La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó este martes, en general y por unanimidad, el proyecto de ley que pone término al monopolio del Servicio Médico Legal en el cotejo de huellas genéticas y habilita a Carabineros y a la PDI para comparar perfiles directamente con el registro nacional. La Cámara de Diputados ya había despachado la iniciativa con 122 votos a favor y 9 abstenciones, de modo que el texto quedó a un paso de la Sala del Senado, donde será sometido a votación en particular.
El proyecto modifica el Código Procesal Penal y la Ley N° 19.970. Su justificación central es una diferencia de plazos que, según el diagnóstico que acompaña la tramitación, ha frenado investigaciones penales durante años.
EL CUELLO DE BOTELLA QUE SE BUSCA DESTRABAR
Los laboratorios de Carabineros (Labocar) y de la PDI pueden determinar una huella genética a partir de evidencia biológica en un plazo cercano a los 10 días. Esa misma huella, en cambio, debe esperar entre 8 y 10 meses para que el SML la coteje con la base de datos nacional.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, describió esa diferencia ante la Sala de la Cámara: «Ese es el cuello de botella que este proyecto viene a destrabar».
Los antecedentes aportados por la Contraloría General de la República refuerzan el punto. Un informe remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara detectó retrasos de hasta más de 11 años en el análisis de huellas genéticas, además de miles de perfiles no incorporados al sistema, deficiencias en la trazabilidad y custodia de evidencias y ausencia de plazos para la emisión de peritajes. Otra fiscalización del organismo contralor reveló casos de hasta 13 años de retraso en el ingreso de huellas a los registros de ADN.
CAMBIOS EN EL COTEO Y EN LA LEY N° 19.970
En el Código Procesal Penal, el proyecto reemplaza el artículo 199 bis para incluir expresamente, junto a los profesionales del SML, a profesionales y técnicos debidamente acreditados de Carabineros y de la PDI entre quienes pueden efectuar pruebas biológicas destinadas a determinar huellas genéticas.
En la Ley N° 19.970, la modificación de mayor impacto se concentra en el artículo 13: los laboratorios policiales quedarán habilitados para comparar directamente los perfiles con el Sistema Nacional de Registros de ADN y remitir el informe de resultados al Ministerio Público o al tribunal correspondiente, sin la derivación obligatoria al SML.
El Servicio Médico Legal, de todos modos, no queda fuera del circuito. Conservará el control exclusivo sobre la conservación y destrucción del material biológico y seguirá siendo la entidad encargada de acreditar los laboratorios policiales habilitados para realizar estas pericias. El Servicio de Registro Civil e Identificación continuará administrando y custodiando el Sistema Nacional de Registros de ADN.
RESGUARDOS PARA LAS VÍCTIMAS
El texto incorpora garantías para las víctimas. La incorporación de una huella al registro requerirá instrucción del Ministerio Público, y la víctima deberá ser previamente informada y consultada sobre su derecho a oponerse. Se mantiene, además, la exigencia de que los perfiles utilizados se limiten a información genética no codificante.
LAS RESERVAS Y LAS ADVERTENCIAS
El punto más conflictivo del debate parlamentario fue la incorporación de adolescentes al sistema. El diputado Jaime Bassa (FA) formuló una reserva de constitucionalidad contra el artículo 3° del proyecto, sosteniendo que la norma «desconoce el principio constitucional de especialidad de la responsabilidad penal adolescente» y vulnera la garantía de igualdad ante la ley al asimilar el tratamiento de adolescentes y adultos en una materia donde sus diferencias de desarrollo y culpabilidad exigen un estatuto diferenciado.
El diputado Marcos Barraza (PC) advirtió que acreditar al profesional no equivale a acreditar el laboratorio completo y cuestionó la ausencia de reglas claras frente a eventuales resultados contradictorios entre instituciones.
La diputada Ana María Gazmuri (AH) valoró la utilización de la capacidad científica ya instalada en las policías, aunque advirtió sobre la necesidad de reforzar la trazabilidad y la custodia de la información genética.
RESPALDO TRANSVERSAL Y TRÁMITE PENDIENTE
El diputado Felipe Camaño (IND) resumió el espíritu de la iniciativa: «No podemos tener tecnología disponible y permitir que la burocracia termine atrasando una investigación».
El Gobierno sostiene que la iniciativa no requiere nuevos recursos fiscales, ya que ambas policías cuentan con laboratorios acreditados, equipamiento y personal especializado. Según el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos, el proyecto no generará un mayor gasto estatal.
Al 31 de diciembre de 2024, Carabineros había aportado 4.374 de los 7.640 perfiles genéticos incorporados al sistema, equivalentes al 57,25% del total nacional.
La Comisión de Seguridad del Senado, integrada por Karim Bianchi (Ind.), Cristián Vial (Ind.-republicanos), Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD) y Juan Luis Castro (PS), dio su aprobación unánime. La definición queda ahora en manos de la Sala del Senado.
En nuestra lectura, el asunto podría interesar a los abogados que litigan en materia penal, porque el debate combina una discusión sobre plazos, trazabilidad y custodia de la prueba con una reserva de constitucionalidad referida al estatuto adolescente. Parece razonable seguir con atención cómo se abordan ambos planos en la votación en particular que resta.
Fuente: elciudadano.com
Documento original: https://www.elciudadano.com/justicia/chile-congreso-pone-fin-al-monopolio-del-sml-en-el-cotejo-de-adn-las-policias-podran-comparar-huellas-geneticas-directamente/10/21/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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