El proyecto de ley conocido como «Ordenemos las tarifas» quedó en condiciones de convertirse en ley tras su tramitación en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa, informada por TV Senado Chile, busca ordenar el funcionamiento tarifario del sector eléctrico, resolver la deuda que mantienen los consumidores con las empresas distribuidoras y mejorar la calidad, continuidad y resiliencia del suministro, junto con fortalecer la transparencia y el control del sistema.
La Comisión de Minería y Energía del Senado realizó más de 16 audiencias durante la discusión del proyecto. La presidenta de esa instancia, senadora Yasna Aproboste, detalló en la sala que se alcanzó un protocolo de acuerdo para trabajar una serie de materias pendientes, entre ellas la modernización de la distribución, inversiones complementarias para mejorar la calidad del servicio y una hoja de ruta para los procesos tarifarios. También se comprometió avanzar en transparencia y verificabilidad del mecanismo.
MEDIDAS PRINCIPALES
Una de las disposiciones centrales del proyecto es la extensión del subsidio eléctrico. Los parlamentarios solicitaron que el beneficio, que no fue legislado durante 2024, se prorrogue hasta el año 2027. De esta forma, los sectores más vulnerables continuarán recibiendo apoyo en sus cuentas de electricidad.
Otra medida relevante apunta a amortiguar el alza de tarifas que enfrentan las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde los aumentos proyectados alcanzan entre un 19% y un 23%. Para ello, el proyecto aplicará precios más bajos a las subestaciones eléctricas de esas zonas y destinará un fondo de 16.000 millones de pesos para los sistemas medianos, evitando un golpe directo a las boletas de los habitantes de Aysén y Magallanes.
Además, se fortalecerá la protección de los electrodependientes, incluyendo un procedimiento específico para acceder a beneficios tarifarios. La iniciativa también contempla mecanismos de información y seguimiento por parte de la Comisión Nacional de Energía.
DEUDA Y MECANISMO DE PAGO
Los consumidores chilenos mantienen actualmente una deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía que asciende a unos 900 millones de dólares. El proyecto de ley presentado por el gobierno propone comenzar a pagar esa deuda a partir del año 2028.
La alternativa aprovecha una baja programada en las cuentas de la luz que tendrá lugar desde el 1 de enero de 2028, vinculada a la distribución del cargo del mecanismo de protección al cliente. Según lo explicado en la transmisión del Senado, entre 2024 y 2027 los consumidores debían pagar 22 pesos por kilowatt-hora por ese concepto, mientras que en el periodo 2028-2035 el cobro disminuiría a 9 pesos por kilowatt-hora.
El proyecto aprobado limita esa baja, sumando 5 pesos por kilowatt-hora al cobro correspondiente, dejando el valor final en 14 pesos por kilowatt-hora. De este modo, se genera un ingreso adicional que permite iniciar el pago de la deuda sin afectar excesivamente a los usuarios.
TRANSPARENCIA Y CONTROL
La senadora Aproboste destacó la importancia de incorporar en la iniciativa transparencia en los procesos regulatorios, límites a la renegociación de contratos y un mayor control sobre el mecanismo tarifario. El protocolo de acuerdo suscrito durante la discusión incluye compromisos en estas materias, así como la elaboración de una hoja de ruta para futuros procesos tarifarios.
La aplicación de la ley evitará alzas este año en regiones como Los Ríos y Los Lagos, donde los incrementos proyectados superaban el 20%. Con estas medidas, el Congreso busca dar certeza a los consumidores y estabilidad al sistema eléctrico nacional.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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