EXGERENTE DE CODELCO DENUNCIA PRESIONES DE ALVARADO Y PACHECO Y EXIGE MÁS DE 1.400 MILLONES DE PESOS TRAS DESPIDO
El exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco, César Rodrigo Márquez Márquez, presentó el 6 de julio de 2026 una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el 2° Juzgado del Trabajo de Santiago. La acción judicial, que apunta directamente al expresidente del directorio Máximo Pacheco y al expresidente ejecutivo Rubén Alvarado, busca una indemnización total que supera los 1.440 millones de pesos. El caso se anticipa extenso: la primera audiencia preparatoria está fijada para el 26 de mayo de 2027.
Márquez, quien trabajó 20 años en la cuprífera estatal, fue desvinculado el 20 de mayo de 2025. La empresa lo acusó de ser el principal responsable de haber incluido irregularmente cerca de 20 mil toneladas de óxidos de cobre de la división Chuquicamata en la producción final de Codelco. Según una auditoría interna, ese material requería procesamiento posterior en Radomiro Tomic y debía registrarse como «subproductos en proceso», no como producto terminado.
LA DENUNCIA Y LAS ACUSACIONES CONTRA DIRECTIVOS
En el escrito judicial de 49 páginas, patrocinado por el penalista Juan Pablo Hermosilla, Márquez rechaza todas las imputaciones y sostiene que sus acciones fueron regulares y conocidas por sus superiores. La defensa argumenta que el exejecutivo actuó bajo presiones directas y continuas de Pacheco y Alvarado para superar la meta de producción del año anterior.
La demanda relata un episodio ocurrido el 31 de diciembre de 2025. Ese día, Rubén Alvarado habría citado personalmente a Márquez a su oficina y, según la acción legal, le habría dicho textualmente: «ya hablé con Barraza, a ti te digo lo mismo, hagan lo que tengan que hacer, pero tenemos que cumplir». Mauricio Barraza es el exvicepresidente de Operaciones despedido en febrero.
Márquez sostiene que la inclusión de óxidos y polvos de arsenito de calcio, conocidos como «polvos de Montecristo», formaba parte de una instrucción corporativa denominada «operación rastrillo». El objetivo era poner en valor todo material con cobre para salvar las cifras de fin de año, sin importar si generaba pérdidas. La demanda agrega que esos polvos debían ser procesados por Ecometales, filial de Codelco, en un procedimiento que tardaba hasta seis años y que representaba pérdidas de entre 7 y 50 millones de dólares.
CRÍTICAS A LA AUDITORÍA INTERNA
La defensa de Márquez cuestiona la validez técnica de la auditoría que sustentó el despido. Según el exgerente, los auditores aplicaron normativas internas desactualizadas. Para evaluar la supuesta sobreestimación de producción de óxidos, se basaron en el Instructivo Financiero Corporativo IFC Nº 108 del año 2013, en lugar de la versión vigente de 2022. También usaron la Norma Corporativa de Codelco NCC Nº 2 de 1992, cuando la aplicable era la de 2022.
La demanda califica esto como un «error normativo insubsanable» y sostiene que la auditoría no buscó un análisis técnico objetivo, sino que se confeccionó un informe a medida para justificar un despido aleccionador.
EL DETALLE DE LA MILLONARIA INDEMNIZACIÓN
Márquez solicita en primer lugar su reincorporación inmediata al mismo cargo, con igual salario y la restitución de todas las remuneraciones correspondientes a los meses transcurridos desde su despido. Su remuneración bruta mensual era de 24.248.579 pesos.
En subsidio, si la reincorporación no procede, demanda una indemnización detallada. Por años de servicio, con el tope de 11 años que impone la ley, pide 267.105.443 pesos. A ello suma 89.002.771 pesos por feriado legal no devengado. Exige la restitución de un incentivo anual de 132.393.784 pesos que se le retiró del finiquito, y un incentivo a la permanencia equivalente a seis sueldos base, que asciende a 145.693.878 pesos. También reclama la corrección de un bono Codelco 2025 de 6.720.938 pesos que se le descontó.
Finalmente, solicita 800 millones de pesos por daño moral, debido al escrutinio público al que, según su defensa, ha sido sometido al ser acusado como único responsable del caso. En total, la demanda asciende a 1.440.916.814 pesos.
El juicio, que involucra a una de las empresas más importantes del país y a sus exmáximas autoridades, se perfila como un proceso de alta relevancia para el mundo laboral chileno.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
