La caída de los Fondos D y E entre enero y septiembre de 2026 ya no se discute solo en el terreno administrativo. El fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Mario Valderrama, sostuvo que la investigación del organismo podría derivar en querellas criminales por administración desleal contra las administradoras, además de eventuales sanciones administrativas, aunque hasta ahora no se han acreditado infracciones.
LOS NÚMEROS QUE ORIGINARON EL EXPEDIENTE
Los dos fondos considerados los más conservadores del sistema acumularon rentabilidades reales negativas de 6,38% y 10,39%, respectivamente, en el período comprendido entre enero y septiembre de 2026. Ese resultado llevó a la Superintendencia de Pensiones a abrir procedimientos sancionatorios contra las siete AFP, con el objeto de indagar posibles incumplimientos.
Hasta el momento, el organismo no ha acreditado infracción alguna. Esa precisión resulta relevante porque el propio fiscal del servicio describió el escenario como una investigación en curso, cuyos resultados todavía no se conocen.
LA ADVERTENCIA DEL FISCAL
En conversación con Diario Financiero, Valderrama afirmó: «Lo que resolvamos nosotros puede ser perfectamente un insumo para las demandas civiles. Veo poco probable que sean demandas civiles por lo largo de los procesos, pero sí, sin duda, querellas criminales por administración desleal».
El abogado explicó que ese tipo de acciones dependerá de los antecedentes que se recopilen y de los resultados de los procedimientos administrativos. Añadió, además, que los directores de las administradoras podrían enfrentar responsabilidades judiciales por los perjuicios ocasionados a los fondos.
La puerta que abre el fiscal, entonces, apunta a una eventual fase penal que se apoyaría en lo que arroje la investigación administrativa previa, y no a una acción ya presentada.
QUÉ ARRIESGAN LAS ADMINISTRADORAS
En el plano sancionatorio, Valderrama indicó que la Superintendencia puede aplicar medidas que van desde una censura hasta multas de UF 15.000, equivalentes a unos $618 millones, e incluso la cancelación de la existencia de una administradora.
Se trata, según lo descrito, de un abanico que combina amonestaciones, sanciones pecuniarias y la medida más grave contemplada: la pérdida de la existencia de la entidad. La aplicación de esas medidas aparece, por ahora, como un escenario eventual: no se han formulado cargos ni se han acreditado infracciones, y la investigación sigue en desarrollo.
EL ESTADO ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO
El fiscal aclaró que todavía no se han formulado cargos contra las AFP y que el organismo continúa analizando los antecedentes. Es decir, el expediente se mantiene en una etapa previa a la formulación de cargos.
Si se inicia un procedimiento sancionador, las administradoras tendrán 10 días hábiles para presentar sus descargos. La tramitación contempla un plazo máximo de nueve meses.
Esos dos datos ordenan la línea de tiempo: primero el análisis de los antecedentes, luego la eventual formulación de cargos, después los descargos de cada administradora y, finalmente, la resolución del procedimiento dentro del plazo máximo fijado.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan o asesoran en el sector previsional, el caso ofrece dos carriles claramente separados. Uno es el administrativo, que se rige por las reglas del procedimiento sancionador descrito por el fiscal: formulación de cargos, diez días hábiles para los descargos y un máximo de nueve meses de tramitación, con un espectro de sanciones que llega hasta la cancelación de la existencia de la administradora.
El otro es el judicial, que por ahora es solo una posibilidad enunciada por el fiscal del organismo y que, según sus propias palabras, dependería de los antecedentes recopilados y del resultado de los procedimientos administrativos. La distinción importa: mientras no existan cargos formulados ni infracciones acreditadas, cualquier escenario de responsabilidad penal o civil sigue siendo eventual.
También conviene retener la advertencia sobre los sujetos alcanzados. Valderrama situó a los directores de las AFP como quienes podrían enfrentar responsabilidades judiciales por los perjuicios ocasionados a los fondos, lo que amplía el foco más allá de la persona jurídica.
En nuestra lectura, la mención a eventuales querellas por administración desleal muestra que el debate sobre el desempeño de los Fondos D y E excede el plano sancionatorio y podría leerse como una señal de mayor exigencia sobre las administradoras. Sería prudente, sin embargo, no adelantar conclusiones: no hay cargos formulados ni infracciones acreditadas, y el propio fiscal condicionó cualquier acción judicial al resultado de la investigación.
Fuente: CNN Chile
Documento original: https://www.cnnchile.com/negocios/administracion-desleal-fiscal-de-superintendencia-de-pensiones-abre-la-puerta-a-posibles-querellas-contra-las-afp-por-perdidas-de-valorizacion-en-fondos-d-y-e/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
