VIOLENCIA LABORAL: LAS DENUNCIAS BAJAN 11% PERO LA LEY KARIN Y EDUCACIÓN COMPLEJAN LA LECTURA
Después de cinco años consecutivos de aumentos, las denuncias por agresiones laborales calificadas por Mutual de Seguridad registraron un descenso entre enero y mayo de 2026. Fueron 5.258, un 11% menos que en el mismo período de 2025, lo que equivale a unas 35 denuncias por día hábil. El dato aparece en el informe Agresiones y violencia laboral en Chile y parece mostrar una descompresión del fenómeno.
Sin embargo, la propia entidad advierte que la entrada en vigencia de la Ley Karin, en agosto de 2024, abrió un canal específico para reportar acoso laboral, acoso sexual y violencia ejercida por terceros. Parte de la reducción podría explicarse por un traslado de casos hacia esa vía y no necesariamente por una baja equivalente de los episodios. La lectura de las cifras, por lo tanto, no admite conclusiones lineales.
UN DESCENSO QUE ADMITE LECTURAS
La caída abarcó los accidentes del trabajo asociados a agresiones directas, con un 11% menos; los accidentes de trayecto, que bajaron 10%; y las enfermedades profesionales vinculadas con violencia sostenida, que disminuyeron 17%. Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual, reconoce que todavía no es posible determinar con total certeza cuánto corresponde a cada factor.
El ejecutivo sostiene que los datos sugieren una disminución real. Al comparar los mismos centros que denunciaron en 2025 y 2026, la baja llega al 17%. Aun así, admite que el cambio en los mecanismos de reporte obliga a interpretar la tendencia con cautela.
El informe mide denuncias ya calificadas dentro de una población cercana a 2,4 millones de trabajadores adheridos a Mutual. Excluye 147 casos pendientes y no representa a los afiliados de otros administradores del seguro laboral. Es una radiografía amplia, pero no un catastro nacional.
LEY KARIN, ENTRE LA DENUNCIA Y LA ACREDITACIÓN
Los registros de la Ley Karin muestran un volumen elevado de acusaciones. Mutual recibió 11.968 durante 2025, casi mil por mes. En un universo distinto, la Dirección del Trabajo contabilizó 66.596 solicitudes entre agosto de 2024 y diciembre de 2025; 26.862 fueron preclasificadas bajo la ley.
De las 6.105 investigaciones terminadas, el organismo constató vulneraciones en 1.258 casos, un 20,6%. Las cifras no son comparables directamente entre sí, pero ilustran la distancia que existe entre presentar una denuncia y acreditar una vulneración, según el balance oficial de la Dirección del Trabajo.
UNA VIOLENCIA QUE TIENE ROSTRO FEMENINO
La baja tampoco se distribuye de manera uniforme. El 58,9% de las víctimas registradas por Mutual en 2026 fueron mujeres, la mayor proporción de la última década. En 2015 representaban el 32%, mientras que hoy corresponden a cerca del 40% de la fuerza laboral cubierta.
Al ajustar por población, Mutual calculó 3,34 denuncias por cada mil trabajadoras, frente a 1,55 entre los hombres. Eso implica una tasa 2,16 veces mayor. No equivale a medir directamente la probabilidad de sufrir violencia, pues pueden influir la ocupación, la exposición y la disposición a reportar.
En la Ley Karin, el 68% de las denuncias recibidas por Mutual en 2025 correspondió a mujeres. En salud llegaron al 81%, en enseñanza al 77% y en administración pública al 75%. La Dirección del Trabajo ha observado el mismo predominio femenino en sus registros administrativos.
Jaramillo evita atribuir el resultado a una sola causa. Apunta a la concentración de trabajadoras en salud, educación y cuidados, actividades con interacción permanente con usuarios, pacientes, estudiantes y familias. También menciona posibles diferencias en la exposición y en la conducta de denuncia, aunque el estudio no fue diseñado para establecer quién agrede a quién ni para medir consecuencias diferenciadas por sexo.
EL MAPA REGIONAL Y EL CASO EDUCACIÓN
La Región Metropolitana reunió 2.684 denuncias, el 51% del total, pero su tasa fue la más baja entre las regiones densamente pobladas: 1,80 por cada mil trabajadores cubiertos. Magallanes encabezó el indicador con 5,59; Arica y Parinacota llegó a 5,33 y Tarapacá, a 5,01.
En Magallanes los casos pasaron de 25 a 67, un salto que exige cautela por el reducido tamaño regional y las nuevas adhesiones. Al comparar los mismos centros, el aumento estimado baja a cerca de 46%. Mutual menciona como posibles factores las jornadas extensas, los turnos, la rotación y el aislamiento, pero reconoce que son hipótesis pendientes de estudios específicos.
Mientras transporte, comercio, construcción y servicios disminuyeron, enseñanza fue el único gran rubro que creció de manera significativa. Los establecimientos adheridos a Mutual reportaron 1.417 agresiones en los primeros cinco meses del año, 21% más que en 2025. El 85% de las víctimas fueron mujeres.
El aumento bruto, sin embargo, exagera el cambio dentro de los mismos colegios. Al comparar solo establecimientos que reportaron en ambos años, el alza se reduce a 1,6%, equivalente a 14 casos. El grueso provino de centros recién incorporados a Mutual o que denunciaron por primera vez.
Los docentes de aula regular sumaron 743 denuncias, 7% más que en 2025, y los educadores diferenciales, 158, con un aumento de 11%. La mitad de los casos está clasificada bajo categorías genéricas de oficio, lo que impide construir un mapa completo. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, describe un continuo que va desde insultos, amenazas y hostigamiento en redes sociales hasta agresiones físicas. Con los estudiantes, los incidentes son más cotidianos; con los apoderados, menos frecuentes pero más intensos.
INCLUSIÓN Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Uno de los puntos más sensibles son los 230 relatos que mencionan situaciones asociadas a estudiantes con trastorno del espectro autista. Fueron 273 en 2025: el nivel sigue alto, pero deja de acelerarse. Mutual, el gremio y los especialistas coinciden en que no corresponde responsabilizar a los niños ni a sus familias.
El foco está en la capacidad del sistema para manejar episodios de desregulación: personal especializado, formación, protocolos y espacios adecuados. Aguilar respalda la inclusión, pero afirma que faltan recursos humanos y materiales. Menciona cursos numerosos y apoyos especializados discontinuos. El problema, enfatiza, no son los estudiantes, sino un sistema que no les está entregando lo necesario.
Un estudio publicado por SUSESO en 2025 entrega otra señal. De 758 trabajadores encuestados, el 90,7% dijo haber vivido violencia de estudiantes o apoderados en los seis meses previos, principalmente de baja intensidad. Un 21,6% reportó agresiones físicas sin armas y un 7,6%, con armas.
Los autores advierten que el cuestionario circuló mediante el Colegio de Profesores y que la muestra está más ligada al mundo sindical y al sistema público, por lo que no debe extrapolarse al país. Sí hallaron una exposición significativamente mayor entre quienes ejercen docencia en aula.
EL COSTO PSICOLÓGICO Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL
La violencia no termina con el episodio. Ximena Adonis, psicóloga dedicada a la salud mental y el bienestar organizacional, explica que puede provocar desde malestar transitorio hasta ansiedad, estrés agudo, agotamiento y síntomas postraumáticos. Influyen la frecuencia de los hechos, el estado previo de la persona, sus redes de apoyo y la respuesta que recibe.
La inseguridad persistente mantiene activada la respuesta de estrés y puede expresarse en problemas de sueño, dolores de cabeza, desconcentración o aislamiento. Si no existe un período adecuado de recuperación, la afectación puede extenderse al desempeño, las relaciones laborales, las licencias médicas y el ausentismo.
La reacción institucional puede amortiguar o agravar ese daño. Una respuesta tardía o indiferente genera desprotección y pérdida de confianza. Por eso, el acompañamiento debe incluir contención inmediata, denuncia, medidas de protección, preparación del reintegro y una revisión posterior de lo ocurrido. Adonis advierte que hacer sin comunicar no reporta beneficios y que lo más importante es que la persona no se sienta sola.
Aguilar cuestiona que el sistema responda siempre a esas necesidades. Afirma que algunos docentes reciben reposos breves y regresan rápidamente a clases, sin suficiente consideración del impacto psicológico. Desde Mutual, Jaramillo insiste en que las cifras deben interpretarse con cautela: la caída de las denuncias generales coincide con la apertura de un canal específico bajo la Ley Karin, mientras el aumento en educación está fuertemente influido por la incorporación de nuevos establecimientos.
Para Aguilar, esa corrección estadística no altera la experiencia que reportan los docentes. Hemos llegado a calificar la profesión docente como una profesión de alto riesgo, afirma. Luego plantea una pregunta que, a su juicio, excede a los establecimientos y al propio gremio: cómo se ha llegado a un punto en que ir a trabajar a una escuela puede implicar un riesgo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
