SENTENCIA DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DEL TRABAJO: PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LA FORMALIDAD LABORAL Y APOYA A LAS MIPYMES
El proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional busca erradicar la informalidad laboral en Chile, que afecta a más de 2,4 millones de trabajadores, y establece nuevos estándares para el acceso a beneficios fiscales por parte de las empresas. La iniciativa, que modifica el Código del Trabajo, introduce mecanismos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, y crea sanciones específicas para la contratación «sin papeles» o «en negro».
La propuesta, impulsada por la diputada Gael Yeomans Araya, entrega un diagnóstico crítico del fenómeno: la informalidad no es una decisión libre del trabajador, sino una conducta empresarial intencional. El proyecto asegura que 4 de cada 5 asalariados informales del sector privado pertenece a empresas formalmente registradas, lo que implica que la informalidad depende exclusivamente del cumplimiento de la normativa laboral vigente.
DATOS CLAVE: INFORMALIDAD SE CONCENTRA EN MIPYMES Y EMPRESAS FORMALES
La tasa de ocupación informal en Chile se ha mantenido estable en torno al 28%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas desde 2017. Para 2023, de los 9 millones de ocupados a nivel nacional, aproximadamente 2,4 millones eran informales, representando el 27% del total.
El cuentapropismo es el segmento que más ha crecido, pasando de representar el 46% de los informales en 2018 a más de la mitad en la actualidad. Sin embargo, el dato más relevante para la propuesta es que existen más de 650 mil trabajadores asalariados informales que dependen de empresas formales, lo que equivale a más de 7 puntos de la tasa de ocupación informal. Este segmento se concentra principalmente en empresas con menos de 200 trabajadores, donde la informalidad alcanza el 85%.
El proyecto denuncia que los mecanismos legales actuales, como la presunción legal de existencia del contrato y las multas, no son disuasivos eficaces. La ausencia de escrituración suele acompañarse de la vulneración de otros derechos como la falta de registros de asistencia, liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales, transformándose en el gatillo de múltiples infracciones laborales.
LA INICIATIVA PROPONE CUATRO EJES CENTRALES
La idea matriz del proyecto contempla modificaciones al Código del Trabajo en cuatro ejes centrales. El primero reconoce el deber del Estado de promover el trabajo decente como principio transversal de las políticas públicas. El segundo se enfoca en el rol de las empresas mandantes respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales de sus contratistas y subcontratistas. El tercero releva la formalidad laboral como estándar básico de cumplimiento. Finalmente, se incorporan plazos de regularización para las micro y pequeñas empresas.
Uno de los cambios más importantes se propone en el artículo 2 del Código del Trabajo, estableciendo que el Estado deberá promover el trabajo decente, entendido como aquel que garantiza el respeto pleno a los derechos fundamentales, la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia, el acceso a seguridad social y la participación y diálogo social.
MECANISMOS DE SANCIÓN Y APOYO A LAS MIPYMES
La propuesta incluye la creación de un nuevo artículo 506 quinquies que obliga a los empleadores a estar al día en sus cotizaciones previsionales y a cumplir con la escrituración de los contratos de trabajo. La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones, estableciendo que las empresas mandantes no podrán alegar que los trabajadores se encuentran bajo dependencia de un tercero para evitar responsabilidades.
Sin embargo, la iniciativa contempla un tratamiento diferenciado para las micro y pequeñas empresas, quienes tendrán derecho a un plazo especial antes de la aplicación de sanciones y podrán acceder a un programa de cumplimiento asistido, según lo dispuesto en la ley N°21.327, que crea la unidad de atención a la micro, pequeña y mediana empresa.
EFECTOS EN EL ACCESO A BENEFICIOS FISCALES
El proyecto se fundamenta en el rol promocional del Estado y establece que la formalidad y el cumplimiento de la normativa laboral serán condiciones habilitantes para acceder a beneficios estatales destinados a la contratación. Esta línea sigue el criterio establecido por la ley N°21.180, que crea el sistema de subsidio unificado al empleo, donde el Congreso ya señaló que es difícilmente justificable destinar recursos fiscales a empleadores que no cumplen con la legislación laboral.
En materia de empresas mandantes, se modifica el artículo 183-D para que, en caso de incumplimiento de las obligaciones de escrituración por parte del contratista o subcontratista, la empresa principal deba verificar la corrección y cumplimiento de dichas obligaciones. Esto responde a la realidad de la externalización productiva, donde la gran empresa impone condiciones comerciales abusivas que dificultan la formalidad en las empresas de menor tamaño.
El proyecto será discutido en Comisión Mixta tras su aprobación en el primer trámite constitucional. La iniciativa representa un cambio de paradigma en el tratamiento de la informalidad laboral, pasando de la sanción privada a la promoción pública del cumplimiento.
Rol N° 18500-13, Periodo Legislativo 2026-2030, Legislatura 374, Sesión N° 48, Primer Trámite Constitucional, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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