El Gobierno activó este lunes 26 de octubre un plan de contención para responder a la controversia por la rebaja de condenas que benefició a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. El Presidente José Antonio Kast reconoció el error de su administración, pero lo encuadró como una falla del Estado en su conjunto, y ratificó en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien la oposición sindica como el principal responsable de las rebajas.
La definición presidencial llegó después de varios días de versiones cruzadas y discusión jurídica. Kast sostuvo que lo sencillo habría sido pedirle la renuncia al secretario de Estado, pero que prefirió «el camino difícil», que describió como «hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado».
MEDIDAS ANUNCIADAS
El Mandatario adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para subsanar el vacío legal que habría llevado a la rebaja de las condenas, que respaldará mociones parlamentarias que apuntan en el mismo sentido y que se están revisando «caso a caso» los decretos que permitieron otorgar los beneficios.
Rebaja de penas: 3 condenados en Valparaíso«Vamos a usar todas las herramientas legales y administrativas que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas», afirmó el Presidente.
EL ENCUENTRO EN JUSTICIA
Poco después, Rabat se reunió en dependencias del Ministerio de Justicia con parlamentarios integrantes de las comisiones de Seguridad, Constitución y Derechos Humanos de ambas cámaras. A la cita no asistió la oposición: el único representante del sector fue el senador PPD Pedro Araya.
En el encuentro el ministro acordó con los asistentes impulsar, además de la ley interpretativa que presentará el Ejecutivo para evitar nuevas rebajas de condena, modificaciones al decreto que regula los beneficios carcelarios, y poner urgencia al proyecto de ejecución de penas, de autoría del diputado del Partido Socialista Marcos Ilabaca.
La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, explicó que una de las acciones principales será «que se clarifique y se despeje el espacio de interpretación» que permitió que personas con sentencias previas al 2022 accedieran a la rebaja de condena.
LA PETICIÓN DE ANULACIÓN
Entre los diputados y senadores asistentes prevaleció el respaldo a la decisión de mantener en su cargo al ministro Rabat y a las propuestas del Ejecutivo. No obstante, a la salida del encuentro se insistió en una petición: que el Gobierno deje sin efecto los decretos de rebaja ya concedidos y no solamente los otorgados durante la administración Kast.
El senador de Demócratas Matías Walker señaló que le pidieron al ministro «agotar todas las vías, tanto del punto de vista administrativo como del punto de vista legislativo, para declararlos nulos para todos los efectos legales. Porque hubo una contravención de una norma específica que excluyó a los condenados por delitos sexuales sin hacer distinción de fechas». Y agregó: «Tiene que ser para los más de 300 casos, indudablemente, porque jamás debieron otorgarse esos beneficios».
LA BÚSQUEDA DE LA FÓRMULA
Consultado sobre la eventual anulación de los decretos, el vocero y subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, indicó que se trata de algo que el propio Presidente le pidió al ministro Rabat, aunque el viernes anterior la misma autoridad había señalado que no procedía una suspensión.
«El Presidente le pidió especialmente al ministro Rabat que en el proyecto de ley se considerará la forma de anular o suspender los decretos que están actualmente vigentes, no solamente los 56 de este gobierno, sino que también los más de 250 del gobierno anterior», declaró Arenas.
El subsecretario aseguró que el Ejecutivo «buscará la fórmula» y reconoció que «es difícil porque hay temas legales importantes, pero el ministro Rabat se comprometió a buscar esas fórmulas, impulsarlas y tratar de dar una respuesta lo antes posible».
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
El paquete descrito combina tres frentes: uno legislativo, con la ley interpretativa del Ejecutivo, las mociones parlamentarias y la urgencia al proyecto de ejecución de penas; uno reglamentario, con las modificaciones al decreto que regula los beneficios carcelarios; y uno administrativo, con la revisión caso a caso y la eventual anulación o suspensión de los decretos ya vigentes, sobre cuya viabilidad el propio Gobierno reconoce dificultades legales.
En nuestra lectura, el episodio muestra la tensión entre la urgencia política por corregir lo ocurrido y la complejidad técnica de deshacer actos administrativos ya dictados. Sería prudente que la discusión parlamentaria se ordene en torno a los puntos que el propio Ejecutivo ha identificado como deficitarios, antes de que las distintas vías se superpongan.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/26/gobierno-activa-plan-de-contencion-mientras-rabat-busca-las-formulas-para-revertir-las-rebajas-de-condenas/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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