Justicia defiende 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores y apela a criterio de la Corte Suprema
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió las 56 rebajas de condena que la cartera otorgó durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Lo hizo con un argumento central: que las resoluciones responden a criterios establecidos previamente por la Corte Suprema y que el ministerio se limitó a cumplir lo resuelto por el máximo tribunal. La controversia surgió a partir de antecedentes publicados por Interferencia y dio lugar a un intercambio en el que se cuestionó el origen de esas decisiones y la transparencia con que fueron informadas.
LAS CIFRAS DEL PERÍODO
Según esos antecedentes, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 la cartera dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena. Del total, 27 correspondieron a abuso sexual de menores y 29 a violación. En el mismo período, solo una solicitud fue rechazada por el ministerio.
Se trata, de acuerdo con esos antecedentes, de decisiones adoptadas mediante decretos de la cartera.
EL ARGUMENTO DEL MINISTERIO
La respuesta del secretario de Estado se produjo al ser consultado específicamente por estas decisiones. «Lo que hizo el ministerio (…) fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso. Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema», afirmó.
LA MODIFICACIÓN LEGAL DE 2022
Rabat explicó que en 2022 se modificó la legislación para excluir de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores. Sin embargo, sostuvo que antes de la entrada en vigencia de esa norma la Corte Suprema había acogido recursos de amparo de personas que solicitaban las rebajas.
Sobre esa base, su defensa se apoyó en que la cartera debía seguir el criterio fijado por el máximo tribunal.
LA OBJECIÓN SOBRE LOS RECURSOS INDIVIDUALES
Durante el intercambio se planteó al ministro que las 56 decisiones no habrían sido precedidas por recursos judiciales individuales, sino que fueron resueltas directamente por el Gobierno. Ante esa observación, Rabat insistió en que el ministerio debía seguir la doctrina establecida por la Corte Suprema y no alteró su posición.
La controversia quedó expuesta así en dos planos. La defensa del secretario de Estado se sostiene en resoluciones judiciales previas del máximo tribunal, mientras la objeción apuntó a que los decretos no habrían tenido como antecedente inmediato una presentación caso a caso.
TRANSPARENCIA Y ALCANCE DE LA INFORMACIÓN
Consultado sobre por qué no se informó públicamente de manera más transparente, Rabat respondió que los actos administrativos son públicos. Su respuesta se apoyó en esa condición general de los decretos.
Hasta ahora, en todo caso, no se ha precisado cuántas de las condenas rebajadas corresponden a delitos cometidos antes de la modificación legal de 2022 ni cuál fue el fundamento específico aplicado en cada caso.
LOS PUNTOS QUE SIGUEN ABIERTOS
Las preguntas que quedaron planteadas apuntan a determinar el sustento concreto de cada uno de los 56 decretos y a establecer si los hechos que los motivaron son anteriores o posteriores a la modificación legal de 2022. Ese desglose no se ha precisado por ahora.
En nuestra lectura, la explicación del ministerio se apoya en un criterio judicial previo, pero deja abierto justamente el punto que no se ha precisado: el fundamento aplicado en cada uno de los 56 decretos. Sería prudente que esa información estuviera disponible, considerando que el propio ministro afirmó que los actos administrativos son públicos.
Fuente: adnradio.cl
Documento original: https://www.adnradio.cl/2026/10/21/orden-administrativa-ministro-de-justicia-aborda-rebajas-de-pena-a-56-condenados-por-delitos-sexuales-contra-menores/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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