El Comité de Género de la Corte de Apelaciones de Santiago organizó el conversatorio Justicia sin Discriminación: Derechos de las personas LGBTIQ+ y acceso igualitario, difundido por el canal de YouTube Poder Judicial Chile. La actividad fue moderada por Fann Gutiérrez, presidenta de la Asociación Regional de Magistrades y Magistrados y secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago. Participaron Jorge Candia Burgos, juez del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; Paulina Bravo Guzmán, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial; y Claudio Oliva, juez del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago. Se avisó que Rebeca Zamorá no pudo concurrir por una urgencia médica.
Durante la apertura se subrayó que Chile ya registra una condena en el caso Atala versus Chile, del año 2012, por discriminación contra una jueza debido a su orientación sexual. Esa referencia sirvió para preguntar qué ha cambiado desde entonces y si aún subsisten acciones u omisiones discriminatorias dentro del Poder Judicial y en la atención al público. La invitación fue a mirar, escuchar y conversar, más que a memorizar normas o procesos.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ECOS LOCALES
El panel exhibió videos con testimonios de Colombia y España. Los relatos abordaron la salida del clóset, el activismo, el acoso escolar y callejero, la violencia homofóbica y la exclusión. También apareció la crítica a la falta de unidad dentro de la propia diversidad sexual, la homofobia interiorizada y la presión social por ajustarse a modelos predominantes.
A partir de esos materiales, Paulina Bravo sostuvo que la realidad colombiana no resulta lejana y que la sociedad actúa como una suerte de policía del comportamiento. Advirtió que muchas personas deben elegir qué condición mostrar y cuál ocultar según el rechazo que puedan soportar. Relató además el caso de un postulante joven que no sabía cómo explicar que dos mujeres estaban a cargo de una niña, y una causa de violencia en la que un hombre con discapacidad amenazó con denunciar la orientación sexual de su hija para perjudicarla. Para ella, el desafío es naturalizar la diversidad y acercar el derecho a la justicia.
Jorge Candia compartió su experiencia personal en el Poder Judicial desde 2006. Recordó que al iniciar suplencias temía perder el trabajo si se conocía que no era heterosexual. También contó que es padre de una niña de dos años gracias a un proceso de gestación subrogada. Usó imágenes del Titanic, de la película Machuca y la idea civil de simulación para describir la distancia entre una verdad declarada inclusiva y una verdad real donde persisten jerarquías y prejuicios. Se preguntó cuándo la institución se atreverá a hacer las cosas de otro modo. Planteó que el punto de partida es fortalecer la Secretaría de Género y los comités de género, no como un asunto accesorio, sino como algo fundamental para la salud institucional.
Claudio Oliva, exrelator de la Corte de Apelaciones de Santiago y actual juez laboral, habló del miedo a ser observado y de la sensación de vulnerabilidad. Valoró los Principios de Yogyakarta, en particular la definición de expresión de género y de orientación sexual, y defendió una mayor humanización de la función judicial, incluso mediante el humor y detalles cotidianos. Aunque reconoció avances, alertó sobre retrocesos posibles y llamó a cuidar los derechos humanos por su fragilidad. Destacó el rol de la Academia Judicial y de la capacitación permanente en estas materias.
MIEDO, PRIVILEGIOS Y TAREAS PENDIENTES
Las preguntas del público ampliaron el debate. Una funcionaria recordó que la diversidad sexual es un derecho humano vinculado a la no discriminación. Otro asistente planteó que el reconocimiento debe ir acompañado de redistribución de privilegios, mencionando como ejemplo los estacionamientos reservados y las dificultades de una madre que debe dejar a su hijo en el jardín. También se pidió institucionalizar la educación permanente y romper sesgos culturales desde la infancia.
Los panelistas coincidieron en la necesidad de transparencia, visibilidad y conversación. Se afirmó que visibilizar a las minorías ayuda a detectar sesgos, pero también se advirtió que exigir a una persona revelar su orientación o identidad puede ser una carga injusta. Se valoró que el Comité de Género cuente con referentes en las unidades judiciales y se llamó a replicar estos espacios.
La conclusión fue que el Poder Judicial, como órgano del Estado, puede generar responsabilidad por su actuar diario. La igualdad en el acceso a la justicia exige reconocer identidades diversas, evitar tratos discriminatorios y comprender que no se trata de privilegios, sino de dignidad y derechos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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