucional.
RÉGIMEN EXCEPCIONAL EN ANÁLISIS
La secretaría de la comisión informó que el Ejecutivo había ingresado tres indicaciones al proyecto, aunque el plazo de la urgencia calificada de suma ya estaba vencido. En la cuenta también se dio a conocer la recepción de informes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo relativos a los procedimientos vinculados a Serviu y a la situación de los deudores hipotecarios, así como la invitación de la Cámara Chilena de la Construcción al Encuentro Nacional de Vivienda, que se realizará en Pucón entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
En el debate se recordó que la herramienta nació como una excepción temporal, pero se ha renovado de forma sucesiva. Uno de los integrantes de la comisión sostuvo que el mecanismo tiende a perpetuarse y advirtió sobre los riesgos de la edificación informal en un país sísmico.
MIRADA DE LOS ARQUITECTOS
La presidenta del grupo de arquitectos de Osorno, Jocelyn Miranda, y el secretario de la organización, José Gabriel Vallejos, expusieron por videoconferencia. Su primer planteamiento fue que la regularización debe concentrarse en la vivienda principal o habitual de la familia, y no en segundas viviendas, inmuebles de descanso o proyectos con fines turísticos o de inversión.
En segundo lugar, criticaron que el proyecto aumente a la vez la superficie y el valor de los inmuebles comprendidos. Según explicaron, el primer tramo pasaría de 90 a 120 metros cuadrados, con un alza aparejada del valor de 1.000 a 2.000; el segundo tramo lo haría de 140 a 180 metros cuadrados y de 2.000 a 3.000. A su juicio, elevar ambos criterios al mismo tiempo amplía el universo de beneficiarios sin que se haya justificado con datos el impacto de esa medida.
En tercer término, los profesionales propusieron que el segundo tramo exija un arquitecto responsable del proyecto, de modo que se garantice la estabilidad y el cumplimiento urbanístico de la edificación. La sugerencia se enmarca en la distribución de responsabilidades contemplada en los artículos 17 y 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Vallejos añadió inquietudes sobre el cálculo de las superficies. Relató que algunas direcciones de obras municipales suman lo ya recepcionado con la ampliación que se quiere regularizar, mientras otras aplican un criterio distinto. Pidió que se precise que la superficie de la vivienda o sus ampliaciones no puede exceder los límites legales.
También se refirió a las exigencias térmicas previstas en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y solicitó que se señale expresamente que no se exigirá memoria térmica cuando esos estándares no correspondan. Junto con ello, abogó por una política de educación cívica urbanística que informe a las familias sobre los permisos y profesionales requeridos antes de ampliar o construir.
PLAZOS Y DATOS PENDIENTES
El representante del Ejecutivo precisó que el reglamento vigente contempla el 31 de diciembre de 2029 como plazo para regularizar, mientras el proyecto lo adelanta al 31 de diciembre de 2027. Agregó que la iniciativa amplía los inmuebles susceptibles de regularización, porque hoy solo acceden al sistema las viviendas construidas hasta 2016.
Varios senadores pidieron información empírica antes de votar. Se mencionó la conveniencia de conocer cuántas regularizaciones se concretan cada año, qué gasto fiscal implican y qué resultados han tenido, para decidir si la ley debe mantener su vigencia, ser reemplazada o derogada. También se acordó recibir por escrito las observaciones de los arquitectos y solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que exponga las cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas sobre los permisos asociados a la regularización.
En cuanto a la prueba de antigüedad de las construcciones, se explicó que las direcciones de obras admiten, por lo general, documentos que acrediten la existencia previa de la vivienda. Google Earth es una de las herramientas usadas, aunque no todas las reparticiones la aceptan, pues la Contraloría General de la República ha advertido que esas imágenes no revisten el carácter de información oficial.
En la misma línea, se recordó que la comisión aprobó el año pasado una mecánica de técnicas alternativas calificadas que permite otorgar permisos de obras menores mediante declaración profesional. Una de las intervenciones planteó que ampliar ahora el régimen de regularización podría tensionar esa decisión, al derivar hacia un camino excepcional proyectos que la nueva regulación buscó encauzar por la vía ordinaria.
Antes de cerrar, los integrantes de la comisión agradecieron la exposición y comprometieron el análisis de los planteamientos junto con las indicaciones del Ejecutivo en las próximas semanas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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