Gobierno anuncia comisión para reformar el Estatuto Administrativo y flexibilizar el empleo público
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció esta semana la creación de una comisión transversal para revisar las rigideces y vicios del Estatuto Administrativo, la norma que rige las relaciones laborales en el sector público desde 1989. La instancia será liderada por un economista independiente e integrada por técnicos de distintos sectores. El anuncio llega después de que fracasaran intentos previos de reforma, como el impulsado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y la iniciativa que no alcanzó a cuajar en la administración de Gabriel Boric.
Quiroz justificó la medida señalando que el mundo cambió y que el Estado debe adaptarse al nuevo entorno. «Ha cambiado el mundo, las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno. La comisión tendrá que determinar las cosas que hay que cambiar, pero efectivamente hay muchos temas de rigideces. Queremos que el Estado sirva mejor a la ciudadanía», dijo el ministro. Sus declaraciones provocaron reparos inmediatos en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).
El contexto político sería más propicio que en ocasiones anteriores. El gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y el apoyo del Partido de la Gente (PDG) se perfila como clave para aprobar los cambios. En el oficialismo se da por descontado el rechazo de los sectores más a la izquierda, en particular del Partido Socialista, que históricamente ha resistido este tipo de modificaciones.
REACCIONES POLÍTICAS
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Luciano Cruz-Coke (Evopoli), afirmó que la modificación del Estatuto es urgente y que existe respaldo ciudadano para concretarla. «Esta modificación, junto a la reforma al sistema político, son los ejes principales del funcionamiento de una sociedad como la nuestra y están pendientes», planteó el senador, quien además criticó que la izquierda utilice el estatuto como defensa corporativa.
En la misma línea, el senador Pedro Araya (PPD) reconoció que la norma requiere una revisión profunda que proteja los derechos de los trabajadores y, a la vez, flexibilice el empleo en el Estado. A su juicio, el gobierno tiene viabilidad política para avanzar porque cuenta con mayoría en el Congreso. El jefe de los diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, puso el acento en las anomalías del sistema de evaluación de desempeño. «No tiene mucho sentido si todo el mundo se saca una nota 7», dijo.
Más cauta fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien señaló que su partido está interesado en apoyar la modernización del Estado, pero sin perder el foco en los derechos de los trabajadores. «No apoyaremos ninguna regresión en materia de derechos de los funcionarios públicos», advirtió. Añadió que esperarán a conocer la propuesta del gobierno antes de tomar una posición definitiva.
LAS REGLAS EN LA MIRA
Creado en 1989, el Estatuto Administrativo rige las relaciones entre el Estado y los funcionarios de la mayoría del gobierno central, incluyendo ministerios, servicios públicos, intendencias y gobernaciones. La norma no se aplica íntegramente a entes como la Contraloría, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las municipalidades. Existen tres categorías de vínculo laboral: los funcionarios de planta, que tienen cargos permanentes; los de contrata, que se renuevan cada 31 de diciembre; y los honorarios, considerados el eslabón más débil.
El espíritu original de la ley apuntaba a que el 80% de los funcionarios fueran de planta y el 20% transitorios. Según Cruz-Coke, esa proporción está quebrada y hoy es exactamente al revés. A diferencia del sector privado, donde rige el Código del Trabajo, los funcionarios públicos no tienen derecho a indemnización ante un despido, pero gozan de una mayor estabilidad laboral. Sus salarios son al menos 15% más altos que los del sector privado, aunque su productividad ha sido cuestionada.
Los expertos coinciden en que los despidos en el sector público son procesos engorrosos y lentos, con sumarios que pueden durar años. Además, el sistema de evaluación de desempeño está de facto invalidado: alrededor del 90% de los empleados públicos se ubica en la lista 1, la de Distinción, lo que hace inútil el mecanismo.
PROPUESTAS DE EXPERTOS
El director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, planteó que una de las reformas debe apuntar a homologar la relación laboral de los funcionarios a contrata con la del sector privado, con causales de despido más claras y la posibilidad de contemplar indemnizaciones por egresos no voluntarios. También sugirió explorar un régimen especial para cargos de confianza política, con plazo de caducidad, para que el Estado no se convierta en un botín político del gobierno de turno. «El principio del empleo público es que no sea un botín político, pero de todos modos el gobierno electo democráticamente podría tener staff acotado de personas que aseguren la implementación de sus políticas», señaló.
Irarrázaval participó este año en un estudio sobre modernización del Estado, junto a Jorge Rodríguez (CEP), Sebastián Soto (CEP) y Cristóbal Gamboni (CPC), que propone cambios al empleo público. Otro estudio, elaborado por Pivotes, plantea un régimen laboral general para los trabajadores públicos y una selección basada en el mérito.
La economista Andrea Bentancor, experta en temas laborales y asesora de Jeannette Jara en su última campaña presidencial, considera que una reforma de esta magnitud debe diseñarse con diálogo social. Propuso separar claramente a las personas que asesoran políticamente a la autoridad de turno de quienes tienen una carrera funcionaria, favorecer la movilidad horizontal entre servicios, modificar los sistemas de evaluación de desempeño y fortalecer el Servicio Civil para que cumpla un rol rector.
Un economista cercano a Hacienda advirtió que el principal desafío será la transición entre el régimen actual y el nuevo. «Una opción es hacerla al flujo entrante de trabajadores que ingresen al aparato estatal, pero eso puede demorar décadas», explicó. Si se quiere acelerar el proceso, será necesario invertir recursos para generar incentivos y evitar tensiones entre las distintas categorías de empleados públicos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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