
El dilema del gobierno en la reforma previsional: modificar o no la licitación de afiliados
El Ejecutivo chileno analiza en privado posibles ajustes a la licitación del stock de afiliados de las AFP, la medida más resistida por la industria dentro de la reforma previsional. Aunque no existe una decisión tomada, los ministerios de Hacienda y Trabajo estudian cambios en los plazos de implementación o en aspectos de diseño, en medio de advertencias de actores del sistema sobre riesgos para la rentabilidad de los fondos de pensiones.
La nueva ley establece que cada dos años se licitarán grupos de afiliados ya pertenecientes a las AFP, seleccionados de manera aleatoria y equivalentes al 10% de los afiliados no pensionados. La administradora que oferte la menor comisión se adjudica la subasta, con el objetivo de reducir costos y fomentar la competencia. Este mecanismo reemplaza la actual licitación de nuevos afiliados.
ANÁLISIS PRELIMINAR
Desde hace tiempo la Asociación de AFP ha expresado preocupación por el plazo para implementar la licitación del stock, considerando que implicaría el traspaso de más de un millón de afiliados. Esto ocurriría simultáneamente con la transición desde los actuales multifondos a los fondos generacionales, el mayor cambio en las inversiones de los fondos de pensiones en más de dos décadas.
La ley fijó el paso a fondos generacionales en abril de 2027, el primer llamado a licitación en agosto de 2027, su adjudicación en diciembre de ese año y el traspaso de afiliados en junio de 2018. La Asociación de AFP ha señalado que esto puede afectar la rentabilidad de los fondos generacionales y genera complicaciones en la inversión en activos alternativos.
El economista y académico de la FEN de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, considera que el tamaño de la licitación es demasiado grande y demasiado frecuente para un normal desenvolvimiento del sistema previsional. Larraín propone hacer una licitación más pequeña, con mayor espacio entre una y otra, y postergar su puesta en marcha hasta que los fondos generacionales estén estabilizados. Sin embargo, advierte que cualquier ajuste requiere reformas legales.
RIESGOS Y CRÍTICAS
La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, reconoció que varios actores, incluso distintos de las AFP, les han señalado que existe un riesgo al implementar ambas medidas de forma simultánea, lo que podría generar impactos en el mercado de capitales y en los fondos de pensiones. Cabezón indicó que están evaluando y escuchando a más actores, y que si encuentran fundamentos sólidos de que hay daño a la rentabilidad, su responsabilidad sería levantar el tema y ver la opción de presentar una ley corta que amplíe los plazos.
Sobre modificaciones más de fondo, la subsecretaria dijo que evalúan si la licitación del 10% del stock cada dos años puede dificultar la inversión en activos alternativos, que son poco líquidos y costosos de traspasar entre AFP, aunque aclaró que por ahora no tienen la intención de realizar ningún cambio.
Dentro de Chile Vamos hay parlamentarios que estiman que reabrir el debate de este tipo es abrir una caja de pandora, porque implicaría debatir nuevamente sobre la existencia de las AFP como se conocen hoy. Consideran que los costos políticos son altos y que lo mejor sería intentar llegar a los plazos definidos.
Además, apuntan a que la mayoría que tienen en el Senado es frágil. Recuerdan la situación del senador aliado del gobierno, Miguel Ángel Calisto, quien podría quedar desaforado, perder el cargo y ser reemplazado por otro dirigente de la Frevs, ya que compitió en un cupo de esa colectividad. Esto derivaría en un Senado empatado exactamente a 25 votos.
POSTURAS POLÍTICAS
La economista y directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal, estima que reabrir el debate es una mala idea, aunque sugiere que quizás se podría hacer un proyecto muy acotado que solo ajuste los plazos.
Por su parte, el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dijo que si bien siempre es bueno contar con más tiempo, en total hay quince meses desde la implementación de los fondos generacionales para que la licitación finalmente surja sus efectos, y considera que no es demasiado apresurado.
El senador Sergio Gahona (UDI) explicó que siempre estarán disponibles para analizar cualquier proyecto que el Ejecutivo presente al Congreso, pero no creen que sea conveniente reabrir un debate sin conocer una propuesta concreta y su fundamento técnico. Señaló que la licitación del stock de afiliados fue parte de una reforma ampliamente discutida y cualquier modificación debe estar debidamente justificada, demostrar que mejora la competencia, protege a los afiliados y entrega mayor certeza al sistema.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.







