El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró este jueves que la reforma constitucional impulsada por el gobierno para consagrar la seguridad pública como un deber del Estado busca reflejar una preocupación ciudadana. La afirmación la realizó tras reunirse con el Presidente José Antonio Kast y con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en La Moneda.
La cita fue convocada para revisar el Plan de Infraestructura Carcelaria. Tras el encuentro, Rabat explicó que el objetivo es continuar y mejorar el plan, además de adaptarlo a las necesidades que generarán las distintas modificaciones legales que el gobierno impulsa en materia de seguridad.
REUNIÓN EN LA MONEDA
«La idea fue revisar el plan de infraestructura carcelaria, por cierto, continuarlo, mejorarlo, y ver de qué manera podemos atender a las necesidades que va a traer esta presentación de distintas modificaciones legales relacionadas en materia de seguridad», sintetizó el secretario de Estado.
El ministro informó que la próxima semana se volverán a reunir con el Presidente para entregar los avances en materia carcelaria. En ese contexto, precisó que la expectativa del Ministerio de Justicia es que durante el 2027 o a principios del semestre de 2028 estén en uso algunos módulos de alta y máxima seguridad.
Además, adelantó que se evaluará una construcción industrializada y modular, con el objetivo de acelerar los plazos ya establecidos y mantener la ejecución del plan de infraestructura carcelaria. La iniciativa busca otorgar una respuesta más rápida a las necesidades del sistema penitenciario.
En la instancia, Rabat también fue consultado sobre la posibilidad de implementar en Chile una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El titular de Justicia insistió en la postura que ya ha manifestado el Ejecutivo: «Nosotros estamos trabajando en lo que tenemos hoy día, evidentemente que las situaciones no son exactamente las mismas y por lo tanto hay soluciones diversas».
REFORMA CONSTITUCIONAL
En cuanto a la reforma constitucional incluida en la nueva agenda de seguridad, el ministro detalló que con esa incorporación «se puede actuar en distintos proyectos de ley y en distintas situaciones amparado en esa modificación constitucional». De esta forma, el gobierno contaría con un respaldo normativo de nivel constitucional para abordar las iniciativas legales que impulsa en esta área.
Consultado sobre si la presentación de la reforma buscaba evitar reveses en el Tribunal Constitucional, Rabat lo negó. «Lo hacemos para que la Constitución Política de la República refleje debidamente una situación que hoy día a la ciudadanía le preocupa que es precisamente la seguridad pública», respondió.
INDULTOS A UNIFORMADOS
Otro tema abordado fue la presión que parlamentarios de derecha han ejercido sobre el Presidente Kast para que otorgue indultos a uniformados. Ante esa consulta, Rabat señaló que el Ministerio de Justicia sigue un procedimiento establecido: cada solicitud de indulto se trata de la misma manera, lo que implica abrir un expediente administrativo, incorporar los antecedentes correspondientes y luego pronunciarse de forma fundada.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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