El proyecto de ley que crea un Registro Único de Vándalos e Incivilidades, anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, busca establecer un mecanismo de responsabilidad directa para quienes cometan actos que afecten los espacios públicos y la convivencia ciudadana. La iniciativa, firmada horas después desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, contempla sanciones que incluyen desde multas hasta la pérdida de beneficios sociales, así como restricciones administrativas como la imposibilidad de obtener pasaporte o licencia de conducir.
Según la información oficial, el registro tiene como objetivo disuadir conductas que atenten contra la vida en comunidad, distinguiendo entre actos vandálicos constitutivos de delitos e incivilidades que degradan el entorno urbano o perturban la convivencia social. El Mandatario subrayó en su discurso que «todos van a tener que responder por sus hechos. Esto de que no hay responsables se va a terminar», agregando que quienes cometan estas conductas perderán beneficios sociales.
El proyecto permitirá crear una base de datos consolidada con resoluciones judiciales, sanciones y otros antecedentes de los infractores, con el propósito de fortalecer la coordinación entre instituciones públicas.
QUIÉNES INGRESARÍAN AL REGISTRO
El registro incluirá a personas que cometan conductas tipificadas como delitos, tales como daños a la propiedad, daños a monumentos nacionales, ocupación ilegal de inmuebles, maltrato a la autoridad, microtráfico de sustancias ilícitas y atentado contra profesionales de la salud.
Además, se incorporarán conductas calificadas como «incivilidades», entre las que se encuentran la degradación del entorno urbano, la perturbación de la convivencia o la afectación del uso común del espacio público. También se contempla la destrucción, daño, deterioro o alteración de equipamiento o bienes públicos de uso comunitario, como multicanchas, luminarias, juegos, bancas u otros asientos ubicados en plazas, parques o la vía pública. Asimismo, se considerará la firma, rayado o dibujos de expresiones en bienes muebles o inmuebles, públicos o privados, sin la debida autorización.
Otras conductas incluidas son el consumo de drogas o alcohol en la vía pública, la evasión del pago en el transporte público y la ocupación no autorizada de establecimientos educacionales.
SANCIONES Y EFECTOS DEL REGISTRO
Para quienes cometan estos delitos o incivilidades, la iniciativa establece multas aplicadas por los Juzgados de Policía Local, además de la inclusión en el Registro Único de Vándalos. Esto se aplicará especialmente a aquellas conductas que no tengan una sanción asociada en las leyes respectivas.
Uno de los efectos más relevantes de estar inscrito en el registro es la pérdida de beneficios sociales, como la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU), el subsidio de arriendo o las becas de posgrado. La medida también contempla que, al postular a cualquier beneficio estatal, se deberá consultar si la persona figura en el registro.
Además, a los inscritos se les retendrá la devolución de impuestos. No podrán obtener ni renovar documentos como el pasaporte ni la licencia de conducir, y tampoco podrán inscribir a su nombre un vehículo en el Registro Civil ni una propiedad en el conservador de Bienes Raíces.
La iniciativa representa un cambio significativo en la forma de abordar conductas que afectan la convivencia y el espacio público, al vincular directamente las sanciones administrativas y la pérdida de beneficios estatales con la comisión de estos actos. El proyecto, que ahora deberá ser tramitado en el Congreso, busca generar un efecto disuasivo y garantizar que existan responsables identificables ante la comunidad.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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