La Defensoría Penal Pública tomó de emergencia la representación del exdiputado Francisco Pulgar después de que su equipo jurídico privado renunciara, y el Tribunal Oral en lo Penal de Talca postergó el juicio oral hasta el 23 de noviembre de 2027, con el fin de garantizar una defensa técnica adecuada y eficaz. Rodrigo Flores Ulloa, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Maule y quien ejerce de forma interina la jefatura local, resumió el primer objetivo del nuevo equipo: «Nuestra prioridad inmediata es modificar la medida cautelar de Francisco Pulgar».
UNA TRANSICIÓN DE EMERGENCIA
Flores contó que la semana pasada recibió una notificación del tribunal que le informaba de la renuncia de un patrocinio y le pedía designar defensa. Como la Defensoría no cuenta con defensor local jefe, explicó, los tribunales se comunican directamente con él para que asigne defensas.
Al tomar contacto con el imputado comprobó que no mantenía otra defensa privada. Pulgar le dijo que la renuncia del estudio jurídico lo tomó por sorpresa: le habían advertido dificultades por carga de trabajo, pero nunca que abandonarían el caso.
Con ese cuadro, la Defensoría propuso una audiencia para constituir y formalizar el patrocinio y, además, reprogramar el juicio, que era inminente. El tribunal acogió la gestión y fijó la nueva fecha.
UNA CARPETA QUE CRECIÓ
El nuevo equipo debe trabajar en etapa de juicio con el material reunido por la defensa anterior. Flores precisó que se trata de información recopilada por esos abogados y no creada por la Defensoría, y que con ese insumo deberán involucrarse en la causa.
Recordó que la institución participó en las audiencias de desafuero en 2024 y que, como señaló el fiscal, la carpeta pasó de unas 300 páginas a miles. Eso obliga a revisar prueba documental, testimonial y pericial antes del debate oral.
Calificó el desafío como complejo, aunque sostuvo que el servicio está preparado para causas de este tipo. Añadió que lo habitual es poder orientar la investigación desde el inicio, oportunidad que aquí no existe porque la investigación ya está agotada.
LA FECHA Y LA AGENDA
La defensa pidió 30 días y 60 como máximo. Según Flores, el tribunal respondió que la agenda impedía conceder ese plazo. El Ministerio Público indicó que enero y febrero no le servían por disponibilidad de prueba y la parte querellante dijo que marzo no le acomodaba, lo que fue empujando la fecha.
«El tribunal estaba en condiciones de otorgarnos un tiempo, pero no el que queríamos, sino el que ellos podían», relató. Ante la disyuntiva de rechazar la fecha y enfrentar el juicio el 19 de octubre o aceptar la reprogramación, dijo, el equipo quedó casi obligado a aceptar.
Pulgar, en tanto, quería entre 30 y 60 días para prepararse y compartía esa opinión, aunque entendía que la alternativa era el plazo ofrecido o un juicio en 10 días. El defensor reconoció además el costo para el imputado, que lleva más de un año con arresto domiciliario total y hoy no recibe ingresos.
«Él pagó por una defensa, tenía un estudio jurídico detrás y son circunstancias muy ajenas a él las que hoy lo hacen no tener esa defensa», sostuvo.
CAUTELAR Y COORDINACIÓN
El abogado afirmó que la prioridad es revisar la situación cautelar de Pulgar. «En varias oportunidades así se ha resuelto y se han modificado», dijo. Sostuvo que medidas menos gravosas también aseguran su comparecencia y que usarán la extensión del juicio y la necesidad de cautela como argumentos.
En la entrevista se mencionó la posibilidad de adelantar el juicio para abril de 2027. Flores respondió que esa posibilidad existe y que el tribunal no la descartó: desde marzo de 2027 el Tribunal Oral podría incrementar su dotación de jueces y habilitar una sala adicional, con el compromiso de priorizar esta causa.
Para coordinar la defensa anticipó entrevistas por videoconferencia, aunque subrayó la necesidad de encuentros presenciales para revisar la documentación en conjunto. Si la cautelar se mantiene, pedirán flexibilidades o suspensiones parciales.
RENUNCIA, PUBLICIDAD Y ACUSACIÓN
Flores dijo desconocer en detalle las razones de la renuncia del estudio privado. Mencionó que, según su entendimiento, la situación del abogado Vinko Fodich impacta en el caso y que, a su impresión, los demás abogados eran coadyuvantes. Afirmó que la salida de una defensa privada no debe afectar la defensa de una persona y que no es poco frecuente que ello ocurra a puertas de actuaciones importantes.
Pulgar ha sostenido públicamente su inocencia y ha pedido un juicio totalmente público. Flores apoyó la publicidad de las actuaciones, pero advirtió que la edad de la víctima o denunciante al momento de los hechos limita que el juicio sea tan público como el imputado pretende. La Fiscalía pide penas de hasta 15 años de cárcel por delitos reiterados.
El defensor sostuvo que los delitos sexuales son difíciles de abordar y que en este caso no existe mucha prueba científica, pues el hecho atribuido surge esencialmente de los testimonios de la misma denunciante. Añadió que tienen antecedentes de que Pulgar no habría tenido vinculación con ese grupo familiar o habría estado en otro lugar. «Nuestro compromiso es trabajar técnicamente para que aquello se acredite en el juicio», afirmó.
En nuestra lectura, la reprogramación y el cambio de defensa dejan a la vista la tensión entre la agenda del tribunal y la necesidad de una defensa técnica oportuna. Sería prudente que la gestión de plazos y cautelares en causas complejas se explique con transparencia.
Fuente: Defensoría Penal Pública
Documento original: https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/17149/rodrigo-flores-abogado-defensoria-penal-publica-nuestra-prioridad-inmediata-es-modificar-la-medida-cautelar-de-francisco-pulgar
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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