La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado cumplió el 9 de septiembre su última ronda de audiencias y dio inicio a la votación en particular del Boletín N° 17.877-33, iniciativa que modifica la ley N° 20.998 para actualizar el régimen de los servicios sanitarios rurales. La sesión se realizó en la Sala N° 9 del Senado, en Valparaíso, y fue transmitida por TVSenado Chile.
Los invitados a esta etapa fueron el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, y el jefe de la Unidad de Servicios Sanitarios Rurales, Juan Pablo Jaque. También participaron representantes del Ministerio de Obras Públicas y, por videoconferencia, Marcelo Obregón, vicepresidente de la Corporación Regional de APR de Los Ríos.
LA EXPERIENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA
Rivas expuso la labor que la Superintendencia ha desarrollado desde 2021. Sin contar todavía con plenas facultades de fiscalización sobre todos los sistemas, el organismo ha realizado 429 capacitaciones, más de 800 visitas técnicas y más de 100 fiscalizaciones colaborativas al segmento mayor, además de manuales construidos junto a los dirigentes.
El superintendente señaló que los reclamos ciudadanos por agua potable rural han aumentado de forma sostenida, pese a que el organismo no ha difundido oficialmente la recepción de denuncias. En esa línea, sostuvo que la fiscalización debe apuntar a corregir fallas y no a castigar, por lo que el proyecto reconoce los planes de cumplimiento como instancia previa a cualquier sanción.
CIFRAS DEL PRIMER CICLO TARIFARIO
En materia tarifaria, Rivas detalló que el primer proceso de fijación de tarifas, ejecutado en 2025, abarcó a 92 sistemas. La Superintendencia propuso alzas en el 89% de los casos y rebajas en el 11% restante. La mayoría de los incrementos superó el 10%, con un alza promedio cercana al 20%.
Uno de los datos más llamativos fue el comportamiento de las asambleas de socios. De los 39 casos en que la propuesta se sometió a la asamblea, 37 optaron por subir la tarifa hasta el 10% adicional permitido y solo dos decidieron bajarla. Para el superintendente, ello desmiente el temor de los dirigentes a proponer ajustes ante sus propias comunidades.
INDICACIONES DEL EJECUTIVO
Rivas presentó varias indicaciones destinadas a simplificar el proceso tarifario. Entre ellas, que la Superintendencia pueda elaborar guías explicativas para los operadores; que el directorio del APR pueda incrementar la tarifa hasta 10% sin pasar por asamblea; que la falta de información se resuelva por homologación con sistemas de características similares; que la simplificación de procedimientos para sistemas medianos y menores sea una facultad y no una obligación; y que se admita la agrupación de procesos tarifarios de sistemas semejantes.
También propuso separar en el texto legal los conceptos de fiscalización y sanción. Según explicó, el proyecto emplea en ocasiones la expresión proceso de fiscalización cuando en rigor alude a un proceso sancionatorio, lo que genera confusión sobre el verdadero rol del organismo.
CONSULTAS DE LOS SENADORES
Durante la ronda de preguntas, los parlamentarios consultaron sobre las asambleas y el quórum para decidir materias tarifarias. Jaque respondió que en los procesos de tarificación no se exige un quórum mínimo y que las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros presentes. Añadió que muchos sistemas contemplan en sus estatutos multas por inasistencia, con el fin de asegurar la participación y la viabilidad de la gestión comunitaria.
También se abordó el destino de las denuncias por irregularidades administrativas. Rivas fue claro en señalar que la Superintendencia solo fiscaliza la calidad y continuidad del agua potable y el saneamiento. Hechos como una eventual malversación de fondos quedan fuera de su competencia y deben ser conocidos por otros organismos.
En relación con los planes de cumplimiento, el superintendente explicó que no existen plazos únicos: cada plan define hitos y cronogramas propuestos por el propio APR, los que deben ser aceptados por la Superintendencia según la naturaleza de la corrección requerida.
LA VISIÓN DE LOS DIRIGENTES
Obregón advirtió que el 52% de los más de 2.700 servicios sanitarios rurales del país supera los veinte años de antigüedad. También mencionó el alza de los costos de operación, las mayores exigencias regulatorias y el déficit de capacitación técnica y administrativa.
El dirigente reclamó que la Dirección de Obras Hidráulicas carece de la información de los proyectos ejecutados —ya que, según denunció, las consultoras «se llevaron el know-how para la casa»—, lo que impide planificar el mantenimiento de la infraestructura tanto al organismo público como a los propios servicios rurales. A su juicio, el modelo público comunitario es el más adecuado para preservar el carácter social de estos servicios.
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Concluidas las audiencias, la comisión inició la votación de las indicaciones. La primera de ellas, orientada a establecer que la ley tiene por objeto garantizar el acceso al agua y al saneamiento en el ámbito rural, fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra, tras un debate acerca de si esa garantía ya está reconocida en el artículo 5° del Código de Aguas.
A continuación se discutió una indicación del Ejecutivo que elimina la referencia a que los operadores sean reconocidos como licenciatarios. La propuesta generó dudas sobre la situación de los sistemas que operan sin licencia, por lo que se acordó postergar su resolución hasta contar con una redacción que armonice con otra indicación que otorga licencia a todos los operadores.
Con el tiempo de la sesión agotado, la presidenta de la comisión levantó la reunión y anunció que la votación en particular continuará en la próxima sesión.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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