La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó los resultados de la segunda fase de su estudio sobre carga regulatoria ambiental. La actividad contó con la presencia de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y se basó en una investigación que utilizó inteligencia artificial para identificar, clasificar y analizar todas las obligaciones contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas en Chile entre 2015 y 2024. También participaron el consejero de la CNEP y académico de la UAI Andrés Zahler, la abogada Paulina Riquelme, el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela y el académico de la UAI Rodrigo Wagner.
OBLIGACIONES AMBIENTALES SE TRIPLICAN EN UNA DÉCADA
La CNEP señaló que las obligaciones ambientales que deben cumplir los proyectos de inversión en Chile se han triplicado en la última década, no porque existan más leyes, sino porque las normas vigentes se aplican con creciente intensidad. Mientras en 2015 los proyectos aprobados enfrentaban, en promedio, 60 obligaciones ambientales por RCA, en 2024 esa cifra alcanzó 213 obligaciones por proyecto, triplicando el nivel observado diez años antes.
En esta segunda fase, el estudio amplió el alcance de la investigación desarrollada en 2025. Mientras la primera etapa analizó 1.336 RCA correspondientes a proyectos de minería y energía, esta nueva versión incorporó 3.728 RCA que incluyen a todos los sectores económicos evaluados por el SEIA. Ello permitió alcanzar una cobertura equivalente al 96% de los proyectos aprobados entre 2015 y 2024 y al 99% de la inversión sometida a evaluación ambiental durante ese período. Como resultado, la investigación identificó más de 481.000 obligaciones ambientales.
MINERÍA LIDERA EN NÚMERO DE OBLIGACIONES
Entre 2015 y 2024, el número promedio de obligaciones por proyecto aumentó de forma sostenida en todos los sectores. Los incrementos más pronunciados se registran en minería (337%), industria (278%), energía e infraestructura (220%) y saneamiento (203%). El fenómeno es también transversal por tamaño de inversión: un proyecto pequeño, con inversión inferior a US$10 millones, carga hoy en promedio con más obligaciones que las que enfrentaba un gran proyecto de más de US$100 millones en 2015.
Este aumento no obedece a la aprobación de nuevas normas. De las 178 disposiciones identificadas como fuente de las obligaciones, apenas el 3,1% fue promulgado después de 2015. Lo que sí ha cambiado es la frecuencia con que se aplica el stock normativo existente: mientras una RCA promedio citaba menos de 15 cuerpos normativos en 2015, en 2024 esa cifra se aproxima a 25.
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVAS
El 59% de las obligaciones tiene como fuente una norma explícita señalada en la RCA, mientras que el 41% restante nace de compromisos voluntarios o condiciones ad hoc definidas por la autoridad en el marco de la evaluación ambiental. Esta proporción evidencia que el SEIA cumple una doble función: por una parte certifica el cumplimiento de las normas, y por otra incorpora exigencias específicas para cada proyecto según su naturaleza.
En cuanto a las normativas con mayor número de obligaciones asociadas, estas corresponden al Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo (DS 594), con un 11,85%, y el Código Sanitario, con un 10,17%. La Ley de Monumentos Nacionales, si bien es responsable de un menor número de obligaciones (5,67%), afecta a proyectos que representan casi el 90% de la inversión evaluada ambientalmente. Una situación similar se aprecia con los permisos ambientales sectoriales: el asociado a hallazgos arqueológicos (art. 132), otorgado por el Consejo de Monumentos Nacionales, si bien se exige solo en el 11,6% de las RCA, compromete a proyectos que suman el 42,6% de la inversión total de la muestra.
Cerca del 80% de las obligaciones son de medios: no solo establecen el objetivo ambiental que debe alcanzarse, sino también los procedimientos, monitoreos y mecanismos específicos para lograrlo. Este enfoque puede limitar la flexibilidad técnica y la innovación. En contraste, las obligaciones de resultado —que definen la meta y dejan al titular libre de elegir cómo alcanzarla— representan una fracción significativamente menor. A esto se suma el crecimiento de las obligaciones secundarias, orientadas al reporte, registro y acreditación del cumplimiento, que pasaron de representar el 23% del total en 2015 al 32% en 2024.
MARGEN DE MEJORA
Más allá de la carga regulatoria, el análisis detectó déficits importantes en la forma en que el SEIA organiza su información: alta heterogeneidad estructural entre documentos, predominio de archivos PDF y documentos escaneados, y problemas recurrentes de numeración, inconsistencias y redundancias que dificultan la trazabilidad de las obligaciones y generan costos de transacción y asimetrías de información. Para abordarlos, el estudio propone tres líneas de acción: desarrollar una base de datos relacional que integre RCA, expedientes de evaluación y registros externos; implementar un catálogo de obligaciones estandarizadas asistido por inteligencia artificial; y construir una infraestructura tecnológica abierta, con APIs interconectadas y almacenamiento escalable. Se trata de una propuesta cuya arquitectura trasciende la evaluación ambiental y tiene el potencial de generar una disrupción sistémica en la eficiencia al interior del Estado.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
