La partida de Salud quedó en el centro de la tercera jornada de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde el incremento de 4,7% previsto para el Ministerio de Salud abrió un debate sobre cómo el ajuste fiscal puede afectar las prestaciones que reciben los usuarios. La ministra May Chomalí expuso ante los parlamentarios el cambio en el financiamiento de cuatro Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), mientras la instancia avanzó además en las partidas del Ministerio Público y de Vivienda y Urbanismo.
SALUD: EL TRASPASO DE LOS CUATRO PROGRAMAS
La titular de Salud explicó que los recursos de esos cuatro programas pasarán a integrarse a la canasta de prestaciones que se financia mediante el per cápita, de modo que dejen de depender de convenios específicos y de la rendición de cada programa.
“Lo que estamos haciendo acá es que estamos incorporando cuatro programas que llegaron en algún momento a través de programas de reforzamiento a la canasta de atención primaria, porque son cosas básicas que están haciendo”, afirmó la ministra ante la comisión.
Según Chomalí, cerca de 800 mil personas no contaban con financiamiento para estos cuatro programas en sus comunas y, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Salud, el 78% de las comunas recibiría más recursos que los que obtenía mediante los PRAPS, sin considerar el incremento propio del per cápita.
La secretaria de Estado defendió que la medida permite entregar los fondos desde enero de 2027 sin firmar convenios ni rendir cada programa por separado. “Al incorporar al per cápita estos recursos, no se tienen que rendir, no se tienen que firmar convenios, los reciben a partir de enero del 2027 y, por lo tanto, no depende de que llegue alguien y diga: ‘Yo no quiero más cuidados paliativos’. Lo tienes que tener“, sostuvo.
LAS CIFRAS QUE SE DEFENDIERON EN LA COMISIÓN
La diputada Flor Weisse (UDI) valoró que el presupuesto sectorial crezca por sobre el erario general. “Hay un aumento de un 4,7% en este presupuesto, entendiendo que el presupuesto en general aumenta en 1,5%, por lo tanto, sí tiene un aumento proporcionalmente mayor“, planteó.
En la misma línea, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) rechazó las críticas sobre una eventual rebaja de beneficios sociales. “Yo de verdad que no sé qué presupuesto vieron. No entiendo que dicen que hay rebaja de beneficios sociales en circunstancias que hay cosas que crecen”, expresó.
El parlamentario afirmó que la atención primaria recibirá más de $154 mil millones adicionales y destacó el aumento del per cápita basal, que pasaría de $12.610 a $13.240 por persona inscrita. De los $630 adicionales, precisó, $218 corresponden a recursos nuevos y $412 a los cuatro programas que se incorporan de manera permanente a los presupuestos municipales.
LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL ACCESO A LAS PRESTACIONES
Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que el foco del debate son los efectos del ajuste fiscal en el acceso a la salud. “Aquí la discusión va a estar centrada en si el ajuste fiscal debe limitar el acceso a la salud en nuestro país en las distintas prestaciones“, señaló.
El legislador apuntó a la reducción de 14,5% en los recursos de la Ley Ricarte Soto, equivalente a cerca de $28 millones, y a la falta de avances en la incorporación de nuevas enfermedades desde 2019, mencionando los casos de pacientes con cáncer de mama, fibrosis quística y diabetes tipo 1. También cuestionó que las medidas de eficiencia se traduzcan en rebajas de asignaciones para el funcionamiento de los servicios. “Tiene que haber una capacidad de gestionar y al mismo tiempo de gastar correctamente“, planteó, y pidió que el ajuste no implique retrocesos en derechos y beneficios adquiridos.
El diputado Matías Fernández (FA) cuestionó la influencia del Ministerio de Hacienda en la planificación sanitaria. “Estoy convencido de que el primer recorte que se afectó en salud no tenía que ver con la eficiencia y eficacia. Tenía que ver con la solicitud directa del Ministerio de Hacienda, que desentendía las realidades que existían en salud“, comentó. El parlamentario pidió asegurar recursos para que los municipios implementen programas de atención primaria como el PRAP y el MAIS, transparentar los criterios de priorización regional de proyectos de infraestructura —mencionando los hospitales de Valdivia, Panguipulli y Mariquina— y garantizar dotaciones suficientes para los hospitales de Río Bueno y Los Lagos, cuya inauguración está prevista para 2027.
MINISTERIO PÚBLICO: APROBACIÓN UNÁNIME Y DUDAS POR MONTOS
La partida del Ministerio Público fue aprobada por unanimidad. El acuerdo entre la Fiscalía y el Ejecutivo contempló eliminar el programa presupuestario 02, correspondiente a la Fiscalía Supraterritorial, y trasladar sus recursos al programa principal, incorporando en cambio la obligación de informar trimestralmente sobre la ejecución de esos fondos.
La diputada Carolina Tello (FA) advirtió una diferencia de aproximadamente $5.618 millones entre lo solicitado para implementar las leyes de fortalecimiento institucional y el financiamiento informado por Dipres, duda que también planteó la senadora Claudia Pascual (PC). El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, respondió que en 2026 no hubo recortes y que se suplementaron $10 millones mediante dos decretos, y señaló que se trabaja para adelantar la incorporación de las nuevas dotaciones.
VIVIENDA: INDICACIONES APROBADAS Y ALERTAS POR CERTEZAS
La comisión también aprobó la partida de Vivienda y Urbanismo con indicaciones: seis del Ejecutivo y 160 parlamentarias aprobadas, además de una rechazada, según el registro de seguimiento presupuestario. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) valoró el aumento para el fondo de emergencia transitorio destinado a la reconstrucción en Valparaíso, Biobío y Ñuble, y los recursos para digitalizar las Direcciones de Obras Municipales, destacando un crecimiento de cerca de 5,8% de la cartera.
La diputada Ana María Gazmuri (AH) cuestionó la falta de certezas para las familias beneficiarias y advirtió disminuciones en el subsidio de arriendo, el aporte fiscal al Serviu Metropolitano y distintos programas habitacionales, además de una caída de 90% en las transferencias municipales para trabajar con campamentos. “Un presupuesto de vivienda debe entregar certezas. Esa es su primera responsabilidad con la familia”, sostuvo. También alertó que la falta de glosas de información impide verificar la distribución de algunos recursos y que una estimación insuficiente de los costos del programa DS49 afectaría los plazos de construcción.
En nuestra lectura, la jornada deja a la vista que la disputa por Salud se juega menos en el monto global que en la arquitectura del financiamiento: el paso de los PRAPS al per cápita parece leerse como una discusión sobre autonomía municipal y continuidad de las prestaciones más que como una simple cifra. Sería prudente que el resto de la tramitación presupuestaria mantenga ese nivel de detalle técnico, porque es ahí donde se concentran las dudas que ambos sectores plantearon.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/11/04/presupuestos-2027-partida-de-salud-enfrenta-al-oficialismo-y-la-oposicion-por-efectos-del-ajuste-fiscal-en-prestaciones/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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