El pleno de la Corte Suprema puso término a los cinco procedimientos de remoción que seguían pendientes contra integrantes del Poder Judicial, aplicando el artículo 80 de la Constitución Política de la República. El balance fue mixto: una remoción aprobada por unanimidad, dos resueltas por votación dividida y dos rechazos, según informó la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, en un punto de prensa difundido por el canal Poder Judicial Chile.
Los expedientes estaban paralizados por una decisión del Tribunal Constitucional, que los suspendió mientras conocía requerimientos de inconstitucionalidad presentados por los propios jueces involucrados. Según relató la presidenta, la deliberación comenzó el 19 de octubre y no pudo cerrarse entonces porque el ministro Contreras se encontraba con feriado legal.
RESULTADO DE LAS VOTACIONES
En la sesión de hoy el pleno recibió el voto del ministro Contreras, quien se pronunció sin conocer el sentido de los sufragios de los otros 17 ministros. El acuerdo consistió en remover, por unanimidad, a un integrante del Poder Judicial, por no mantener el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental. Por votación dividida se resolvió la remoción de otros dos jueces, por la misma razón.
En cambio, se rechazaron dos solicitudes de remoción. En una de ellas el pleno no alcanzó la mayoría de sus miembros; en la otra, se consideró que el afectado no se desempeñaba como juez al momento de la licencia médica.
GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO
Consultada por las críticas y por los anuncios de recursos ante instancias internacionales, Chevesich sostuvo que el tribunal está tranquilo y confiado en que los procesos se ajustaron a la ley y al debido proceso. Explicó que se pidieron informes a los jueces afectados y a las respectivas Cortes de Apelaciones, se incorporaron sus currículos y se realizó una audiencia pública en la que cada uno pudo exponer, por sí mismo, al ser abogados, o asistido por un letrado.
Sobre el escrito del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, relativo al orden de la votación, la presidenta precisó que el pleno se convocó exclusivamente para concluir el proceso iniciado el 19 de octubre. Aunque el relator informó de la presentación del documento, se estimó que debía ser materia de un tribunal ordinario que se convocará en su oportunidad.
Respecto de la inmunidad gremial invocada por algunos magistrados, la presidenta recordó que la materia fue planteada en su momento, incluso por más de una jueza, y que se resolvió que no resulta aplicable a este caso.
TRANSPARENCIA E IDENTIDAD DE LOS REMOVIDOS
Ante la insistencia de la prensa por conocer los nombres de quienes fueron removidos, Chevesich mantuvo la posición del tribunal: no se harán públicos mientras no se dicten las sentencias y se darán a conocer en su oportunidad, conforme al auto acordado que regula este tipo de procedimientos.
DEMORAS EN LOS TRIBUNALES AMBIENTALES
La presidenta también se refirió a su reunión con el ministro de Hacienda, Quiroz, mencionada por él en ENADE. Explicó que se trató de una audiencia agendada, solicitada para plantear la preocupación por la demora de los tres tribunales ambientales del país en dictar sentencias. Contó que antes conversó con la ministra visitante de esos tribunales, González, y que en el encuentro participaron además la ministra del Medio Ambiente y un acompañante del titular de Hacienda, cuya fecha exacta no precisó.
Según señaló, los tribunales ambientales estuvieron largamente con dotación incompleta y ese proceso se cerró hace un par de semanas con la entrega de la planta completa de ministros con dedicación exclusiva. Anunció nuevas reuniones para evaluar cómo apoyar su trabajo. En la misma cita advirtió que los tribunales ordinarios también presentan retrasos, por dotación insuficiente, por leyes que impactaron las competencias de familia y penal y por el aumento de la población y de la demanda, y sostuvo que se requiere presupuesto para el plan de gestión de causas que impulsa desde febrero.
ACUSACIONES CONSTITUCIONALES
Consultada por la propuesta del presidente del Partido Libertario, Johannes Kaiser, de sumar a dos ministros de la Sala Penal del máximo tribunal a eventuales acusaciones constitucionales en el debate por rebajas de condenas, la presidenta fue breve: el Congreso Nacional y sus integrantes tienen la atribución de presentar acusaciones constitucionales y ella no puede comentar esa decisión.
RESERVA EN RECURSOS DE PROTECCIÓN
Sobre la solicitud de la Subsecretaría de Justicia para que los tribunales consideren bajo reserva recursos de protección de condenados por violaciones a los derechos humanos que pedían rebajas de condena, Chevesich dijo que no era la primera vez que tomaba conocimiento de una situación así. Afirmó que la transparencia es el principio que rige al Poder Judicial y que, si no existe una norma legal que establezca reserva, no ve cómo podría aplicarse. Respecto de los criterios para analizar esas solicitudes, incluida la eventual incidencia de instrumentos internacionales, respondió que el máximo tribunal y la Segunda Sala aplican el control de convencionalidad, y que imagina que así se ha recogido en cada una de las decisiones adoptadas.
En nuestra lectura, la jornada deja a la vista la tensión entre la reserva que el tribunal invoca mientras no existan sentencias y la demanda pública de información sobre un procedimiento de esta envergadura. Sería prudente que esa reserva se explique con el mismo detalle con que se describieron las garantías del debido proceso.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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