La inteligencia artificial dejó de ser una promesa de laboratorio y se convirtió en 2025 en una herramienta de uso cotidiano en los estudios jurídicos chilenos, con una adopción que convive entre el entusiasmo por el ahorro de tiempo y costos y la preocupación por sus fallos. Las firmas locales operan con dos reglas compartidas: un abogado siempre tendrá la última palabra sobre el resultado y ningún antecedente confidencial puede ingresar a estos sistemas. La industria mira con atención además el reciente giro del Poder Judicial, que instaló barreras tecnológicas como captchas tras el colapso de la Oficina Judicial Virtual y después de que un profesional citara ante la Corte de Apelaciones fallos inexistentes, en un caso similar al ocurrido en el Tribunal Constitucional.
LA IA SE VUELVE COTIDIANA
El despegue partió en 2024 y se consolidó al año siguiente. En las oficinas se usa para localizar información, revisar jurisprudencia nacional e internacional, hacer búsquedas especializadas, traducir documentos complejos y revisar grandes volúmenes de contratos.
Los abogados destinan menos tiempo a esas labores mecánicas y lo concentran en los casos. También se produce un ahorro en los costos fijos, aunque el mercado ya anticipa un impacto en la contratación de recién egresados que tradicionalmente realizaban parte de esos trabajos.
Las herramientas más utilizadas en el medio legal chileno son Magnar, una startup nacional que proyecta ventas por US$ 6 millones este año, y Harvey, la plataforma estadounidense participada por OpenAI. A ellas se suman Copilot, Claude y Gemini para tareas más rutinarias.
LAS DOS MÁXIMAS DEL SECTOR
Frente a los riesgos, errores e incertezas que aún rodean a la IA, los estudios han levantado reglas y protocolos internos. La primera máxima es que la decisión final siempre recae en una persona. La segunda es que nada confidencial se comparte con estas herramientas, por el peligro de filtraciones o mal uso.
El caso del bufete estadounidense Sullivan & Cromwell ilustra los temores. A fines de abril debió disculparse públicamente porque la IA generó decenas de errores en un escrito presentado ante el Tribunal de Quiebras de Manhattan, con citas legales inventadas, leyes mal indexadas y fuentes inexistentes en el marco de la bancarrota del grupo Prince Group.
En Chile, la sanción a abogados por citar fallos falsos ante tribunales superiores ya encendió las alarmas. Frente a eso, las firmas despliegan comités y equipos de gobernanza para ordenar el uso de la tecnología.
GOBERNANZA EN LOS ESTUDIOS
En Carey, el estudio local más grande, la IA se usa de manera sistemática desde 2024. La firma creó un Comité de Inteligencia Artificial, que define los lineamientos estratégicos y de gobernanza, y un equipo dedicado a la implementación de la tecnología, la transformación digital e innovación.
Francisco Carey, socio y presidente de ese comité, explica que la inversión es sostenida y se orienta a tres frentes: herramientas, formación de los equipos y gobernanza. Las decisiones de crecimiento se toman sobre evidencia de impacto real en la calidad y eficiencia del trabajo. El estudio es, además, inversionista de Magnar.
En Puga Ortiz, la tecnología sistematiza información, ordena causas voluminosas y arma líneas de tiempo, pero tiene vedado el terreno de las decisiones. No puede definir estrategias de defensa, negociar, aconsejar al cliente ni redactar los escritos finales.
Matías Cortes, socio de la firma, advierte que esa responsabilidad es indelegable: un abogado puede decidir no usar IA, pero lo que no puede hacer es creer que no la está usando. La norma se aplica a todos quienes acceden a información de clientes, desde socios hasta proveedores externos.
Nicole Nehme, socia de FerradaNehme, destaca el rol de la capacitación para conocer las limitaciones de las herramientas y mantener el resguardo del secreto profesional. Ese estudio tiene una política de uso y un comité de estrategia digital.
En Alessandri Abogados, los protocolos ponen énfasis en la confidencialidad, la revisión humana de los resultados y el cumplimiento de estándares éticos. Cristián Pérez, socio y gerente general, señala que los clientes no contratan a la firma por usar o no IA, sino por la calidad del criterio y la capacidad de resolver problemas.
LA GUÍA DEL COLEGIO
La misma realidad motivó al Colegio de Abogados a publicar el 15 de julio una guía para el uso de sistemas de inteligencia artificial. El documento abarca a los abogados en cualquier etapa del ejercicio profesional, incluidas la asesoría, representación, litigación, negociación y redacción de actos, contratos, opiniones y dictámenes.
El presidente de la entidad, Ramiro Mendoza, cuenta que el grupo de trabajo dirigido por el consejero Salvador Valdés elaboró la guía de buenas prácticas con tres lineamientos: prudencia, realidad y control.
Mendoza también advierte sobre los riesgos de las nuevas normas del Poder Judicial. Afirma que un acceso con cortapisas de seguridad poco prudentes puede generar complicaciones severas, porque los abogados responden a la carga judicial dentro de plazos mínimos.
TECNOLOGÍA Y ACCESO A LA JUSTICIA
El mundo legal observa con atención el fuerte aumento de la judicialización. Cifras del Poder Judicial indican que este año se tramitarán más de tres millones de causas, y los estudios masivos son los más complicados por la alta cantidad de trámites.
Matías Cortes plantea que la IA haría más eficiente y barato el acceso a la justicia y liberaría las agendas de los receptores. Los registros podrían analizarse y compararse con las demandas o contestaciones, y luego citarse directamente en los fallos.
Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, propone automatizar la toma de testimonios y las resoluciones repetitivas como téngase presente o traslado, preservando la espontaneidad del relato.
Bernarda Muñoz, directora del área Data Privacy y Ciberseguridad de FerradaNehme, alerta sobre el Shadow AI: las herramientas se usan antes de que existan reglas definidas, un desafío transversal que exige especial atención en el sistema de justicia.
Jaime Couso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, sostiene que prohibir estas tecnologías ignoraría el problema y comprometería bienes públicos como el mayor acceso a la justicia a menor costo. Lo urgente, agrega, es rediseñar el sistema para un mundo con tecnología e IA.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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