
Subcomisión de Presupuestos empata la Partida 31 y posterga el financiamiento de los gobiernos regionales
La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos no alcanzó una definición sobre la Partida 31 del proyecto de ley de presupuestos del sector público para 2027, destinada al financiamiento de los gobiernos regionales. La votación concluyó con tres sufragios a favor y tres en contra, de modo que el punto quedó pendiente y la instancia será citada nuevamente el día siguiente para resolverlo.
La sesión se realizó el 19 de octubre, entre las 12:00 y las 14:00 horas, en Valparaíso, y fue transmitida por el canal TVSenado Chile. La presidió la senadora Yasna Provoste y contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa; del director de Presupuesto, José Pablo Gómez; del presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco; y de gobernadores de distintas regiones, entre ellos Rodrigo Mundaca, de Valparaíso, quien concurrió como presidente subrogante de AGORECHI. Asistieron también alcaldes de Ñuble, asesores y representantes de asociaciones de funcionarios.
En la cuenta, el secretario informó que el gobernador del Maule, Pedro Pablo Salamanca, se excusó de asistir por compromisos previos de agenda. Se dio lectura además a un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional con un informe sobre los límites de la ley de presupuestos frente a leyes permanentes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia.
EL PLANTEAMIENTO DE LOS GOBERNADORES
El debate arrastraba más de un mes de conversaciones con el Ejecutivo. Mundaca sostuvo que la reducción global para los gobiernos regionales llega a 250.000 millones de pesos, con recortes de entre 10% y 20% según la región, y cifró en más de 17.000 millones la baja en Valparaíso, equivalente a un 15%. Mencionó que O’Higgins enfrenta el caso más severo, con un 20% y cerca de 20.000 millones menos. Sobre esa base pidió a los parlamentarios rechazar la partida.
El director de Presupuesto respondió que el proyecto se construye sobre un marco de responsabilidad fiscal y que comparte el diagnóstico sobre las rigideces que afectan la ejecución. Explicó que el Ejecutivo ofrece aperturas más tempranas de proyectos, trámites acelerados, reconocimiento del devengo y un incentivo de 7% para quienes alcancen el 50% de ejecución a mediados de año, medido sobre los subtítulos 31 y 33 en conjunto, además de un límite superior distinto para las cuatro regiones con mejor desempeño. Añadió que la variación respecto de 2026 llega a 151.000 millones de pesos, según la minuta de la oficina de presupuestos del Senado, y que no consideraba correcta la cifra de 250.000 millones. Precisó, asimismo, que las reglas de flexibilización del royalty provienen de leyes permanentes.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, advirtió que el incentivo es difícil de cumplir por la cadena de autorizaciones, licitaciones y tomas de razón, y propuso una instancia conducida por la Subdere en la que los gobiernos regionales den cuenta al Parlamento de los incumplimientos de los servicios mes a mes. Su par de Ñuble, Óscar Crisóstomo, cifró en 11.000 millones el recorte a esa región y enumeró efectos sobre transporte escolar, redes de apoyo para mujeres y centros de atención. José Miguel Carvajal, de Tarapacá, cuestionó la coherencia del Ejecutivo y recordó que la distribución de la venta de terrenos fiscales pasó de 65% a 35% para las regiones.
Claudio Orrego, gobernador metropolitano, propuso invertir la lógica: fijar como base el presupuesto de 2026 con la rebaja general y aplicar descuentos solo contra resultado. Héctor Pacheco, de ANCORE, enumeró cuatro nudos críticos: menos burocracia, recursos para la reactivación, flexibilidad financiera y fortalecimiento institucional. En contraste, René Zaffirio, de La Araucanía, señaló que la propuesta de Dipres satisface a su región y descartó sumarse al rechazo.
LA VOTACIÓN
En el pronunciamiento, el senador Trisoti, el diputado Eduardo Durán y el senador Cristián Vial votaron a favor. Trisoti condicionó su respaldo a la instalación inmediata de una mesa de trabajo con Hacienda, mientras Durán apostó por mantener abierta la conversación. En contra se manifestaron el diputado Juan Marcelo Valenzuela, la diputada Daniela Serrano y la presidenta de la instancia, quien cuestionó que se atribuya la baja ejecución a los gobiernos regionales.
El secretario consignó el empate, dio por repetida la votación sin cambios de posición y la mesa fijó una nueva citación para el día siguiente, a la espera de que prospere el diálogo entre gobernadores y Ejecutivo.
En nuestra lectura, el empate evidencia que la disputa excede el cálculo de cifras y alcanza el modo en que se define la inversión regional. Sería prudente que la mesa de conversación anunciada arroje pronto un resultado verificable.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








