Un grupo transversal de once alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana se reunió el martes con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para presentar una propuesta de nueve medidas destinadas a reforzar la ley de responsabilidad penal adolescente. La iniciativa busca conciliar una mayor exigencia frente a delitos violentos cometidos por menores con mecanismos efectivos de reinserción social, cumplimiento de sanciones y protección de las víctimas, en un contexto donde el aumento de la violencia juvenil ha tensionado el sistema penal.
El encuentro, calificado como inédito por su amplitud política, contó con la participación de jefes comunales de distintos sectores, quienes lograron un acuerdo para impulsar cambios legislativos que, según plantean, deben priorizar el funcionamiento real del sistema antes que reducir la edad de imputabilidad. Entre los firmantes destacan Camila Merino de Vitacura, Claudio Castro de Renca, Sebastián Sichel de Ñuñoa, Christopher White de San Bernardo, Carol Bown de San Miguel, Javiera Reyes de Lo Espejo, Jaime Bellolio de Providencia, Gustavo Toro de San Ramón, Karina Delfino de Quinta Normal, Isabel Valenzuela de Colina y Tomás Vodanovic de Maipú.
PROPUESTA TRANSVERSAL Y COINCIDENCIA CON EL EJECUTIVO
Tras recibir el documento, el ministro Rabat valoró el carácter transversal de la propuesta y señaló que existe coincidencia con el trabajo que impulsa el Gobierno. Afirmó que las indicaciones que el Ejecutivo prepara para presentar en el Senado se alinean con las medidas propuestas por los alcaldes, lo que podría acelerar su tramitación legislativa. Rabat destacó que la reunión no solo reunió a comunas diversas, sino también a representantes de distintos sectores políticos, lo que da cuenta de una preocupación compartida por la seguridad y la rehabilitación de los adolescentes infractores.
La alcaldesa Camila Merino, en representación del grupo, subrayó el valor del acuerdo alcanzado entre comunas que sufren la violencia y que, al mismo tiempo, buscan ofrecer oportunidades reales de rehabilitación a los menores. Merino fue enfática al señalar que no se requiere bajar la edad de responsabilidad penal, sino fortalecer la ley vigente para que Chile esté más seguro y los adolescentes tengan una oportunidad real de reinserción.
DATOS QUE RESPALDAN LA URGENCIA
Carol Bown, alcaldesa de San Miguel, entregó una cifra contundente para dimensionar la magnitud del problema: el 71% de los detenidos por delitos violentos en su comuna son menores de edad de entre 14 y 17 años. Bown destacó que la propuesta pone en el centro la seguridad de los vecinos y la necesidad de fortalecer la reforma legal, y que el acuerdo transversal entre alcaldes de distintas comunas es un paso necesario para abordar una problemática que afecta a todo el país.
MEDIDAS CONCRETAS PRESENTADAS
La propuesta incluye nueve ejes de acción. Entre ellos, restringir las sanciones en medio libre para delitos violentos; establecer un escalamiento efectivo frente a la reincidencia; rediseñar el régimen cerrado; crear planes de egreso con acompañamiento posterior al cumplimiento de la sanción; incorporar la participación de las víctimas; mejorar la supervisión de las condenas; crear un sistema nacional de alerta temprana; fortalecer el sistema de protección especializada; y abordar el consumo problemático de drogas como parte central de la prevención de la reincidencia.
Estas medidas buscan corregir lo que los alcaldes identifican como debilidades del actual sistema de responsabilidad penal adolescente, particularmente en lo relativo al régimen abierto, que según Claudio Castro de Renca no está logrando detener las trayectorias delictivas. Castro insistió en que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo y que el foco debe estar en que el sistema funcione de verdad, especialmente frente a delitos violentos y casos de reincidencia. Propuso revisar y fortalecer el régimen cerrado, asegurando que las sanciones sean proporcionales, se cumplan efectivamente y estén acompañadas de procesos reales de rehabilitación.
VISIÓN PREVENTIVA Y REINSERCIÓN
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, planteó que cuando el Estado no se hace presente en el espacio público, los niños y niñas quedan a merced del crimen organizado. Delfino llamó a adoptar una mirada preventiva, centrada en la reinserción y en la entrega de oportunidades laborales a los jóvenes, como forma de cortar las trayectorias delictuales. La propuesta, en su conjunto, refleja la convicción de que seguridad y reinserción no son excluyentes, sino que deben avanzar de manera simultánea.
El encuentro con el ministro Rabat marca un hito en la tramitación de la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, que ahora deberá ser discutida en el Senado. Los alcaldes esperan que el respaldo transversal acelere la tramitación y permita contar con herramientas más efectivas para enfrentar la violencia juvenil sin renunciar a la rehabilitación.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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