Sindicato de Profesionales de Chuquicamata cuestiona auditoría interna de Codelco y se niega a devolver bonos por US$14,3 millones
La controversia por los bonos mal pagados a más de seis mil trabajadores de Codelco suma un nuevo capítulo. El monto en cuestión asciende a US$14,3 millones, cifra que la estatal ordenó recuperar tras una auditoría interna que detectó que las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales (DMH) registraron material no autorizado como productos terminados en la producción de cobre de 2025.
El director del Sindicato de Profesionales de Codelco Chuquicamata, Marcelo Bucarey, que agrupa a cerca de 700 socios, rechazó los fundamentos técnicos de esa auditoría. En entrevista con La Tercera, sostuvo que las 20 mil toneladas de óxidos de Chuquicamata estaban en regla y que generarían una rentabilidad de US$20 millones, situación diferente a las toneladas de Hales.
EL PROBLEMA TÉCNICO DE LA AUDITORÍA INTERNA
Bucarey afirmó que la auditoría interna no tiene fundamento técnico porque el equipo auditor no manejaba correctamente las definiciones de las normas internas. En concreto, mencionó la norma NCC-2 y la Instrucción Financiera Corporativa (IFC) 108, que establecen excepcionalidades para la clasificación de productos.
Según el dirigente, esas normas se aplicaron para que las 20 mil toneladas de óxido de Chuquicamata fuesen parte de la producción de 2025. En cambio, los polvos de Monte Cristo de la división Hales no cumplían los requisitos bajo ningún punto de vista.
“Hay protocolos firmados de prueba entre las minas Chuquicamata y RT para el tratamiento de ese mineral, con una proyección a 18 meses y con ganancias puestas en la mesa de US$20 millones”, explicó Bucarey. Por lo tanto, aseguró que para el directorio sindical esos óxidos están bajo regla.
El dirigente sostuvo que la auditoría inicial se desmorona por errores conceptuales básicos. Señaló que se confundieron las definiciones de P0 y P1: la auditoría consideraba P0 como minerales en proceso y P1 como minerales terminados para la venta, pero las normas NCC-2 e IFC-108 permiten excepcionalidades que no fueron consideradas.
LA NUEVA AUDITORÍA EXTERNA Y EL CONFLICTO DE INTERÉS
La empresa KPMG fue contratada para realizar una segunda auditoría, ordenada por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine. Bucarey valoró la decisión, pero advirtió un posible conflicto de interés.
Según el director sindical, Tamara Agnic, actual directora del Comité de Auditoría y Ética (CACE) de Codelco, fue socia accionista de KPMG entre 2016 y 2021. “Eso nos llama profundamente la atención. ¿Cómo pueden nombrar a una empresa donde la que hoy día es directora del Comité de Auditoría y Ética formó parte como socia accionista? No la invalida, pero al menos esto debió haberse conocido antes”, afirmó.
Consultado sobre si ese vínculo puede afectar el resultado de la nueva auditoría, Bucarey respondió que “podría verse afectado eventualmente”.
LA POSTURA DEL SINDICATO FRENTE A LA DEVOLUCIÓN
El dirigente confirmó que han mantenido reuniones formales con la administración de Codelco. La orden del directorio, producto de la auditoría interna, es recuperar los bonos que consideran mal pagados. Sin embargo, la postura de trabajadores y supervisores es no devolver.
“No es por un capricho, sino porque no tenemos la certeza de que haya que devolver, toda vez que las 20 mil toneladas de Chuqui estarían en regla”, explicó.
Bucarey rechazó la idea de que los trabajadores se estén aprovechando de un error. “En la opinión pública está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”, dijo. Añadió que los trabajadores de Codelco son “gente honesta, de un alto nivel profesional, ético y moral”.
El dirigente comparó la situación con el vuelto de una compra: “Aquí nadie se ha hecho el leso. Nosotros recibimos un pago de buena fe y mucha gente a lo mejor gastó el dinero de buena fe”. Afirmó que si hay que devolver algo, lo harán, pero no devolverán lo que no corresponde.
LLEVA EL CASO AL DIRECTORIO
Bucarey responsabilizó directamente a la alta dirección de Codelco. Mencionó al presidente ejecutivo, Máximo Pacheco, y al vicepresidente de Operaciones, Rubén Alvarado, junto a todo el equipo de ejecutivos que tuvieron participación en la situación.
El dirigente sindical insistió en que el daño reputacional causado a los trabajadores ha sido “atroz”. Lo único que piden es que la auditoría externa sea objetiva y aclare la situación, para que los verdaderos responsables se hagan cargo.
La controversia se enmarca en la aplicación de las normas internas NCC-2 e IFC-108, cuyo alcance técnico será clave para determinar la legalidad de los bonos pagados. Mientras la auditoría externa no se pronuncie, el conflicto entre la administración de Codelco y sus trabajadores sigue abierto.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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