Senado aborda explotación sexual infantil en alojamientos de corta estadía y abandono de niños en recintos de salud
La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado sesionó este 22 de septiembre de 2026. La instancia, transmitida por TV Senado Chile, continuó el estudio del proyecto sobre establecimientos de corta estadía (Boletín N° 17738-36) e inició el análisis de la moción de la senadora Danisa Astudillo sobre niños abandonados en establecimientos de salud (Boletín N° 18554-36).
Expusieron el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual del Ministerio Público, Maurizio Sovino, y la representante de Sernatur Marcela Neira, en nombre del director nacional Jaime Benítez. Intervinieron, además, los senadores Valladares y Estudillo.
AUMENTO SOSTENIDO Y CIFRA OSCURA
El Ministerio Público describió un alza sostenida de los ingresos por violencia sexual, que desde 2022 se duplicaron respecto de la década anterior. Se explicó que las leyes dictadas entre 2010 y 2020 se concibieron para un universo de 20.000 a 30.000 casos anuales, mientras hoy la cifra ronda los 50.000. La Ley de Entrevista Videograbada, por ejemplo, preveía unos 20.000 niños al año. Del total de víctimas identificadas, el 72% son menores de 18 años y el 60% son niñas y adolescentes mujeres.
La explotación sexual representa cerca del 1% de los ingresos, aunque con alzas sostenidas desde 2021 de 50%, 55%, 30% y 25%. Se advirtió que se trata de un fenómeno de bajo impacto numérico pero de alta complejidad y daño. Se distinguieron cuatro manifestaciones: la explotación presencial mediante intercambio, la digital, la trata de niños y adolescentes, y la explotación en contextos de turismo, esta última no tipificada en la ley.
Gran parte de las víctimas no forma parte de la protección estatal, proviene de contextos de vulnerabilidad y marginalidad, y suele sentir que controla la situación, lo que dificulta la cooperación con la justicia. Los explotadores recurren a la seducción y a la manipulación del vínculo, incluso entregando drogas, y llegan a convertirse en figuras de apego. Los intercambios, antes principalmente en dinero, hoy incluyen drogas, alimentos, útiles escolares, tatuajes y celulares.
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE ALOJAMIENTOS
Sobre el Boletín N° 17738-36, se planteó que la iniciativa parece asumir establecimientos con recepción o libro de registro, cuando también existen aplicaciones donde el arriendo es directo entre particulares y sin intermediarios, e incluso proveedores extranjeros, lo que podría dejar fuera de regulación a esos casos. Se sugirió avanzar hacia registros digitales y certificación en línea. También se propuso que la ley fije al menos el órgano fiscalizador y el procedimiento sancionatorio, en lugar de remitirlos a un protocolo o a un reglamento futuro.
En materia de denuncia obligatoria, se recomendó vincularla al artículo 175 del Código Procesal Penal. Se mencionaron dos proyectos en segundo trámite: uno sobre uso de agentes encubiertos en materia de explotación y otro que armoniza las dos leyes dictadas a fines de diciembre de 2022, una que consagró derechos para las víctimas de delitos sexuales y otra sobre explotación sexual.
LA MIRADA DE SERNATUR
Marcela Neira explicó que el servicio cuenta con un código de conducta para prevenir la explotación sexual en viajes y turismo, actualizado por la Resolución Exenta 153 de abril, con protocolo de acción, capacitación, sensibilización y registro de acciones preventivas. Entre las medidas para alojamientos turísticos figuran el registro de huéspedes, la verificación de vínculos familiares, la solicitud de autorización a padres o tutores y canales de denuncia.
Se subrayó que la detección debe resguardar los derechos de los involucrados: actuar con cuidado, evitar acusaciones directas, no culpar a las posibles víctimas y guardar confidencialidad. Sernatur distinguió el ámbito de la Ley 20.423, que regula a los prestadores de servicios turísticos, del concepto más amplio de establecimientos de corta estadía del proyecto. Se advirtió que la fiscalización quedará entregada a la autoridad que determine el reglamento y que el régimen sancionatorio contempla multas, clausuras temporales e inhabilidades.
ABANDONO EN RECINTOS DE SALUD
Respecto del Boletín N° 18554-36, la senadora Astudillo expuso que una encuesta mediante solicitudes de transparencia a 68 hospitales públicos identificó al menos 407 bebés sin familia a cargo entre 2018 y 2024, aunque la cifra podría ser mayor porque hubo información incompleta y falta de registros. Se reportaron permanencias de tres a seis meses en Coquimbo y un caso en el Hospital Regional de Iquique, donde un niño ingresado a los seis meses permaneció años en pediatría.
La moción propone dos cambios: obligar a los directores de hospitales y clínicas a informar el abandono al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o al tribunal de familia competente dentro de 24 horas, y reportar cada seis meses al Departamento de Estadísticas e Información de Salud; y que el tribunal de familia resuelva de inmediato, privilegiando el cuidado familiar o los programas de acogida.
La senadora Valladares sugirió que la iniciativa sea revisada también por la Comisión de Salud y aludió a la experiencia del Hospital Regional de Temuco, donde se abrió una convocatoria para acompañar a estos niños.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
