Comisión de Seguridad Pública del Senado retoma estudio del proyecto que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana
En una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, transmitida por TV SENADO CHILE, los legisladores retomaron el análisis del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (SINAPROC). La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca articular la respuesta del Estado ante emergencias vinculadas a seguridad pública, unificando sistemas que actualmente operan de manera descoordinada.
Los expositores coincidieron en que el principal desafío es lograr una coordinación efectiva entre instituciones como Carabineros, bomberos, SAMU y municipios, entre otros. Durante la jornada, el ministro de Seguridad Pública, el subsecretario de Prevención del Delito y el asesor técnico Alejandro Ávalo presentaron los avances del trabajo conjunto con los equipos asesores de los senadores.
AVANCES EN LA COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
El Ejecutivo explicó que el SINAPROC no reemplaza las competencias de cada institución, sino que busca articularlas mediante protocolos, información compartida y estándares de servicio. El sistema operará a través de una gobernanza radicada en el Ministerio de Seguridad Pública, con instancias nacionales y regionales.
El trabajo técnico con los asesores parlamentarios permitió recopilar cerca de 112 observaciones al proyecto. El Ejecutivo se comprometió a revisar cada una, tanto desde el punto de vista técnico como presupuestario, con la Dirección de Presupuestos.
Se informó que se incorporarán mejoras en diversas materias. Entre ellas, robustecer la coordinación con SENAPRED, fortalecer la incorporación de bomberos, establecer marcos de gobernanza claros, minimizar el uso de datos personales y garantizar la trazabilidad de la información. También se abordará el uso de inteligencia artificial y biometría, así como la neutralidad tecnológica.
DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN Y GRADUALIDAD
Uno de los temas centrales del debate fue la gradualidad en la implementación del sistema. El Ejecutivo propuso un cronograma de trabajo de nueve semanas, que contempla reuniones con más de 35 instituciones, entre ellas Carabineros, la PDI, bomberos, SAMU y municipios.
El plan finalizaría el 8 de septiembre con la presentación formal de las indicaciones al proyecto. Los senadores consultaron sobre la voluntad real del gobierno para sacar adelante la iniciativa, ante lo cual el ministro aseguró que existe un compromiso concreto, reflejado en el plan operativo de seguridad. Eso sí, reconoció que se trata de una reforma compleja que requiere realismo en los plazos, pues involucra a múltiples actores y cambios normativos.
Los senadores también manifestaron su preocupación por la obsolescencia del actual sistema de llamadas de emergencia. Se planteó la necesidad de migrar hacia aplicaciones móviles, botones de pánico y sistemas de geolocalización, tal como ya funciona en otras ciudades del mundo.
GEOLOCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
En materia de geolocalización, el Ejecutivo informó que el proyecto considera la tecnología AML (Advanced Mobile Location) para ubicar a quien realiza una llamada de emergencia. Esta propuesta surgió a partir de un caso ocurrido en Graneros y fue analizada con la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El subsecretario de Prevención del Delito abordó la articulación entre el SINAPROC y SENAPRED, precisando que ambos sistemas apuntan a ámbitos distintos: seguridad humana versus seguridad pública. Se buscará una coordinación sin jerarquías, mediante canales adecuados para resolver conflictos en emergencias de naturaleza mixta.
Respecto de la protección de datos personales, se reconoció que la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública habilita al ministerio para requerir información reservada y secreta. No obstante, el Ejecutivo considera necesario dejar expresamente establecida en la ley la habilitación para tratar datos de geolocalización, para evitar dudas jurídicas.
OTROS PROYECTOS DE LA TABLA
La comisión también aprobó en general el boletín 18253-25, que modifica cuerpos legales para fortalecer la protección y seguridad en establecimientos de salud. Se fijó un plazo de diez días para presentar indicaciones, hasta el 17 de julio.
Por otro lado, se acordó postergar la votación de los boletines refundidos sobre seguridad privada y festividades religiosas (18.356-25 y 18.372-25), a la espera de escuchar la opinión del Ejecutivo y de Carabineros. El subsecretario informó que se ha encontrado una salida administrativa temporal mediante instrucciones a las delegaciones presidenciales regionales, para aplicar cauciones diferenciadas a este tipo de eventos.
Finalmente, la comisión acordó realizar un viaje a la ciudad de Punta Arenas los días 23 y 24 de julio, con el objetivo de sesionar en la zona sur del país.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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