La bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó una moción que busca impedir que abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo puedan ingresar con posterioridad a instituciones públicas. La iniciativa, que se enmarca en la discusión sobre probidad y crimen organizado, propone un sistema de inhabilidades e incompatibilidades que además de operar como filtro de ingreso alcanzará a quienes ya ejercen funciones en esos organismos. La propuesta fue dada a conocer por los propios legisladores que la impulsan.
LOS ALCANCES DE LA INHABILIDAD
De acuerdo con el texto de la moción, la restricción operará respecto del ingreso a la Administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. En el ámbito parlamentario, la inhabilidad también se extiende a determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios que tengan por objeto el ejercicio regular de asesorías jurídicas, legislativas o profesionales para comités, diputados y senadores.
La iniciativa no solo regula el acceso futuro. También establece que los abogados que ya se desempeñan en dichos organismos no podrán asumir este tipo de causas mientras permanezcan en sus cargos. El incumplimiento de esa prohibición podría derivar en la destitución, la remoción o el término del contrato, según la institución de que se trate y el estatuto que le resulte aplicable al funcionario.
FISCALIZACIÓN Y REGISTRO
Para verificar el cumplimiento de las nuevas reglas, el proyecto contempla un deber de información a cargo del juez competente o del Ministerio Público. Ambos deberán comunicar a la Contraloría General de la República la identidad de los profesionales que intervengan como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas comprendidas por la iniciativa.
Con esos antecedentes, la Contraloría mantendrá un registro destinado exclusivamente a fiscalizar las inhabilidades e incompatibilidades que se crean. Ese registro podrá ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin que su funcionamiento afecte la autonomía de dichos organismos. De esta manera, la moción busca entregar herramientas de control transversales a los propios órganos del Estado.
EXCLUSIONES Y DERECHO A DEFENSA
La propuesta excluye expresamente las actuaciones realizadas por los abogados de la Defensoría Penal Pública, los prestadores del servicio de defensa penal pública y los profesionales de las Corporaciones de Asistencia Judicial y del nuevo servicio de Acceso a la Justicia. Tampoco se aplicará a los egresados de Derecho que realicen su práctica profesional gratuita en esas instancias.
Según los fundamentos de la moción, esta distinción busca resguardar el derecho constitucional a defensa y evitar que la regulación afecte a quienes intervienen en estas causas como parte de una función institucional. En ese sentido, el proyecto amplía la regla actualmente contemplada en el artículo 61 de la Ley de Drogas, que ya prohíbe a los abogados de la Administración del Estado defender simultáneamente a imputados por delitos sancionados en esa normativa. Lo que hace la nueva iniciativa es extender esa lógica a un catálogo más amplio de delitos y a un conjunto más extenso de instituciones públicas.
ARGUMENTOS DE LOS LEGISLADORES
El integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, Mauro González, sostuvo que “debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado”. Según dijo, no se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo para quienes deciden libremente defender a quienes intentan debilitar al Estado.
El subjefe de bancada, diputado Eduardo Durán, afirmó que el proyecto busca evitar conflictos de interés y cerrar espacios para que quienes hayan decidido defender a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo no puedan posteriormente incorporarse a organismos públicos donde podrían acceder a información o ejercer funciones especialmente sensibles. Durán enfatizó que la iniciativa no cuestiona el derecho a defensa, sino que fija estándares de probidad y resguardo institucional para quienes trabajan al servicio del Estado.
En tanto, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, señaló que el crimen organizado no solo busca controlar territorios, sino también penetrar las instituciones. Por eso, afirmó, el Estado debe anticiparse y establecer barreras claras. Agregó que quien decida ejercer profesionalmente la defensa de imputados por delitos vinculados al narcotráfico, el terrorismo o la asociación criminal debe entender que esa decisión puede generar incompatibilidades con el desempeño posterior de determinadas funciones públicas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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