La Corte de Apelaciones de Antofagasta reunió a magistrados, fiscales, defensores, académicos y estudiantes en el seminario Más allá de 25 años de reforma procesal penal, realizado en la sede Antofagasta de la Universidad Santo Tomás. La actividad, transmitida por el canal de YouTube Poder Judicial Chile, propuso revisar la transición desde el modelo inquisitivo al acusatorio, sus resultados y los desafíos que enfrenta la justicia penal.
La presidenta del tribunal de alzada, Virginia Sublet Mirante, inauguró la jornada y destacó que la oralidad, la publicidad de las audiencias, la separación entre investigar y juzgar y el resguardo de las garantías procesales fueron pilares del cambio. También sostuvo que las reformas institucionales requieren evaluación permanente y disposición para reconocer logros y aspectos por perfeccionar. La instancia se enmarcó, además, en la conmemoración de los 60 años de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
FORO INTERINSTITUCIONAL
El primer panel, moderado por el secretario del tribunal, Juan Pablo Flores, reunió al ministro Juan Fernando Paso Lagos, al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, y al defensor jefe de Calama, Hernán Díaz Verdugo. Los expositores contrastaron la experiencia del antiguo sistema con la puesta en marcha del Código Procesal Penal y abordaron los aprendizajes acumulados en coordinación interinstitucional.
Díaz recordó las dificultades de acceso a la información bajo el sistema antiguo y valoró que la publicidad acercara la actuación judicial a la comunidad. Relató como ejemplo una audiencia de acuerdo reparatorio realizada en la comunidad atacameña de Socaire, que consideró un ejercicio relevante de justicia de cara a la comunidad. Asimismo, planteó su preocupación por la desproporción de condenas en causas de drogas cuando las cantidades involucradas son muy distintas.
Aguilar describió etapas de instalación, consolidación y modernización del Ministerio Público, con creación de fiscalías locales, coordinaciones para los controles de detención, uso de audiencias telemáticas, entrega digital de antecedentes a la defensa y funcionamiento del turno de la macrozona norte. También identificó como desafíos la persecución del crimen organizado, la corrupción y los juicios extensos.
Paso Lagos se refirió a la dificultad inicial de aprender un sistema nuevo, al cambio desde una función de investigación hacia una judicatura imparcial y a la incorporación de la gestión administrativa en los tribunales. Advirtió que diversas modificaciones legales han introducido contradicciones y tensiones en la aplicación del Código, lo que, a su juicio, complejiza el ejercicio de la jurisdicción.
MIRADAS ACADEMICAS
El módulo principal contó con las exposiciones de Héctor Hernández Basualto, académico de la Universidad Diego Portales, y del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Rodríguez Vega. Rodríguez recordó que el 16 de octubre se cumplieron 25 años desde que el sistema comenzó a regir en Antofagasta, Atacama y Maule, como segunda etapa de una implementación gradual.
Hernández presentó una lectura crítica sobre el deterioro del juicio oral. Sostuvo que, por distintas vías, la carpeta de investigación y material que debiera someterse a contradicción terminan ingresando al juicio, entre ellos informes periciales, documentos, declaraciones previas y pruebas anticipadas. A su juicio, esa acumulación vuelve impracticable el juicio, especialmente en causas complejas, y convierte las sentencias en extensas actas del debate. Propuso reformular la audiencia de preparación, reducir drásticamente la documentación y reforzar el rol del juez de garantía.
Rodríguez planteó que el Código fue un punto de partida y no de llegada. Señaló que la jurisprudencia ha construido o consolidado instituciones como la audiencia de control de detención, la inutilizabilidad de la prueba obtenida en detenciones ilegales, la cautela de garantías y el control de actuaciones del Ministerio Público mediante el recurso de nulidad. También reconoció vacilaciones y contradicciones en los tribunales, y mencionó como desafíos la ejecución penal, los megajuicios, la intervención de las víctimas, el crimen organizado y el tratamiento de la evidencia digital.
DEBATE Y PREGUNTAS
En el bloque final, conducido por José Luis Ayala Leguas, juez del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, se discutió la necesidad de imputaciones precisas y de una depuración probatoria más exigente. Hernández respondió que muchas acusaciones contienen relatos amplios antes que imputaciones penales claras, lo que dificulta delimitar la prueba pertinente. Rodríguez defendió que los jueces apliquen las normas desde la Constitución y los tratados, sin asumir una agenda política.
Una intervención del público abordó la brecha de recursos entre el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Hernández sostuvo que el sector justicia debiera analizarse como un conjunto en las discusiones presupuestarias y que el Ministerio de Justicia tiene un rol relevante para equilibrar sus distintas instituciones.
En nuestra lectura, el seminario deja una advertencia útil para la práctica: la calidad del juicio oral depende tanto de las reglas como de la disciplina con que fiscales y defensas delimitan sus imputaciones y pruebas. Sería prudente que ese estándar de precisión se discuta también en las audiencias de garantía, sin perder de vista que la fuente sitúa esos problemas como desafíos y no como conclusiones cerradas.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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