Las tarifas de los peajes no las definen las empresas concesionarias. Esa fue la idea fuerza que la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, expuso ante la comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre las concesiones de autopistas (CEI 8 y 10), instancia en la que abordó el funcionamiento del sistema, la determinación de las tarifas y las dudas que, a juicio del gremio, generan confusión sobre la operación de las vías.
La presentación, conocida el 29 de septiembre de 2026, se centró en el modelo de asociación público-privada bajo el cual opera la red concesionada. Según Hutt, el Estado conserva la propiedad de la infraestructura y define las condiciones de cada concesión, mientras los inversionistas compiten en licitaciones previamente estructuradas por la autoridad. Al presentar sus ofertas, agregó, los privados aceptan las condiciones técnicas, legales y contractuales contenidas en las bases de licitación. Su intervención apuntó, precisamente, a despejar los cuestionamientos que han acompañado al debate sobre el costo de circular por las autopistas.
EL MODELO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La presidenta de COPSA describió un esquema en que el rol privado se limita a ejecutar y operar aquello que el Estado licita. En esa línea, subrayó que la decisión de volver a concesionar una infraestructura corresponde exclusivamente al Estado y que las relicitaciones no constituyen una extensión automática de las concesiones originales. Añadió que esos procesos suelen incorporar nuevas inversiones de magnitud equivalente o superior a las ejecutadas inicialmente, lo que a su juicio desmiente la idea de que las autopistas se encuentran completamente pagadas.
LAS TARIFAS COMO TRIBUTO
El punto central de su intervención fue la naturaleza jurídica de las tarifas de peajes. Hutt afirmó que éstas forman parte de un régimen de derecho público definido por el Estado y que tienen carácter de tributo, correspondiendo al concesionario únicamente la recaudación por cuenta del Estado. Explicó que las tarifas se establecen durante el diseño del proyecto y quedan incorporadas tanto en las bases de licitación como en los contratos respectivos, y que responden a decisiones estatales vinculadas a la rentabilidad social del proyecto, al comportamiento de los viajes y a la gestión de la demanda de transporte.
En la misma línea, enfatizó que los concesionarios carecen de atribuciones para modificar los valores de los peajes o los períodos de aplicación de las distintas tarifas. Cualquier cambio contractual, precisó, requiere la aprobación de organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
TRANSPARENCIA Y DESTINO DE LOS RECURSOS
Consultada por el uso de los recursos recaudados, la presidenta de COPSA sostuvo que el concesionario no decide el destino de esos fondos, definición que corresponde al Estado. Los mecanismos de recaudación y distribución de ingresos, dijo, forman parte de los contratos y de la política pública que fijan las autoridades.
Sobre la transparencia del sistema, afirmó que la información contractual, operacional y financiera está regulada y sujeta a mecanismos permanentes de fiscalización. Mencionó que los proyectos cuentan con inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas y que buena parte de los antecedentes se encuentra disponible públicamente a través de organismos estatales y de los propios concesionarios.
Respecto de los ingresos, señaló que gran parte de los proyectos sigue dentro de su período de concesión y que esos recursos continúan financiando deudas, costos operacionales y obligaciones contractuales, lo que a su juicio descarta que el cobro de peajes represente únicamente utilidades para los operadores.
LAS PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS
Tras la exposición, los integrantes de la comisión formularon consultas sobre diversos aspectos de la operación de las autopistas concesionadas. Plantearon su preocupación por denuncias relativas a multas municipales que afectarían a usuarios de las vías y preguntaron si existe coordinación con las autoridades para revisar esas situaciones, considerando el impacto que generan en la confianza del sistema.
Los diputados también solicitaron conocer posibles medidas para fortalecer la televigilancia y otros mecanismos de seguridad orientados a prevenir delitos como las encerronas. Asimismo, abordaron alternativas que eventualmente permitan reducir las tarifas de peajes y manifestaron inquietudes por el estado de mantención de las caleteras, señalando que en algunos sectores no estarían en condiciones adecuadas para funcionar como rutas alternativas de circulación.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/09/29/tarifas-de-peajes-copsa-afirma-que-las-define-el-estado/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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