El decreto supremo N.º 68 de 2026 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, quedó bajo escrutinio del Tribunal Constitucional. Un requerimiento de inconstitucionalidad encabezado por las diputadas Ana María Gazmuri (AH) y Tatiana Urrutia (FA), junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se presentó contra el decreto que introduce nuevas reglas de densidad habitacional, constructibilidad y estacionamientos.
Los impulsores de la acción advierten que el aumento de densidad sin infraestructura sanitaria, servicios públicos ni áreas verdes suficientes podría replicar en otras comunas los problemas que ya enfrenta Estación Central.
LAS REGLAS QUE SE CUESTIONAN
El decreto del Minvu, cartera que dirige Iván Poduje, incorpora cambios a las reglas de densidad habitacional, constructibilidad y estacionamientos, con efectos directos sobre la cantidad y las características de las viviendas que pueden edificarse en determinados terrenos. Ese es el eje del reproche: a juicio de quienes presentaron el requerimiento, las modificaciones podrían permitir aumentos significativos de construcción sin garantizar que los barrios cuenten con equipamiento, servicios y áreas verdes acordes a la población que los habitará.
EL ARGUMENTO COMPETENCIAL
Gazmuri sostuvo que la modificación impulsada por el ministerio vulneraría disposiciones constitucionales vinculadas a las competencias del Ejecutivo y a las atribuciones de los municipios. «Hay ciertos aspectos que vulneran artículos de la Constitución, como el número 6, el número 7, el número 32 número 6 y la 118», detalló la parlamentaria, aludiendo al principio de jurisdicción y a los límites de las competencias del Gobierno.
Urrutia, en tanto, acusó al Ejecutivo de desconocer el trabajo acumulado por las instituciones del desarrollo urbano y cuestionó la intervención de un instrumento que, a su juicio, debe servir a una planificación integral. «Este gobierno quiere borrar con el codo lo que durante décadas han construido las instituciones, que han construido el urbanismo en Chile», afirmó. La legisladora también reprochó la falta de respuestas del ministro Poduje sobre el retiro de disposiciones relativas a la consideración de amenazas como factor de riesgo al construir, y advirtió: «No podemos tomar con simpleza lo que significa planificar una ciudad».
LA EXPERIENCIA DE ESTACIÓN CENTRAL
Muñoz presentó su comuna como antecedente concreto de los riesgos de densificar sin infraestructura ni equipamiento. Sostuvo que creía que existía cierto consenso académico y político respecto de que lo ocurrido en Estación Central es realmente una atrocidad, y lamentó que la falta de equipamiento y los problemas de infraestructura sanitaria que la comuna vive con frecuencia puedan replicarse por esta vía.
El jefe comunal alertó que la norma podría permitir construir más departamentos en terrenos donde los planes reguladores comunales fijan otras condiciones, «pasando por encima de lo que hemos planteado en los distintos planos reguladores comunales». Su preocupación, dijo, no se limita a Estación Central, sino que abarca otras localidades del país.
MIRADA REGIONAL Y CRÍTICA TÉCNICA
Orrego respaldó el requerimiento y afirmó que los cambios no pueden sustituir los mecanismos de planificación establecidos para las comunas y la región. «No se puede reemplazar por la vía administrativa, por un decreto hecho entre cuatro paredes, el trabajo de técnicos, ciudadanos y autoridades, tanto locales como regionales», señaló. El gobernador vinculó además la discusión con la resiliencia climática y con el riesgo de repetir la hiperdensificación y el hacinamiento observados en Estación Central, y llamó a empoderar a las autoridades subnacionales.
Desde la vereda técnica, el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Luis Eduardo Bresciani cuestionó el alcance de las disposiciones sobre densidad, altura y constructibilidad, por considerar que podrían alterar de forma sustantiva las condiciones fijadas en los instrumentos de planificación territorial. Según expuso, la norma «triplica la cantidad de viviendas permitidas en un plan regulador en cualquier parte de Chile», además de elevar en 50% las alturas y en 75% la construcción.
ORGANIZACIONES SOCIALES Y ARQUITECTURA
Valeria Bustos, vocera del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, rechazó la modificación por estimar que favorecería los intereses inmobiliarios en desmedro de las familias, y acusó al ministro Poduje de cerrar espacios de diálogo con las organizaciones sociales. En la misma línea, el arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo respaldó la presentación y defendió ciudades más equitativas, donde las decisiones urbanas respondan a las necesidades de sus habitantes y no exclusivamente a intereses económicos.
En nuestra lectura, el caso deja a la vista una tensión que excede el contenido técnico del decreto: la disputa sobre qué autoridad define las condiciones de densificación de los barrios y con qué participación se adoptan esas decisiones. Sería prudente que la discusión ante el Tribunal Constitucional permita precisar ese reparto de competencias, sin perder de vista los antecedentes que los propios requirentes invocan sobre Estación Central.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/26/alertan-riesgos-de-hiperdensificacion-autoridades-recurren-al-tc-por-cambios-a-normas-de-planificacion-urbana/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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