Rabat defiende la reforma al INDH y cuestiona el uso de querellas durante el estallido social
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, concurrió este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para respaldar la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que impulsa el Gobierno, y centró su intervención en las acciones penales que el organismo presentó durante el estallido social de 2019. De acuerdo con su exposición, el Instituto ingresó 3.263 querellas criminales en ese contexto y solo 68 habrían tenido «algún destino».
La diferencia entre ambas cifras fue el eje del argumento del secretario de Estado, que la utilizó para justificar uno de los cambios más relevantes de la iniciativa: sacar del INDH la atribución de querellarse. «No cabe ninguna duda de que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal», sostuvo el ministro ante los diputados.
EL MINISTERIO PÚBLICO COMO REFERENCIA
Rabat explicó que la persecución penal corresponde al Ministerio Público, al que describió como el organismo autónomo encargado de esa función en Chile. Junto con eso, recordó el origen de la atribución que ahora se busca eliminar: fue incorporada durante la tramitación de la ley que creó la institución, tras un veto de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
EL REEMPLAZO DE LA QUERELLA
El proyecto, que ingresó este lunes al Congreso, propone sustituir la posibilidad de presentar querellas criminales por una atribución de denuncia institucional ante las autoridades competentes. Se trata de uno de los cambios más relevantes que contempla la iniciativa en materia de facultades judiciales.
La reforma, en todo caso, no toca todas las herramientas del Instituto: el INDH mantendría la facultad de interponer recursos de amparo y de protección.
MENOS CONSEJEROS Y UNA DIRECCIÓN EJECUTIVA
En paralelo, la iniciativa reduce de 11 a cinco los integrantes del Consejo del INDH y crea una Dirección Ejecutiva encargada de la administración y el funcionamiento del organismo.
Rabat sostuvo que la modificación no implica debilitar la protección de los derechos humanos. La propuesta contempla, según dijo, la presentación de opiniones especializadas ante tribunales en calidad de amicus curiae, además de la elaboración de informes técnicos y recomendaciones sobre iniciativas legislativas.
UN CONSEJO IMPLEMENTADOR POR DOS AÑOS
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, detalló otro de los flancos del proyecto: la creación de un consejo implementador de cinco integrantes, designados por el Senado a partir de una nómina presentada por el presidente de la República. Ese órgano duraría dos años, sin posibilidad de reelección, y tendría a su cargo la elaboración de los nuevos estatutos y la definición de los procedimientos para implementar la nueva estructura institucional.
Terminada esa etapa, el INDH contaría con un consejo permanente de cinco integrantes, con participación de representantes de la sociedad civil, la academia y el Congreso.
ESTATUTOS SIN AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE
La propuesta también permitiría que el Instituto apruebe sus propios estatutos sin requerir la autorización del presidente de la República, medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo para fortalecer su autonomía.
En nuestra lectura, el énfasis del Ejecutivo en la cifra de querellas desplaza el debate desde el diseño institucional del INDH hacia la justificación de una sola de sus atribuciones. Sería prudente que la discusión parlamentaria aborde ambos planos por separado.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/21/rabat-defiende-reforma-al-indh-y-acusa-abuso-en-querellas-por-el-estallido-social.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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