La batalla contra la permisología: Salud recorta su stock en 24,4% y Hacienda dice haber resuelto la mitad de los permisos
El Ministerio de Salud llegó a marzo sin saber cuántos permisos tenía pendientes. Este jueves, en cambio, el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren, exhibió una curva descendente: el stock de trámites atrasados de esa cartera se redujo 24,4% entre el 23 de junio y el 11 de septiembre, desde 7.200 a 5.440 autorizaciones.
El balance lo presentó en el seminario «Avances en la agenda de permisos de inversión» del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde el Gobierno mostró los avances de su agenda contra la permisología. Un día antes, en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había asegurado que el Ejecutivo resolvió cerca de la mitad de los permisos que frenaban proyectos con aprobación ambiental.
«Fuimos también nosotros como sociedad los que erigimos una creciente maraña de permisos y procedimientos, reemplazando la libre iniciativa del emprendedor por la discrecionalidad funcionaria», planteó Quiroz en Enade. Según el ministro, Hacienda revisó una a una las iniciativas que obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en los últimos dos años: 234 proyectos por más de US$77.000 millones, que acumulaban más de 1.500 permisos sectoriales en trámite.
«Esto es una pirámide, pero en 7 meses hemos logrado resolver cerca del 50% de estos permisos y liberar 40 proyectos que están disponibles por más de US$10.000 millones de inversión», destacó.
CUATRO FRENTES DE TRABAJO
Eguiguren explicó que la OASI opera en cuatro ejes: cambios legales, simplificación de decretos, mejoras de gestión y nuevas herramientas tecnológicas. El exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien también expuso en el seminario, valoró los avances, aunque advirtió que todavía no llegan a la «última milla».
LEY MAS Y CAMBIOS LEGALES
El punto de partida es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N° 21.770), conocida como «Ley MAS» y publicada el 29 de septiembre de 2025, durante el gobierno anterior. La OASI está a cargo de implementarla.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa cambios al proyecto de ley de Patrimonio para acotar qué se considera arqueológico. Según la presentación de Eguiguren, en la Línea 7 del Metro se excavaron 24 sitios, por US$72 millones, y con la nueva definición habría bastado con un tercio. El funcionario adelantó además que el Gobierno prepara una «ley de permisos 2.0», anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
«La gestión ayuda, pero no es suficiente. Nosotros debemos empujar para avanzar en cambios institucionales que queden, que echen raíces», afirmó.
Para Briones, esa nueva ley debe atacar con fuerza la evaluación ambiental, un ámbito en que la Ley de Reconstrucción «se quedó muy corta». Entre otras medidas, propuso incorporar el análisis de costo y beneficio y que los proyectos de menor impacto puedan acreditar sus condiciones mediante declaraciones juradas.
«Necesitamos mucho más ambición en materia de permisos ambientales. Sé que a veces se enojan cuando digo esto, pero esa es la firme», sostuvo el exministro.
DECRETOS Y DECLARACIONES JURADAS
El segundo eje son los reglamentos que exige la Ley MAS. Uno de ellos, trabajado con la Dirección General de Aguas (DGA), está «ad portas de ser publicado» por la Contraloría, según Eguiguren. Permitirá resolver con una declaración jurada los permisos de modificación de cauce de bajo riesgo, exigidos cada vez que un tendido eléctrico o un camino cruza un curso de agua: el titular declara cumplir los requisitos y la fiscalización ocurre después.
El impacto puede ser considerable. Como ejemplo, el funcionario citó la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, entre Antofagasta y Santiago, que debía tramitar más de 6.000 autorizaciones, mil de ellas ante la DGA. Según sus cálculos, casi todos esos permisos de aguas podrían resolverse con el nuevo mecanismo, que la Ley MAS habilita para más de 90 tipos de permisos.
«Estimamos que los mil permisos, o cercanos a mil, podrían ser justamente tramitados como declaración jurada», afirmó.
En Salud, en tanto, la OASI priorizó dos de los 18 reglamentos que debe dictar esa cartera. Uno es el de establecimientos de alimentos, que involucra unos 50.000 permisos al año, y el otro, el de agua potable. Ambos, según Eguiguren, están a punto de ser tomados de razón por la Contraloría.
GESTIÓN SERVICIO POR SERVICIO
El tercer frente es la gestión. Hacienda monitorea a diario los expedientes de 18 organismos, como la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, las seremis de Salud, Bienes Nacionales, Vialidad y las direcciones de obras municipales. Según Quiroz, hay 65.000 solicitudes activas, de las cuales 35.000 están fuera de plazo.
«El cumplimiento de los plazos legales a los que están obligados los funcionarios deben dejar de ser la excepción y tienen que convertirse en la regla», enfatizó el ministro.
En Salud, el avance se explica por un trabajo con la base de datos del ministerio y metas por región. Hoy, todas las seremis siguen en línea los permisos que otorgan, según Eguiguren. El Consejo de Monumentos, por su parte, resolvió en los primeros siete meses del gobierno un 50% más de expedientes que en igual período de administraciones anteriores.
«Entre junio y septiembre logramos reducir ese stock de pendientes en 25%. ¿Cómo? A punta de gestión, a punta de definir metas, plazos, responsables, métricas por región», explicó el jefe de la OASI.
La DGA, que mantiene 27.000 permisos pendientes, también cambió de tendencia y hoy resuelve más trámites de los que ingresan. Eguiguren aclaró, eso sí, que eso todavía no significa que las autorizaciones de aguas salgan en meses y no en años.
EL TALÓN DE AQUILES DE LA «ÚLTIMA MILLA»
Las expectativas son favorables. En los doce meses a agosto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aprobó iniciativas por US$63.503 millones, el triple del promedio desde 2015, aunque la mayoría ingresó a evaluación durante el gobierno anterior. Y el Banco Central proyecta que la inversión crecerá 8,1% en 2027.
Briones, sin embargo, puso paños fríos. Con apoyo de inteligencia artificial (IA), analizó más de mil Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara). Su conclusión fue que el promedio de reparos por informe casi no varió entre el final del gobierno anterior y los primeros seis meses del actual.
«Uno puede tener las mejores intenciones en la parte de arriba del embudo, pero en la última milla parece que no cambia mucho», sostuvo, junto con aclarar: «Insisto, es muy temprano para hablar. Esto no es una crítica, simplemente es decir que esto es lo que uno debe ir monitoreando».
A ese cuello de botella se suma otro: los tribunales ambientales. En Enade, Quiroz contó que se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para plantearle el retraso en la dictación de sentencias. «Hay muchas sentencias en estado de fallo que están esperando, esperan meses», resaltó el ministro, quien ofreció recursos de Hacienda para automatizar y agilizar esa tarea.
Según informó La Tercera, en la cita también participaron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y la ministra Jessica González, visitadora de los tribunales especiales, quien transmitió que esas cortes requieren más abogados para despachar los fallos pendientes.
LA APUESTA POR LA IA
El cuarto eje es la tecnología. Para Eguiguren, el potencial de la IA está en el volumen de información que deben revisar los servicios. El expediente ambiental de la expansión de la mina El Abra, por ejemplo, suma 47 mil páginas, mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta cuenta con cuatro revisores para ese y otros proyectos.
«Yo creo fuertemente que es en el uso de la IA donde tenemos la oportunidad de reducir los plazos no en un 20%, sino que incluso en un 80% o 90%», afirmó. La OASI ya implementa un primer piloto para revisar solicitudes de concesiones marítimas en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, un trámite que hoy demora en promedio entre cuatro y cinco años.
Briones, en cambio, pidió moderar las expectativas, ya que la herramienta también facilita el trabajo de quienes buscan frenar proyectos. «Así como permite facilitar y acelerar un montón de decisiones, también facilita que la gente que quiere impugnar se ponga creativa, y hay bastante evidencia de requerimientos hechos con IA», alertó. «La clave de todo esto es tener pocas reglas y claras. Esa es la llave», concluyó.
En nuestra lectura, la reducción del stock en Salud y la resolución de permisos son señales de gestión que el propio diagnóstico de la «última milla» obliga a mirar con cautela. Sería prudente leer estos avances como un punto de partida verificable y no como un resultado consolidado de la agenda.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/11/01/1215707/tramitacion-permisos-gobierno-quiroz-eguiguren.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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