La suspensión preventiva de funcionarios públicos se ha extendido hasta convertirse en una carga permanente para el Estado: 485 trabajadores permanecían apartados de sus cargos mientras seguían percibiendo sus remuneraciones, de acuerdo con el catastro que la titular de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, presentó ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. La presentación, dada a conocer este 21 de octubre de 2026, abordó los costos de las demoras en los sumarios administrativos y las responsabilidades que corresponden por esos retrasos.
EL DIAGNÓSTICO DEL ORGANISMO CONTROLADOR
El informe constató que algunos de los funcionarios suspendidos preventivamente mantienen esa condición desde 2020. La cifra gruesa son los 485 casos vigentes, pero el desglose es más elocuente para efectos de gestión: 392 funcionarios registraban suspensiones superiores a un año y, entre ellos, 30 acumulaban tres años o más bajo la misma medida.
A ello se suma un hallazgo que la Contraloría relevó en su exposición: 14 funcionarios desarrollaban otras actividades remuneradas mientras se encontraban suspendidos de sus cargos.
El impacto financiero también fue cuantificado. La titular del organismo estimó que solo en los diez casos más prolongados el gasto en remuneraciones supera los 671 millones de pesos. A ese monto se agregan los costos asociados a la contratación de personal de reemplazo, que aumentan el gasto público cuando las instituciones deben cubrir las funciones que quedan vacantes.
LAS MEDIDAS ANUNCIADAS
Frente a estos resultados, la Contraloría comunicó que asumirá directamente la tramitación de los 30 sumarios más prolongados. Junto con ello, exigió a las instituciones revisar las suspensiones que superen un año, acelerar los procedimientos en curso y determinar eventuales responsabilidades administrativas por las demoras.
El organismo implementó además un sistema de seguimiento destinado a prevenir nuevos retrasos y anunció fiscalizaciones complementarias en 11 servicios públicos.
El informe recuerda el fundamento de la medida: la suspensión preventiva busca resguardar las investigaciones y proteger a los denunciantes. No obstante, advierte que su prolongación excesiva puede resultar desproporcionada y afectar la eficiencia de la administración pública.
LA PREOCUPACIÓN PARLAMENTARIA
Durante el debate, los parlamentarios manifestaron su preocupación por la extensa duración de los sumarios administrativos y por la falta de sanciones a los fiscales investigadores responsables de su tramitación. En esa línea, plantearon la necesidad de establecer plazos y de fortalecer los mecanismos de control.
Los legisladores solicitaron además información sobre aquellos sumarios que no contemplan suspensiones preventivas y sobre su impacto en el funcionamiento de los servicios públicos, junto con consultar por los mecanismos disponibles para establecer responsabilidades disciplinarias.
El debate también abordó la incertidumbre que enfrentan tanto los funcionarios investigados como las personas denunciantes cuando los procedimientos se extienden por años. Se mencionaron, en particular, las dificultades que surgen cuando las denuncias involucran a directores de servicios.
En ese contexto, los integrantes de la comisión plantearon la necesidad de abordar el problema de manera integral, mediante un trabajo conjunto con el Ejecutivo que permita mejorar los procedimientos, garantizar los derechos de los funcionarios y asegurar la continuidad de los servicios públicos.
OTRAS INICIATIVAS VISTAS EN LA JORNADA
La comisión también escuchó a la diputada Claudia Mora, una de las autoras del proyecto que modifica la Ley de Rentas Municipales para ampliar el plazo de vigencia de las patentes municipales provisorias, correspondiente al boletín 18576. Con su exposición, la instancia inició la discusión general de la iniciativa.
En la misma jornada comenzó el debate en general del proyecto que modifica la Ley 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en materia de régimen funcionario, identificado con el boletín 18728. En esa oportunidad expuso el presidente de la Asociación Nacional de funcionarias y funcionarios de la Contraloría General de la República, Cristopher Roldán.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes asesoran a servicios públicos, la exposición fija dos tareas concretas: revisar las suspensiones preventivas que excedan un año y determinar eventuales responsabilidades administrativas por las demoras en los procedimientos. A ello se suma la apertura del debate sobre el régimen funcionario del organismo contralor, contenido en el boletín 18728, cuyo trámite recién comienza en la comisión.
En nuestra lectura, la jornada deja instalada una tensión que los abogados del sector público conocen bien: la misma medida que protege una investigación puede, por su duración, volverse difícil de justificar ante el servicio que la aplica y ante el funcionario que la soporta. Parece razonable que la discusión parlamentaria sobre plazos y responsabilidades de los fiscales instructores se apoye en el catastro expuesto y no solo en la percepción de las partes.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/21/exponen-demoras-en-sumarios-administrativos-en-el-sector-publico/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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