Un estudio encargado por el Poder Judicial al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) detectó una serie de nudos críticos que dificultan la implementación de la Ley 21.675, normativa que establece un marco integral contra la violencia hacia la mujer. Los resultados fueron presentados en un seminario encabezado por la ministra de la Corte Suprema Jessica González y organizado por la Secretaría de Género y no Discriminación del Poder Judicial, instancia que congregó a autoridades, magistrados y expertos, según informó el canal Poder Judicial Chile en un video sobre el evento.
PRINCIPALES DIFICULTADES DETECTADAS
El informe, titulado “Nudos críticos y la implementación de la Ley N° 21.675”, analizó las dudas interpretativas que han manifestado funcionarios y funcionarias de los tribunales del país. Uno de los hallazgos centrales fue la confusión en torno al concepto de violencia por razón de género. Los operadores del sistema judicial no logran definir con claridad cuándo una agresión califica bajo ese estándar, lo que genera inconsistencias en la tramitación de causas.
A partir de esa ambigüedad, surgen problemas de competencia. Los tribunales no saben con certeza qué juzgado debe conocer de una denuncia, lo que provoca múltiples derivaciones de los casos y, en consecuencia, una sobrecarga para los juzgados que finalmente los reciben. La investigación también reveló que la falta de capacitación en enfoque de género es transversal, así como la debilidad en la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia.
Como explicaron los expositores durante el seminario, la interpretación del concepto de violencia basada en género es “un problema nuclear” del que derivan otros inconvenientes, tanto de orden interpretativo como de gestión judicial. La ministra Jessica González subrayó que el objetivo es que estos nudos críticos sean abordados por la judicatura y también desde la Secretaría Técnica de Género, pero resaltó que lo más relevante es dar a conocer la herramienta para que cada tribunal realice su propio análisis.
RECOMENDACIONES PARA UNA APLICACIÓN UNIFORME
El estudio, que se espera facilite la mejora permanente de la labor judicial, entrega una serie de recomendaciones concretas. Propone fortalecer la coordinación entre las instituciones que participan en el sistema de justicia, con el fin de evitar derivaciones innecesarias y unificar los criterios de actuación.
También se sugiere reforzar las capacidades de los equipos judiciales mediante capacitaciones continuas en materia de género. El informe enfatiza la necesidad de consolidar un enfoque interseccional y territorial, de modo que la aplicación de la ley considere las particularidades de cada región y las distintas formas de discriminación que pueden intersectarse con la violencia de género.
Finalmente, se recomienda incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir progresivamente la implementación de la Ley 21.675 y ajustar las prácticas judiciales cuando sea necesario. De esta manera, el Poder Judicial busca avanzar hacia una respuesta más eficaz y uniforme frente a la violencia contra la mujer.
La presentación del estudio marca un paso concreto en el compromiso del Poder Judicial por mejorar la aplicación de esta normativa, que desde su entrada en vigencia ha plantado desafíos interpretativos y operativos para los tribunales del país.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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