La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea el Registro nacional de actos vandálicos e incivilidades, correspondiente al boletín 18341, y lo envió a la Comisión de Hacienda, donde deberá revisarse lo relativo a su financiamiento antes de que el texto llegue a la Sala para su discusión y votación.
Con este paso, la instancia que preside el diputado Cristián Araya cerró una etapa de tramitación en la que se incorporaron conductas al catálogo, se acordó separar el registro en dos instrumentos y se dejó constancia de las objeciones constitucionales planteadas por parlamentarios de oposición.
EL INSTRUMENTO
Según se informó, el texto establece un mecanismo administrado por el Registro Civil, destinado a consolidar la información relativa a resoluciones judiciales recaídas en determinados delitos e infracciones que afectan gravemente la convivencia, el orden público y el uso adecuado de los espacios comunes.
La iniciativa contempla, además, un catálogo acotado de conductas y sanciones accesorias para quienes cometan actos que atenten contra el orden público y la convivencia social.
CATÁLOGO DE CONDUCTAS
Entre las conductas consideradas figuran la quema de transporte público, el uso de bombas molotov, el daño al patrimonio cultural, las amenazas a la autoridad y distintos tipos de usurpación.
Durante la tramitación se sumaron otras materias. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó los acuerdos alcanzados en la discusión y resaltó la incorporación de conductas como el maltrato animal y el vertimiento ilegal de basura y desechos tóxicos, por considerar que se trata de una acción que afecta la convivencia y los espacios comunes.
DOS REGISTROS SEPARADOS
El presidente de la comisión, diputado Cristián Araya, puso el acento en un acuerdo adoptado durante el debate: separar el registro de actos vandálicos e incivilidades en dos instrumentos distintos, de modo que reciban un tratamiento diferenciado en aspectos como la duración de las sanciones y la pérdida de beneficios sociales asociados.
Ese punto de la tramitación resulta relevante para el diseño final del mecanismo, pues define que las conductas quedarán ordenadas en dos cuerpos y no en uno solo.
LAS OBJECIONES DE LA OPOSICIÓN
Una visión distinta expresaron las y los parlamentarios de oposición integrantes de la instancia. Sostuvieron que la norma presenta serios vicios de constitucionalidad al quitar beneficios como la gratuidad universitaria y recordaron que ya existe un pronunciamiento en ese sentido del propio Tribunal Constitucional.
Añadieron que el texto, como está planteado, desnaturaliza su idea central y refleja que no existe por parte del Ejecutivo una estrategia clara en materia de seguridad pública.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes siguen tramitación legislativa, el proyecto ofrece al menos tres frentes de observación. El primero es el alcance del catálogo de conductas y de las sanciones accesorias que contempla, que según la fuente incluye quema de transporte público, bombas molotov, daño al patrimonio cultural, amenazas a la autoridad y distintos tipos de usurpación, además de maltrato animal y vertimiento ilegal de basura y desechos tóxicos.
El segundo es el diseño administrativo: se trata de un registro a cargo del Registro Civil que consolida información sobre resoluciones judiciales recaídas en determinados delitos e infracciones. El tercero es la discusión de constitucionalidad planteada en la comisión, que la oposición vincula con la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad universitaria y con un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional.
A ello se suma el criterio de separación en dos instrumentos, con tratamientos diferenciados en duración de sanciones y pérdida de beneficios sociales, acordado durante la discusión en la instancia.
PRÓXIMOS PASOS
El trámite continúa en la Comisión de Hacienda, abocada al financiamiento involucrado. Solo después de ese paso el proyecto pasará a la Sala para su discusión y votación por parte de la Cámara.
En nuestra lectura, el expediente muestra una tensión que conviene seguir con atención: un mismo texto reúne un catálogo de conductas, un registro administrado por el Registro Civil y un régimen de beneficios sociales, y esa combinación es precisamente la que concentra las objeciones constitucionales reseñadas. Parece prudente observar cómo se resuelve ese nudo en la etapa de Hacienda y en la Sala, sin adelantar su resultado.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/21/avanza-creacion-de-registro-de-actos-vandalicos-e-incivilidades/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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