CHILE ADHIERE AL «ESCUDO DE LAS AMÉRICAS» Y SE ABRE UN DEBATE SOBRE SOBERANÍA
Chile decidió hace unos días adherir al llamado «Escudo de las Américas», la iniciativa promovida por Donald Trump para enfrentar, según el relato inicial, el crimen organizado y el narcotráfico en el continente. Así lo plantea una columna de opinión publicada por Radio Universidad de Chile, que advierte que el nombre podría sugerir una nueva instancia de cooperación policial, pero que la declaración suscrita tiene un alcance político bastante más amplio.
UNA DECLARACIÓN CON ALCANCE POLÍTICO MÁS AMPLIO
El texto señala que la declaración habla de seguridad, pero también de coordinación económica y multilateral; incorpora materias estratégicas como minerales críticos e infraestructura digital; y plantea solicitar la convocatoria del órgano de consulta del TIAR para discutir posibles respuestas colectivas frente a organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Por eso, agrega, la discusión no debiera reducirse a si Chile debe o no cooperar internacionalmente contra el crimen organizado. La pregunta, sostiene, es cómo y con quién.
LAS ADVERTENCIAS DE BACHELET Y BORIC
Los expresidentes Bachelet y Boric pusieron parte de este problema sobre la mesa al pedir que se reconsidere la decisión adoptada por el Gobierno: Chile no debiera subordinar su política exterior, de seguridad o defensa a las prioridades de una potencia extranjera ni verse obligado a escoger un bando en un escenario internacional crecientemente polarizado.
LA MEMORIA DEL SIGLO XX COMO ADVERTENCIA
La columna sostiene que la historia obliga a tomar esa advertencia en serio. América Latina conoce las consecuencias de permitir que la definición de sus amenazas internas quede condicionada por doctrinas de seguridad elaboradas fuera de nuestras democracias. Durante la Guerra Fría, la frontera entre defensa exterior y enemigo interno se fue desdibujando hasta permitir que opositores políticos, dirigentes sociales, campesinos, sindicalistas y estudiantes fueran concebidos como amenazas para la seguridad nacional.
Chile conoce particularmente bien esa historia. Los documentos desclasificados por el propio Gobierno estadounidense muestran que la intervención de Estados Unidos contra el gobierno de Salvador Allende fue extensa: operaciones encubiertas, financiamiento de partidos, medios y organizaciones opositoras, presión económica y formación de actores militares sediciosos. La principal potencia hemisférica no fue un espectador neutral del quiebre de la democracia, sino un actor político y económico que contribuyó a generar las condiciones para el golpe de Estado y la instauración de una dictadura civil y militar que se extendió por 17 años.
Las dictaduras del Cono Sur, añade, construyeron una red transnacional de inteligencia y represión que permitió localizar, perseguir, secuestrar y asesinar opositores más allá de las fronteras nacionales: la denominada Operación Cóndor. Los documentos desclasificados muestran que agencias estadounidenses conocieron la existencia y evolución de esa coordinación y mantuvieron relaciones de inteligencia con varios de los aparatos represivos involucrados.
QUIÉN DEFINE LA AMENAZA
Para la columna, estos ejercicios de memoria son imprescindibles para reconocer las preguntas que una democracia no puede permitirse dejar de hacer: quién define cuáles son las amenazas que justifican el ejercicio del poder estatal y cuáles son los límites legítimos de ese poder para enfrentarlas; y quién define al enemigo que se debe combatir y las estrategias necesarias para enfrentarlo.
Las categorías de seguridad nunca son neutrales, subraya el texto. Determinar que una persona u organización constituye una amenaza habilita capacidades excepcionales del Estado: inteligencia, vigilancia, persecución penal, control fronterizo y, eventualmente, fuerza militar.
Por eso importa especialmente que la nueva arquitectura hemisférica impulsada por Estados Unidos combine bajo un mismo horizonte cuestiones tan distintas como narcotráfico, organizaciones criminales, migración irregular e «interferencia extranjera», y que el concepto de «narcoterrorismo» permita desplazar progresivamente problemas propios de la persecución criminal hacia categorías tradicionalmente vinculadas a la defensa y la seguridad nacional.
La cuestión no es semántica, plantea la columna: cuando cambia la definición de la amenaza, cambia también el conjunto de instrumentos que el Estado considera legítimo utilizar para enfrentarla. Principios como el de necesidad, proporcionalidad, debido proceso, control judicial, rendición de cuentas y respeto irrestricto por la dignidad humana no son obstáculos para la seguridad, sino aquello que distingue el poder de un Estado democrático de la mera capacidad de imponer obediencia.
COOPERACIÓN SÍ, PERO CON LÍMITES CLAROS
La columna reconoce que Chile necesita inteligencia para perseguir al crimen organizado, cooperación policial, financiera y judicial internacional, e intercambio de información con Estados Unidos, con sus vecinos y con muchos otros países. Pero precisamente por esa necesidad, sostiene que el Gobierno debe explicar públicamente qué alcance atribuye a la declaración, qué decisiones requerirán deliberación del Congreso y qué límites sostendrá Chile ante sus socios.
Todo lo anterior, agrega, debe desarrollarse dentro del derecho internacional, bajo control democrático, con transparencia y preservando la capacidad soberana para determinar cuáles son las amenazas y cuáles los instrumentos legítimos para enfrentarlas. Esa discusión, concluye, excede hoy ampliamente la cooperación policial.
LA PREGUNTA POR LA SOBERANÍA
Cuando una declaración hemisférica vincula seguridad con infraestructura digital, recursos estratégicos, inversiones y alineamientos geopolíticos, la pregunta por la soberanía vuelve a aparecer con particular intensidad, afirma el texto. Actualmente, Estados Unidos disputa crecientemente el control de las tecnologías, recursos y cadenas de suministro sobre las que se construirá la economía de las próximas décadas.
Chile tiene todo el derecho a cooperar con quien determine, sin coerción y construyendo alianzas con quienes estime conveniente. Precisamente eso significa ejercer soberanía, apunta la columna.
Por eso la pregunta que deja el Escudo de las Américas no es solamente qué instrumentos estamos dispuestos a utilizar para proteger nuestra seguridad, sino también quién tendrá la capacidad de definir nuestros intereses estratégicos. Más de medio siglo después de la nacionalización del cobre, quizás la discusión vuelva a plantearnos, bajo nuevas formas, una vieja pregunta chilena y latinoamericana: quién decide sobre aquello que hace posible nuestra autonomía.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/09/un-nuevo-escudo-para-las-americas/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
