El proyecto minero portuario Dominga, que la empresa Andes Iron busca levantar en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, volvió a ser el centro de la disputa ambiental chilena. La compañía declaró el inicio formal de su construcción el 10 de agosto pasado, amparada en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente, pero el anuncio ocurre mientras la controversia judicial por los alcances de esa aprobación sigue abierta en la Corte Suprema.
El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, informó del hito en la Cumbre Minera 2026 de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), realizada el 28 de agosto. Según Ducci, la fecha elegida cumplía con el plazo comprometido en la RCA y coincidía con el día de San Lorenzo, en que se celebra a los mineros. «Nuestra confianza también se demuestra con hechos», dijo el ejecutivo, quien reconoció que aún hay actores que persisten en judicializar un proyecto que ha sido respaldado por distintas instancias técnicas y jurídicas.
CONTEXTO DE LA INICIATIVA
Dominga contempla una mina de hierro y cobre, instalaciones de procesamiento, ductos, una desalinizadora y un terminal portuario para exportar su producción. El complejo se ubicará en las proximidades del Archipiélago de Humboldt, zona de alta biodiversidad marina donde habitan pingüinos de Humboldt, cetáceos, delfines y otras especies protegidas, lo que ha sido uno de los ejes centrales de la oposición al proyecto.
El costo de la iniciativa supera los US$ 3.000 millones, según la propia empresa, que ha reconocido que el presupuesto original se ha encarecido. Andes Iron señaló que continúa buscando un socio estratégico que aporte capital, experiencia y capacidades para desarrollar un proyecto de esta escala. La propiedad de la compañía está compuesta en un 76% por la familia Délano Méndez, ligada al grupo Penta; un 14% pertenece a la familia Garcés Silva y el 10% restante está en manos de ejecutivos de la propia empresa.
EMPLEOS Y FASES DE DESARROLLO
La empresa sostiene que durante la construcción se generarían cerca de 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos, con prioridad para trabajadores de la Región de Coquimbo. Una vez en operación plena, prevista hacia 2033, la iniciativa produciría anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro de alta ley y 150 mil toneladas de concentrado de cobre. El proyecto tiene una duración total de 24 años, con 22 de operación y dos de cierre de faenas.
En La Higuera, comuna de unos 4.335 habitantes según el Censo de 2024, la firma ya desarrolla obras tempranas en tres frentes paralelos. Se ejecutan aperturas de caminos y movimientos de tierra en los sectores El Espino y Fierro, mientras en Totoralillo Norte se habilita la zona donde se levantará el terminal de embarque y la planta desalinizadora. La compañía proyecta que la desalinizadora tenga su puesta en marcha técnica a fines de 2028 y que en agosto de 2029 comience la explotación comercial de mineral. Todas son estimaciones iniciales, en un escenario ideal, sin retrasos.
PERMISOS SECTORIALES Y DIVISIÓN LOCAL
La RCA de Dominga fue aprobada en 2021 y estableció un plazo de cinco años para el comienzo de las faenas, que se cumplió en agosto pasado. Andes Iron requiere más de 150 permisos sectoriales prioritarios y hasta ahora ha obtenido 25, incluido el permiso del Departamento de Obras Municipales de La Higuera para la ejecución de obras preliminares en el terreno Estancia La Higuera. Según información de la Municipalidad de La Higuera, la firma pagó $1.676.555 por derechos municipales el 20 de mayo de 2025.
En el plano local, el proyecto sigue generando división. La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea (PS), quien ha manifestado públicamente su rechazo, reconoció que la iniciativa «ha dividido a la comuna». Mientras tanto, la empresa comenzó la capacitación de futuros guardias de seguridad y activó un programa llamado vale local, orientado a la compra de insumos y la contratación de personal de la zona.
DISPUTA JUDICIAL VIGENTE
El punto más sensible es la judicialización. Andes Iron sostiene que la RCA está vigente y que los procesos pendientes no impiden el avance de las obras, pues la controversia se limita a la forma de cumplir el fallo favorable del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, dictado en diciembre de 2024 y actualmente radicado en la Corte Suprema. Para Oceana, Greenpeace y la Alianza Humboldt, en cambio, las reclamaciones aún no están resueltas y no correspondería el inicio formal de las obras definitivas.
Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA y representante de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, afirmó que «es poco creíble» que Andes Iron sostenga seriamente que Dominga está aprobado, porque la empresa está bien asesorada y conoce los límites de la aprobación. Agregó que quienes participaron en la evaluación ambiental y aportaron antecedentes sobre los impactos esperan que las autoridades actúen, y advirtió que esas personas evalúan tomar las acciones que correspondan.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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