Reforma constitucional en seguridad: senadores de distintos sectores proponen consagrar el crimen organizado en la Constitución
Un grupo transversal de senadores patrocina una reforma a la Constitución con la que buscan reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad organizada y a las amenazas que afectan la seguridad pública. La iniciativa nació a raíz de las diferencias que generó un proyecto del Ejecutivo en la misma materia, fue derivada a la Comisión de Constitución para su estudio y sus autores convocaron a construir un acuerdo político amplio, además de solicitar el patrocinio del Gobierno.
El contenido fue abordado en una emisión del canal TV Senado Chile, publicada el 13 de octubre de 2026. Allí se dio cuenta de que el texto ya se encuentra cerrado y que fue compartido en detalle con el Ejecutivo, y se insistió en la necesidad de diálogo y acuerdo, con un llamado a los senadores de centroizquierda a revisar el proyecto en su mérito antes de votarlo.
LLAMADO AL ACUERDO POLÍTICO
Los patrocinantes subrayaron que la ciudadanía espera de sus representantes diálogo, acuerdo y capacidad de conversación para arribar a un texto que permita avanzar. La reforma fue descrita como una herramienta dentro de un conjunto de proyectos, reconociéndose que existen otras iniciativas en tramitación en materia de seguridad que también requieren ser impulsadas para progresar en conjunto.
En esa línea, se llamó a poner fin a las críticas apresuradas contra proyectos que no han sido revisados y se pidió a los senadores de centroizquierda leer cuidadosamente el texto, analizarlo en su mérito y votarlo a favor, atendido el mandato ciudadano en materia de seguridad. Se advirtió, además, que la propuesta busca responder a lo que la población demanda en esta materia y que su contenido está orientado a habilitar medidas concretas contra la criminalidad organizada.
LOS TRES PILARES DE LA PROPUESTA
La reforma se ordena en tres ejes. El primero incorpora el crimen organizado al artículo 9 de la Constitución, norma que hoy se refiere al terrorismo, y establece que estas actividades son contrarias a los derechos humanos.
El segundo eje apunta al sistema penitenciario. La iniciativa incorpora respaldo constitucional para establecer regímenes especiales de segregación, aislamiento e incomunicación aplicables a internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado, al terrorismo o a otros delitos que determine la ley. El objetivo declarado es impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los recintos penitenciarios.
El tercer eje contempla modificaciones al actual estado de excepción constitucional, sin crear un nuevo marco jurídico. Se aclaró que la propuesta no instaura una figura inédita, sino que perfecciona la vigente, que ha dado resultados, en particular en la Macrozona Sur. Bajo ese criterio, cualquier amenaza actual e inminente para la seguridad o el orden público, especialmente asociada al crimen organizado y al narcotráfico, habilitaría al Presidente de la República para declarar el estado de excepción.
CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO
Durante la presentación se contrastó el tratamiento constitucional del terrorismo con el fenómeno del crimen organizado. Se sostuvo que el terrorismo ya cuenta con reconocimiento a nivel constitucional y que los actos terroristas son acotados y conocidos, mientras que la criminalidad organizada se extiende más allá de lo que supone cualquier delito de alto impacto. Sobre esa base se remarcó el carácter focalizado y pertinente de la iniciativa, y se expresó la expectativa de que los parlamentarios la respalden de manera transversal.
TRAMITACIÓN Y CONTENIDOS
La reforma fue enviada a la Comisión de Constitución para su estudio, instancia en la que deberá ser analizada antes de continuar su tramitación legislativa. El detalle de la programación legislativa y de los contenidos del canal está disponible en senado.cl y en el canal de YouTube TV Senado Chile.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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