El homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, de 32 años, funcionario de la Subcomisaría de Conchalí Norte, ocurrió el miércoles de la semana pasada en la comuna de Renca. Este jueves la causa dio un paso relevante: dos personas fueron formalizadas como encubridores del crimen y quedaron en prisión preventiva por disposición del tribunal que conoce la investigación.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal Cristóbal Salazar, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, los imputados no habrían participado directamente en el ataque armado, sino que colaboraron con los autores materiales para dificultar su captura. Uno de ellos habría trasladado hasta Quilicura el vehículo utilizado en la huida y luego lo habría incendiado. El otro habría guardado especies sustraídas y facilitado su casa para que los delincuentes se cambiaran de ropa después del asalto.
Una tercera persona que permanecía detenida en el marco de la causa no fue formalizada en esta oportunidad, según se informó desde la audiencia.
PRISIÓN PREVENTIVA
En la formalización, el fiscal Salazar comunicó que se investiga el delito de robo con homicidio, en calidad de encubridores, respecto de ambos imputados. A uno de ellos se le sumó además el delito de incendio, vinculado a la quema del automóvil en el que escaparon los antisociales.
El tribunal dio por acreditados los ilícitos y acogió la solicitud del Ministerio Público en orden a decretar la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo con lo explicado por el persecutor, la decisión se fundó en que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad y en la posibilidad de que pongan en riesgo diligencias concretas que aún están en curso. El plazo de investigación quedó fijado en 120 días.
La participación de los formalizados en el encubrimiento del robo con homicidio fue calificada por el fiscal como sumamente relevante, afirmación que, según dijo, también fue acogida por el tribunal al momento de resolver la medida cautelar.
HIPÓTESIS FISCAL
El Ministerio Público mantiene la hipótesis de que el cabo Ortiz Vásquez fue víctima de un robo con homicidio. Los antecedentes recopilados apuntan a que el funcionario habría acordado a través de redes sociales la venta de un iPad y un computador. Al llegar al lugar pactado, fue abordado por antisociales que lo asaltaron y le dispararon.
Tras el ataque, los delincuentes huyeron llevándose los dispositivos electrónicos y también la pistola institucional del carabinero. Hasta ahora, ni los artículos sustraídos ni el arma de servicio han sido recuperados, según reconoció el fiscal Salazar durante la audiencia.
El persecutor indicó que todavía no existen resultados concretos respecto de los autores materiales del homicidio. Aseguró, eso sí, que se están ejecutando diversas diligencias para establecer su identidad y dar con su paradero.
DILIGENCIAS EN CURSO
En esa línea, el fiscal explicó que desde el jueves pasado funcionarios del OS9 de Carabineros trabajan de manera incansable para establecer la participación de cualquier persona que tenga algún tipo de relevancia en la investigación. La labor apunta a determinar si existen otros involucrados en la planificación o ejecución del hecho.
Salazar precisó que por ahora no es posible entregar mayores antecedentes públicos, con el objetivo de no comprometer el éxito de las diligencias que se encuentran vigentes. Según dijo, la reserva responde a la necesidad de proteger las actuaciones que aún están en desarrollo.
Con las medidas cautelares decretadas, los dos formalizados como encubridores permanecerán privados de libertad mientras avanza la investigación, que ya cuenta con un horizonte procesal definido de 120 días. El caso, en tanto, continúa abierto y a la espera de nuevos resultados que permitan esclarecer por completo las circunstancias del crimen.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
